El Municipio deberá antes de finalizar el presente mes de octubre decidir si sanciona al Consorcio Betar Ibagué, que asumió   la construcción del Centro Regional para la atención de Víctimas en el Tolima o, reconoce la adición al contrato por más de $600 millones.

La Unidad Nacional de Víctimas y la Alcaldía de Ibagué suscribieron en el año 2018 dos convenios interadministrativos, el Convenio Marco 1440 y el 1600, cuyo objeto fue la construcción y dotación del Centro Regional para Atención y Reparación a las Víctimas en el Municipio de Ibagué. El aporte del Gobierno Nacional fue de $1.791 millones, mientras que el del Municipio de $900 millones, incluyendo en este valor el aporte del predio en el que se construye, de un área de 4.195 metros cuadrados y ubicado en predio contiguo a las instalaciones de la sede central de la Fiscalía General de la Nación regional del Tolima.

El proceso licitatorio para ejecutar el proyecto fue realizado por la Alcaldía de Ibagué en el mandato de Guillermo Alfonso Jaramillo, oficiando como ordenadora del gasto por delegación del alcalde, Yennifer Edilma Parra Moscoso, para la época Secretaria de Desarrollo Social Comunitario. La adjudicación de la licitación correspondió al consorcio Betar Ibagué, representado legalmente por Antonio Dominguez González , con quien se suscribió el contrato 1770 el 10 de abril de 2019, por valor total de $2.309.430.438. La obra está suspendida desde hace mas de ocho meses y no se avizora su reinicio, pues el Consorcio Betar Ibagué solicita el pago de $670 millones adicionales para continuar con los trabajos, valor que fue adicionado al contrato

La secretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Ibagué, Francy Liliana Salazar Quiñonez, se reunió a finales de septiembre con delegados de la Unidad Nacional de Víctimas para evaluar el estado del contrato y según la funcionaria, las obras no superan el 25 % de ejecución pese a que este contrato se suscribió en abril del año pasado y su plazo de ejecución era de ocho meses.

«El contratista no ha permitido que se reinicien las obras, desde la Alcaldía municipal de Ibagué ya se están revisando los puntos, pues la no iniciación de ese proceso no ha sido por culpa de nosotros, sino del contratista que imagino no tiene los medios económicos para continuar con la obra», precisó la funcionaria.

Según la Secretaria de Bienestar Social, la Unidad Nacional de Víctimas dio como plazo hasta fin de mes para que el Municipio defina cómo se procederá con el contratista.

«En el término de un mes tenemos que tener definido qué hacer porque para ellos al 30 diciembre esa obra ya debe haber finalizado. Estamos evaluando con la Oficina Jurídica qué hacer porque se han dado muchas gabelas y sabemos que el contratista no nos va a cumplir», sentenció la funcionaria.

La interventoría del contrato, Unión Temporal INT Ibagué, solicitó a la Alcaldía de Ibagué a finales de diciembre aplicar las pólizas y sancionar al contratista. Sin embargo, la entonces secretaria de Desarrollo Social Martha Villarreal, optó por prorrogar el contrato y dio la oportunidad al consorcio de ajustar su cronograma de trabajo y así finiquitar el proyecto.

No obstante, la pandemia generada por el COVID-19 prolongó la suspensión y la terminación de la obra y todo indica, que tendremos un nuevo ‘elefante blanco’ y un conflicto jurídico adicional para el Municipio de Ibagué.