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El semestre que empezó hace pocos días será de arduo trabajo político para quienes aspiran a llegar al Congreso colombiano y un preámbulo para el debate electoral que escogerá el nuevo presidente de Colombia. Casi un año político y lucha ardua por el poder que estará, como siempre plagado de denuncias disciplinarias y penales. COFRADÍA hace un análisis de lo que pueden y no deben hacer los servidores públicos en esta etapa electoral.

El acto legislativo 02 de 2004 que modificó el artículo 127 de nuestra constitución, establece que “a los empleados del Estado que se desempeñan en la Rama Judicial, los órganos electorales, los órganos de control y los de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos, los movimientos y las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer su derecho al sufragio”. En el caso específico de los miembros de la Fuerza Pública que se encuentren activos, el artículo 219 de la constitución suprime su derecho al voto, a intervenir en debates, a ser deliberantes y reunirse o vincularse a partidos políticos o movimientos, siendo el caso más estricto debido a la imparcialidad que requiere el monopolio legítimo de la fuerza. 

Aunque el mismo Acto Legislativo establece que “los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria”, es necesario aclarar que dicha ley aún no ha sido expedida por el Congreso de la República. En ese orden de ideas, los servidores públicos con excepción de los cargos de elección popular en corporaciones plurinominales, no pueden intervenir en política. Sin embargo, sí están autorizados para ser miembros de los partidos políticos, como una de las formas mínimas para el ejercicio de los derechos políticos de todo ciudadano. 

En las leyes 734 de 2002 y 996 de 2005, se establecen las prohibiciones y los parámetros de la relación servidor público – política. En estas, se prohíben prácticas como utilizar el empleo para presionar el apoyo ciudadano, usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo, utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular  y emplear medios de comunicación oficiales para promover campañas políticas, entre otros. Pese a los límites fijados por las leyes, el registro de participación indebida especialmente en lo referente a irregularidades en procesos electorales colombianos, es abundante. 

A propósito de las elecciones que se avecinan, según la Misión de Observación Electoral (MOE), en las pasadas elecciones del Congreso de la República se reportaron 2.567 irregularidades. El departamento del Tolima ocupó la cuarta posición en el número de irregularidades reportadas, superado por Bogotá, Antioquia y Nariño. La mayoría de los reportes tuvieron lugar en el municipio de Ibagué, el cual también ocupó el cuarto puesto a nivel nacional. Además, en el caso específico de la “indebida participación en política de servidores públicos”, Ibagué ocupó la tercera posición en todo el país.

Entre las prácticas más comunes de este último delito electoral se encontraron: entrega de dineros, celebración de convenios y otorgamiento de subsidios por parte de funcionarios a cambio del voto; promesa de acceso a puestos de trabajo, acceso a la educación, becas o construcción de espacios recreativos a cambio del voto; presión a contratistas para acompañar o votar por un candidato; cuando funcionarios públicos invitan a candidatos a las reuniones relacionadas con su trabajo, para que estos presenten sus propuestas; condicionar funciones o ejecución de proyectos a cambio del voto; realizar eventos sociales por parte de entidades para promocionar candidatos; y, destinar recursos, edificios, vehículos y demás bienes públicos para hacer campaña político – electoral. 

¿Ha presenciado en alguna ocasión una de las prácticas en mención?, ¿conoce usted alguna administración local, departamental o nacional que no haya estado involucrada o no haya sido señalada por este tipo de conductas? Aunque esto tiene implicaciones disciplinarias y penales, la reincidencia y la sistematicidad del problema hace que se naturalice el asunto, que se incorpore a la cotidianidad democrática y que siempre diga presente en la dinámica electoral. “Si mi opositor puede, ¿por qué  yo no?”; “si yo no lo hago, ellos sí lo harán”; y así sucesivamente la “real politik”, es decir, la política que se basa en consideraciones de circunstancias y factores dados, en lugar de nociones ideológicas explícitas o premisas éticas y morales, se antepone a la incapacidad de llevar a cabo reformas profundas que hagan del ejercicio electoral un asunto más transparente. 

Casos del Tolima

En el departamento del Tolima las denuncias van y vienen. Unas llegan a los entes de control y otras sucumben en los pasillos; unas son desmentidas y otras terminan en sanciones; unas se diluyen en el tiempo y otras conquistan eternamente el sentido común de la ciudadanía, así las autoridades competentes fallen a favor del acusado.

Por ejemplo, en las pasadas elecciones de 2019, un contratista de la alcaldía, además de la MOE,  denunció ante la Procuraduría General de la Nación al entonces alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntamente participar indebidamente en política por el abierto favorecimiento oficial al entonces candidato a la alcaldía de Ibagué Alberto Girón. Ese mismo año, la Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación contra Oscar Barreto Quiroga, que en aquél entonces fue acusado de presuntamente crear una nómina paralela en la Gobernación del Tolima para apoyar campañas políticas, además de dar un incremento injustificado en la celebración de contratos durante los años 2016 y 2017, con estos fines. En ambos casos no hubo sanción. 

Una reciente denuncia sobre el tema fue conocida por este corresponsal, en donde señalan al Jefe de prensa de la Gobernación del Tolima, Camilo Ernesto Valencia,  de presuntamente, “estar haciendo desde ya campaña para la alcaldía de Cajamarca”, cargo al que aspiró en las elecciones de 2019 con el apoyo de los partidos Conservador, de la U, Cambio Radical, Mira y AICO, quedando en segundo lugar con 2.596 votos. Se infiere que Valencia rechazó el cargo de Concejal que por derecho y según el Estatuto de Oposición le correspondía por derecho propio, para ingresar a la nómina departamental.

“La semana pasada se llevó a cabo una reunión en la Gobernación del Tolima, a la cual asistió una delegación de Cajamarca. El evento tuvo como fin anunciar la inversión de seis mil millones para la instalación de la red de gas natural rural en dicho municipio. Llamó la atención la ausencia del alcalde Julio Roberto Vargas, mientras quien lideró el evento fue el jefe de prensa de la Gobernación y excandidato a la alcaldía de Cajamarca”, dice la carta. incluso se adjuntan fotografías en donde desde una página de Facebook denominada “Camilo Valencia Por Cajamarca”, se publican constantemente proyectos o beneficios otorgados a este municipio, en dónde la figura de Valencia ejerce un rol protagónico en los registros visuales y audiovisuales. 

Aunque la información puede suscitar un debate respecto a si se habla en nombre de la institucionalidad o a título personal, además de si se usa o no la posición de Jefe de Prensa para capitalizar políticamente la gestión de la Gobernación, o si por el contrario, debe un servidor público gestionar obras y servicios para beneficiar a su comunidad sin caerse en la politiquería. Por otro lado, en aras de garantizar el derecho a la réplica y de conocer todas las versiones, este corresponsal puso en conocimiento de Valencia desde el pasado 13 de julio la totalidad de la carta y las imágenes adjuntas, y hasta la fecha Camilo Valencia no se había pronunciado al respecto.  

¿El presidente de la República está participando en política? 

El caso más reciente de presunta participación indebida de servidores públicos en la política colombiana, tuvo lugar en una entrevista para el periódico El Tiempo, en donde el Presidente de la República Iván Duque expresó simpatía por unas candidaturas y descalificó otras, atribuyó cargas positivas y negativas, vinculó unos nombres a relatos de creatividad o progreso y relacionó otros con narrativas de odio y violencia. 

El hecho de que la máxima autoridad del país, cabeza de la rama del poder con más dependencias y cargos en la República, haga guiños a precandidatos de su partido o afines, generó, por supuesto, reparos en las colectividades de oposición. De hecho, la  denominada “coalición de la esperanza”, conformada por el Santismo, el MOIR y Sergio Fajardo, expresó que “según las normas vigentes, ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas podrá participar en política ni utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular”, motivo por el cual solicitó un pronunciamiento a la Procuraduría General de la Nación y pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar formalmente al mandatario. Vale la pena mencionar, que por su condición de aforado y el elemento político en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el proceso contra una posible participación en política del Presidente Iván Duque, será un proceso fallido.