El incremento de crímenes selectivos, masacres y hechos delincuenciales en el país, se reflejan de nuevo en el presente año en nuestro departamento. El sur y la zona centro, incluyendo a Ibagué, presentan no solo un aumento desmesurado en hechos de delincuencia común, sino lo que parece ser una guerra que mezcla hechicería y narcotráfico. Presentamos un análisis de los últimos hechos violentos.

El pasado 6 de julio tres personas fueron asesinadas en el municipio de El Espinal; dos personas de nacionalidad venezolana y una persona proveniente del departamento del Huila. Dos días después, en el municipio de Ambalema se registró, según Indepaz, la masacre número 50 del país en lo que va del año 2021, hecho en el que murieron cuatro personas, dos que se movilizaban en una motocicleta, un campesino que presenció los hechos y otra persona que se acercó a curiosear. Ese mismo día, en la capital tolimense un hombre fue asesinado en la puerta de su casa en inmediaciones a la Estación de Bomberos de la comuna 12. 

La cadena de acontecimientos violentos elevó exponencialmente los niveles de preocupación en la ciudadanía, e instó a que las autoridades departamentales tomaran cartas en el asunto.

En el caso de Ambalema, la fundación Pares alerta de que la zona del río Magdalena que conecta los departamentos del Tolima y Cundinamarca, es un corredor de economías ilícitas hacia Bogotá, motivo que explicaría la presencia de organizaciones criminales. 

En el hecho concreto de la reciente masacre, Cofradía envió a Ambalema a uno de sus corresponsales para indagar sobre lo ocurrido. “Eran dos personas que se movilizaban en una moto por la vía principal, no eran del municipio, los venían persiguiendo desde otro lado para matarlos; mataron a dos de afuera y también terminaron matando a dos de acá que se encontraban en el lugar equivocado”, narraron diferentes habitantes de Ambalema. 

Por otro lado, se pudo constatar un despliegue de Fuerza Pública en diferentes sectores de ese municipio. Pese a que en la vía principal no se encontró personal de seguridad, en el casco urbano, especialmente en la zona centro, se evidenció una fuerte presencia de unidades militares, acompañada por helicópteros que monitoreaban desde el espacio aéreo. Además, también se comprobó acompañamiento de la Policía Nacional en el sector del Malecón, que colinda con la vereda Gramalotal perteneciente al municipio de Beltrán, departamento de Cundinamarca.

Aunque el despliegue en mención contribuyó a mejorar la percepción de seguridad, cosa que pudo ser constatada de manera directa con diferentes ciudadanos, el pasado 8 de agosto, un asesinato con arma de fuego revivió nuevamente la zozobra y el miedo en este municipio.

En el caso de El Espinal, el pasado 11 de julio en Consejo de Seguridad las autoridades departamentales acordaron incrementar el pie de fuerza en este municipio y ofrecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos en aras de recibir información sobre el triple asesinato. En la reunión participaron el secretario del Interior del Tolima, Alexander Tovar, el Comandante encargado de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, Coronel Pablo Villamil, el Comandante del Batallón de Infantería número 18 Jaime Rooke, Teniente Coronel Alberto Acero, el Comandante del Gaula Militar, Mayor Henry Becerra, Policía Nacional, Fiscalía Nacional y Alcaldía del Espinal. 

Pese a las medidas tomadas en el Consejo de Seguridad, 6 días después, el municipio de El Espinal registró un fin de semana violento. Tres personas fueron asesinadas en la modalidad de sicariato y aunque no se descarta un ajuste de cuentas, debido a que los occisos tenían procesos judiciales por delitos como hurto calificado, agravado y homicidio, la percepción de seguridad en este importante municipio del departamento sigue siendo negativa, situación que se terminó de agravar cuando el pasado 23 de julio los medios departamentales registraron el sicariato número cinco en apenas una semana. 

Respecto a este municipio, el Gobernador del Tolima Ricardo Orozco expresó en medios de comunicación que la hipótesis principal manejada por las autoridades respecto a la ola de homicidios, refiere a un ajuste de cuentas entre organizaciones de “Brujos”, pues, como se constató en el reportaje que la Revista Cofradía hizo en el pasado mes de mayo (ver Cofradía número 17), estas organizaciones en El Espinal operan de forma similar a las estructuras criminales del narcotráfico.

Por otro lado, en el caso de Ibagué personal del CTI sigue tras la pista de los responsables. Vale la pena mencionar que el hombre asesinado tenía detención domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. A la fecha no se registran capturas, ni en este, ni en ninguno de los casos mencionados. 

Aunque el pasado 3 de agosto las autoridades municipales y departamentales acordaron el uso de 500 cámaras y el incremento de 600 efectivos de la policía para garantizar la seguridad del municipio, los medios locales siguen registrando escenas impactantes en el que ibaguereños son despojados de sus pertenencias, resaltando entre ellas, la que tuvo lugar en una tienda naturista de la calle 13, en donde una empleada es brutalmente arrastrada por delincuentes, a plena luz del día. 

Siguiendo con los recientes casos de inseguridad en el Tolima, a finales de Julio, uno de los hechos más preocupante en materia de orden público tuvo lugar en la zona sur oriental del departamento, en donde un grupo de personas fuertemente armadas hicieron presencia en los municipios de Prado y Purificación.

Según denunció la comunidad y se evidenció en registros fotográficos, el grupo se identificó como “AUC”. En la vereda Montoso del municipio de Prado, hicieron pintas en algunas casas de la zona y, en la vereda Villa Esperanza del municipio de Purificación, señalaron a personas de ser “colaboradoras de la guerrilla”, asesinando en el lugar a dos ciudadanos identificados como Jhon Alexander Agudelo y Juan David Ballesteros (ver fotografía), este último menor de edad. 

Las autoridades del departamento reunidas en Consejo Extraordinario de Seguridad anunciaron medidas para atender la emergencia, mientras tanto, la comunidad expresa estar atemorizada y se registran casos de desplazamiento forzado por el hecho.  

Además de estos acontecimientos, en el municipio de Rioblanco se presentó, según Indepaz, la masacre número 62 del presente año. De acuerdo a lo informado por la comunidad, un grupo de personas armadas asesinaron a 3 personas. Según las autoridades, los responsables serían disidencias de las FARC. 

Para terminar, frente a este notable incremento de hechos violentos la Gobernación del Tolima  ha hecho énfasis en dos temas que valen la pena traer a colación y que generan diversas opiniones. Por un lado, la personificación del enemigo-objetivo, encarnado recientemente en alias “Miller”, quien estaría reorganizando estructuras armadas en el Norte del Tolima, territorio que no presenta la misma intensidad de violencia que el oriente o el sur; y, por otro lado, las diferencias entre el ente gubernamental y la policía, a quien Orozco reclamó agilidad en la investigación y la comunicación. Exigencia que fue trasladada a la comandancia de la Policía Nacional, con la que se reunió en Bogotá recientemente y concluyó con el cambio del comandante departamental.

¡Cuidado con la zona sur del Tolima!

Sumado a los acontecimientos traídos a colación, es necesario recalcar que en la zona sur se vienen configurando en los últimos meses, elementos que tienen efectos regresivos sobre la tranquilidad y la seguridad de sus pobladores. Es una suma de factores que pueden desembocar en una difícil situación de orden público. 

Además de que el secretario del interior del departamento, Alexander Tovar, reconociera la presencia de grupos armados organizados, y que por el municipio de Roncesvalles circularan panfletos firmados por el frente Ismael Ruiz y la compañía Adán izquierdo (disidencias de las extintas FARC), también llamó la atención el mensaje de fin de año de alias “Jonnier”, integrante del Comando Coordinador de Occidente, presuntamente desde las montañas del Tolima. Jonnier” es el tercero al mando de la estructura de alias “Gentil Duarte” y en su comando se agrupan las columnas móviles Jaime Martínez,  Dagoberto Ramos, Franco Benavides y Urías Rondón, además de los frentes Rafael Aguilera, Carlos Patiño e Ismael Ruiz, y la compañía Adán Izquierdo.  Vale la pena mencionar que, a principios de año, el Comando Coordinador de Occidente solicitó mediante comunicado dirigido a instituciones nacionales e internacionales, que se les reconociera como “organización beligerante”, ya que dicen tener unidad de mando, control del territorio y capacidad militar suficiente para hacerle frente a las Fuerzas Armadas colombianas. 

Aunque la información aquí expuesta fue compartida por el Centro de Estudios Regionales de la universidad del Tolima, pasó completamente desapercibida por la prensa regional y la opinión pública. Estos acontecimientos se pueden hilar a los reportes de erradicación de cultivos de coca de los últimos meses, dando cuenta de la presencia de estos grupos y el crecimiento de las actividades relacionadas con el narcotráfico; por ejemplo, en la zona también se reporta presencia del Frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia y la Comisión Financiera Manuel Marulanda Vélez del Bloque Sur Oriental.

En la zona sur, este corresponsal constató recientemente la zozobra y el miedo que se respira en la población. En veredas de Rioblanco y Planadas se escuchan frases como “después de las 6 de la tarde no viajen”, “Ustedes que se van y aquellos que llegan (grupos armados)”, “estamos sentidos porque fusilaron al viejo”, haciendo referencia a una persona de la tercera edad que fue asesinada por grupos armados debido a que, según las versiones de la comunidad, en su predio habría aterrizado un helicóptero del ejército.  

Debido a su ubicación estratégica, la conectividad que establece entre el occidente y el oriente del país y las características de su topografía, la zona sur es un atractivo para los grupos armados organizados y las economías ilícitas. En ese orden de ideas y dado lo anteriormente expuesto, es necesario que la institucionalidad acompañe a la población de estos municipios, además de pie de fuerza, con inversión y recursos, para que los actores violentos no se sigan aprovechando de las necesidades, pues el Tolima, pareciese, paulatinamente, estar regresando a un escenario de orden público similar al de décadas anteriores.