AdminUn atentado ambiental más en Ibagué
En plenos cerros noroccidentales, se construye proyecto de vivienda de 20 pisos.
Ibagué, mediante Acuerdo 116 del año 2000 (Modificado mediante Decreto 0823 de 2014) adoptó su Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual fueron considerados los Cerros noroccidentales del territorio municipal, como un área especial de protección acuífera y ambiental, y de mitigación, por el gran número de desastres causados por la naturaleza y el hombre, y que concluyeron con pérdidas materiales y humanas . De ahí, que el Concejo Municipal aprobara en diciembre de 2001 un aumento del 1.5 por ciento en la sobre tasa ambiental, cobrada sobre la base gravable del impuesto predial, el que ha sido variado y se ha seguido cobrando, y cuya destinación específica es para hacer obras de recuperación de los Cerros.
Sobre tasa que es trasladada por el Municipio a Cortolima, autoridad ambiental que debería invertir estos recursos para evitar que mediante la intervención humana, se siga destruyendo y deteriorando una de las reservas forestal y acuífera más importante de Ibagué.
Sin embargo, ni el Municipio de Ibagué, ni la autoridad ambiental ejecutora de los recursos de la sobre tasa, cumplen su tarea de recuperación y conservación. Los dineros se esfuman en estudios, diseños, elaboración de planes y propuestas, sin que la ejecución y el control permita ver un avance real en la disminución del daño ambiental. La muestra más diciente, es que el río Chipalo, uno de los mas importantes de los ocho nacimientos acuíferos que tiene esa territorialidad, es uno de los más contaminados del Tolima.
Y aunque los cerros noroccidentales gozan de protección especial, deben ser vigilados y controlados por parte de Cortolima, Planeación Municipal y las Curadurías Urbanas al expedir licencias. Luego, resulta inexplicable que sobre los mismos cerros, de consistencia arenosa y deteriorado por el mal uso del suelo en cultivos inadecuados, se construya en pleno píe de monte por parte de la empresa CONSTRUCTORA PLINCO S.A. (Ver certificado de existencia y representación legal) con sede en Bogotá, un edificio de 20 pisos y más de 80 apartamentos, desconociendo el Plan de Ordenamiento Territorial y las normas de urbanismo, planeación y de disposición de servicios públicos para su construcción, conforme se destaca en la nota anexa.
Una de dos, o las autoridades se hacen las de la vista gorda, o ha habido complicidad expresa para su habilitación, sin el cumplimiento debido de los requisitos legales exigidos.
