El Índice de Terrorismo Global, es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y se basa en la información de la Base de Datos Global sobre Terrorismo (GTD) que es recolectada a su vez por el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y Respuestas al Terrorismo (START) de la universidad De Mariland, Estados Unidos. Según este informe anual, en Colombia se  registraron 138 atentados con explosivos en el año 2019, 72 en el año 2020 y 31 en el año 2021. Aunque se sigue registrando el nivel más alto de terrorismo en la región, el número de personas asesinas por esta causa, aún con caídas y repuntes, representa la cantidad más baja desde el año 2017. 

Pese a lo anteriormente expuesto, en el transcurso del presente año los episodios de terrorismo evidencian un considerable crecimiento. 

El pasado 27 de marzo, un artefacto cargado con 25 kilos de explosivos fue detonado en un CAI de la localidad de Ciudad Bolívar, en la Ciudad de Bogotá. El hecho, atribuido al frente 33 de las disidencias de las FARC, cegó la vida de un niño de 12 años y una niña de 5. 

En el mes de marzo se registraron otros 4 atentados contra instalaciones de la policía en el país y, en lo que refiere al mes de febrero, según PARES, debido al paro armado del ELN, se registraron 28 ataques con explosivos e incineración de vehículos. 

¿Volvieron los Falsos Positivos?

La presión por obtener resultados militares es directamente proporcional al número de acontecimientos que resquebrajen la seguridad nacional. En ese orden de ideas, los hechos de terrorismo anteriormente descritos instan a que las autoridades asesten golpes relevantes contra grupos armado, en aras de apaciguar los cuestionamientos que, desde la opinión pública, se elevan sobre el estado de la seguridad nacional. 

El último “golpe” tuvo lugar el 28 de marzo del año en curso. Una operación militar desplegada contra la estructura 48 de “comandos de frontera”, la cual tenía como objetivo la neutralización de alias “bruno”, quien previamente fue identificado a través de la inteligencia militar.

El problema radica en la ejecución de la operación pese a la presencia de civiles, elemento que se aprecia en los videos suministrados por la misma fuerza pública. 

Según denuncia la comunidad, de las 11 bajas reportadas por el ejército, 6 serían civiles, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal, la esposa del presidente de la junta, un gobernador indígena Kichwa y un menor de 16 años. Mientras los habitantes de la vereda aseguran que se trata de falsos positivos, el ejército sostiene la legitimidad de su operación. Es importante mencionar que, en fotografías compartidas por investigaciones periodísticas se aprecian cuerpos aparentemente manipulados, resaltando entre ellas una secuencia del cadáver del joven de 16 años, quien en primera instancia se aprecia desarmado y posteriormente aparece con un fusil en su pecho. 

¿Qué dice la comunidad?

COFRADÍA se puso en contacto con personas que viven en la zona. Luego de solicitar la reserva de su identidad, manifestaron lo siguiente sobre aquel acontecimiento: 

“Hay dos grupos que se están disputando el territorio, el “Carolina Ramírez” por el Caquetá y el “Comandos de frontera” por el Putumayo. Acá en el Putumayo predomina el Comando de Frontera, con sus normas y reglas, ellos acá son básicamente como el Estado. Las reglas son las siguientes:

“Usted no puede ir por el río después de la 6 de la tarde, si lo hace, lo amarran a una isla de pies y manos para que los bichos y los zancudos lo molesten toda la noche, al otro día van tipo 8 de la mañana y lo sueltan. Ellos son los que ponen el orden, ellos dicen qué hacer con los que roban, que sucede con los que hacen problemas; por ejemplo, si una persona pelea en un bazar, a esa persona la obligan a pagar toda la cuenta del bazar. Eso sí, ellos dicen que defienden su territorio a sangre y fuego del “Carolina Ramírez”. Acá donde estoy la gente se siente más augusta con los Comandos de Frontera porque ellos no piden contribución, ellos pagan por lo que consumen, marranos, gallinas, etc. Si hay un bazar, ellos ponen dinero para que la gente vaya, incluso pagan el combustible del transporte. Si no hay energía, ellos ponen el Diesel para que la comunidad tenga su bazar. 

“Ahora, ¿para qué se organizan estas fiestas? Se dan de viernes a domingo o de sábado a lunes, ello con el propósito de recolectar fondos, por ejemplo, en la vereda el Remanso, donde ocurrió el operativo, el bazar fue porque querían hacer una placa huella, tipo anden. Los dos primeros días la fiesta estaba emocionante, los grandes mandos también van a la fiesta. El día de remate se queda uno de los mandos y unos subalternos, el resto es sólo comunidad. Ahí, a las 6 am llegan los del operativo, eso sí, entraron unos que no estaban uniformados como el ejército, disparando a diestra y siniestra, en ese momento unos se tiran al piso y reaccionan, otros no. Cayó el presidente de la junta, un gobernador indígena, un estudiante y el hermano de otra presidenta de junta. Ahí se da toda la situación. Los del Comando Frontera que quedaban, respondieron. Sólo 5 de los abatidos eran de Comando de Frontera, los otros 6 eran personas de la comunidad que deben sí o sí convivir con esta gente, pues ellos allá son la ley. 

“Este grupo hizo presencia en el bazar, porque, como les digo, ellos hacen presencia en todas las actividades de la zona y pusieron lo del transporte, ya uno ponía el consumo.  Estamos molestos por la estigmatización, el hecho de cultivar Coca no nos hace criminales, guerrilleros o merecedores de un tratamiento que a todas luces viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, acá debemos vivir como se pueda, acá la autoridad son ellos.”   

Según lo narrado por habitantes de la zona, el territorio es uno de los tantos lugares en Colombia cuyo regulador social es un grupo armado, actor que usurpa el monopolio legítimo de la fuerza que ostenta el Estado y ejerce sus funciones ante la ausencia de este. En ese orden de ideas, la ciudadanía se ve obligado a coexistir y convivir con esta institucionalidad ilegal. Partiendo de lo anteriormente expuesto, el Ejército Nacional deberá responder las siguientes interrogantes: ¿Por qué se dio luz verde a la operación, pese a la previa identificación de civiles en la zona, hecho que se evidencia en videos de inteligencia suministrados por la misma Fuerza Pública?, ¿El ejército Nacional identifica, entiende y reconoce la obligatoria relación que se teje entre las comunidades y los grupos armados que ejercen control del territorio y fungen como Estado ilegal?, ¿por qué el grupo de asalto que inicia la operación, según testimonios de los pobladores, no portaba prendas del Ejército Nacional?. Además, COFRADÍA conoció varias denuncias en dónde se acusa al ejército de cooperar con el frente Carolina Jimenes, debido a la baja contundencia e intensidad de los operativos en el territorio que dicha estructura controla, en síntesis, son muchas preguntas que la Fuerza Pública deberá responder.