Al cierre de esta edición el país está a la espera de que el presidente Iván Duque, sus asesores y ministros más cercanos, decidan la agenda a seguir con los delegados de las organizaciones sociales, políticas y de la juventud, en procura de cristalizar un acuerdo o pacto que permita dirimir el conflicto que ha provocado la difícil coyuntura que padecemos.

No será fácil concertar un acuerdo, cuando están de por medio reivindicaciones laborales, sociales y políticas que implican concretar un nuevo Pacto Político – Social y unas reformas a la estructura del Estado que permitan no solo el libre ejercicio de los derechos constitucionales, sino además cristalizar las reivindicaciones económicas que grupos marginales vienen reclamando históricamente.

Algunos sectores vienen proponiendo una gran reforma a las instituciones que están siendo objeto de ataques y de crítica, como el Congreso, la Rama Judicial, la Policía y las Fuerzas Militares. Sin embargo, la historia nos enseña que el Congreso nunca ha permitido que desde su interior se produzcan reformas que modifican o eliminan los enormes privilegios y el poder que desde la independencia les fueron otorgados a Senadores y Representantes a la Cámara. Ni la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 pudo concretar ese anhelo truncado de los colombianos. 

Otros, como las minorías étnicas y campesinos sin tierra, vienen reclamando el cumplimiento del postulado constitucional que establece que la propiedad rural debe cumplir una función social y exigen una redistribución y la no concesión de licencias ambientales a los proyectos extractivistas de las empresas mineras y petroleras internacionales. 

Los indígenas y minorías étnicas exigen el cumplimiento de los acuerdos que antes se han concretado y que el derecho a la consulta previa reconocido por el constituyente acogiendo lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sea una realidad, y no se diluya mediante maniobras gubernamentales y judiciales. Esto, en reconocimiento al derecho que les asiste a conservar su territorio, su entorno social, económico y cultural.

Por su parte la juventud exige nuevos espacios de participación política y social, acabar la discriminación que no les permite acceder a posiciones laborales dignas y bien remuneradas, la gratuidad educativa en instituciones públicas y privadas, y sobre todo el respeto al derecho que les asiste a la protesta social y expresar su diversidad generacional y cultural conforme a las garantías nacionales e internacionales.

La clase trabajadora de menores ingresos reclama que se respeten los derechos adquiridos en materia prestacional y laboral, mejores servicios y atención en salud por parte de las EPS e IPS, y la necesidad de que el Estado fortalezca la atención pública, evitando la privatización escalonada que se ha venido presentado en las últimas décadas. Así mismo, exigen cambios en la estructura del Estado que garanticen en la realidad los derechos adquiridos y plasmados en la constitución y el convenio 169 de la OIT.

Un pulso político, económico y social vivido en algunos países de América y que tal como está ocurriendo en Chile, desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida en contra de los intereses de las clases políticas tradicionales.