Iván Ramírez Suárez 

María es una adolescente que recién cumplió los 16 años. Cursa grado once de escolaridad en el colegio público de su municipio, donde reside desde que su progenitor llegó allí a desempeñarse como integrante de la Fuerza Pública. 

Su núcleo familiar lo integraban además, sus padres y un hermano pocos años mayor que ella. Su madre murió cuando María rondaba los nueve años. 

Al poco tiempo del fallecimiento de su madre, María empezó a sentir que su progenitor se acercaba en las noches a su lecho y empezaba a acariciar y tratar de penetrar sus partes íntimas. Ella atemorizada, resistía y enmudecía. Los actos sexuales abusivos y violentos se repitieron durante varios años, hasta que entrando a la adolescencia le contó lo sucedido a algunos familiares, quienes en lugar de apoyarla y brindarle protección, le pusieron de presente que si se ponía en conocimiento de las autoridades, quedarían desamparadas, toda vez que su progenitor era quien aportaba los ingresos para la familia. 

La tortura llegó a su límite y María decidió acudir a un amigo y contar su dolorosa historia. Allí encontró apoyo de él y sus padres y los primeros días de agosto fue acompañada a la Comisaría de Familia a enterar a las autoridades y exigir su protección. Desde ese día no regresó más a su casa y manifiesta nunca más querer regresar o volver a ver al sujeto que la procreó. 

“Yo a ese señor no lo quiero, le tengo miedo, temor, fastidio, asco, y lo único que quiero es estar bien, es no sentir más miedo, no sentir todas las noches que me van a hacer daño. No aguanto más, no quiero callar, no quiero seguir tragándome las palabras, no quiero volver a verlo nunca más, lo quiero lejos de mí.”  Expresó María al contar su dolorosa historia y solicitar apoyo y colaboración. 

De los hechos ya existe noticia criminal ante la Fiscalía del lugar territorial de residencia de María y su agresor. De Bienestar Familiar no se sabe nada, mucho menos de la Comisaría de Familia que fue la primer autoridad enterada.  

Conocida la denuncia por el agresor, en represalia, procedió a retirarle a la menor los servicios como beneficiaria de la Empresa Prestadora de Salud a la que la tenía afiliada. Y se teme que su furia no quede solo ahí.   

María siente miedo de que el ex integrante de la Fuerza Pública, quien la procreó – mas no su padre – haga algo contra ella. 

Si las autoridades de la República están instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” (Constitución Política, artículo 2); y el código del Menor, Infancia y Adolescencia, tiene por objeto “establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades” (artículo 2), ¿cuál la razón para que en algunos municipios del Tolima y Colombia, sus autoridades y representantes no actúen y no cumplan la Constitución y las leyes?  

¿Dónde está el Estado?