Como ha sido costumbre en una gran parte del territorio colombiano, tras la  elección de un nuevo mandatario local, sobreviene un férreo ejercicio de oposición, que se intensifica cuando la diferencia electoral ha sido escasa entre los candidatos o cuando se elige con un potencial de votos muy inferior al de la abstención. Aquí, un análisis de la fallida revocatoria en Ibagué. 

La revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana cuyo fin es el ejercido del control político sobre el poder municipal y departamental. Se encuentra consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política y está reglamentado por la ley 1757 de 2015. Básicamente consiste en la oportunidad que se le da al elector para que previo cumplimiento de un trámite y requisito legal, pueda acudir de nuevo a las urnas para que  – si así se decide la mayoría –  se dé por terminado el mandato que se le ha conferido a la primera autoridad de un municipio, o departamento cuando existe insatisfacción generalizada hacia su gestión o por incumplir lo prometido en el programa de gobierno. Vale la pena mencionar que esta figura no aplica para el Presidente de la República, ni los integrantes de las corporaciones públicas.

La revocatoria se puede llevar a cabo un año después de la posesión del mandatario y nunca, a menos de 1 año de finalizar su periodo. Previo al proceso de votación, un comité constituido por quienes adelantan la iniciativa, debe presentar ante la Registraduría Nacional un número de firmas equivalente al 30% de los votos obtenidos por el mandatario, elemento que es necesario para darle legitimidad y sustento a la solicitud.

Revisando antecedentes en todo Colombia, desde la primera iniciativa en 1996, hasta la actualidad, sólo un proceso de revocatoria prosperó en las urnas. Fue el caso de Tasco, municipio de Boyacá, en donde el 97% de los votantes decidió terminar, en el año 2018, con el mandato de su alcalde.

La revocatoria de Andrés Fabian Hurtado. 

Como ha sido costumbre en una gran parte del territorio colombiano, tras la  elección de un nuevo mandatario local, sobreviene un férreo ejercicio de oposición, que se intensifica cuando la diferencia electoral ha sido escasa entre los candidatos o cuando se elige con un potencial de votos muy inferior al de la abstención. Elementos que inciden en dar la sensación o generar de manera real, un ambiente de impopularidad del gobernante. En este contexto y con el propósito de sacar adelante un proceso de revocatoria, se presenta e inscribe a principios del año 2021 un comité prorevocatoria del actual alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, al cual se denominó “Salvemos a Ibagué”. 

Entre la audiencia pública, la entrega de las planillas con las respectivas firmas y las primeras semanas de mayo, los medios locales advertían la supuesta recolección de 7.127 firmas, es decir, la mitad del mínimo requerido para soportar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la revisión de firmas, y verificar el cumplimiento del mínimo requerido para hacer viable la convocatoria a elecciones.

Tres meses después, se hablaba de la existencia de mas de 40.000 firmas que soportaban la solicitud de revocatoria del alcalde Hurtado. Según expresaron allegados al proceso, pese a superar las 14.254 firmas requeridas, esperaban enviar 60.000 a la Registraduría, en aras de marcar un hecho político trascendente e histórico en la ciudad. 

Según fuentes cercanas al mandatario local, luego de conocerse los “avances” en la recolección de firmas por parte del comité, se tomó la precaución de contratar los servicios del abogado Alfonso Portela Herrán, ex Registrador Delegado en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, buscando “brindar asesoría en la materia y orientar las reclamaciones e impugnaciones que tuviesen lugar en el proceso de verificación de firmas y adopción de una decisión de fondo sobre la convocatoria o no a elecciones”. Es necesario mencionar que la revista COFRADÍA revisó los procesos de contratación adjudicados y en curso (vigencia 2021) de la alcaldía de Ibagué y no se encontró vínculo contractual entre ésta y el señor Portela. Pero funcionarios y allegados a la Administración Municipal certificaron de su presencia y participación en reuniones con el alcalde y abogados de confianza del mismo. 

COFRADÍA además consultó vía correo electrónico al señor Portela en aras de corroborar la información suministrada, pero hasta la fecha de cierre de edición  no se había  obtenido respuesta alguna.

Pese al optimismo que respiraba el 63% de los ibaguereños que según la encuesta “Ibagué cómo vamos” desaprueban la gestión del mandatario local, el pasado 21 de noviembre, fecha límite para la entrega de la solicitud y las firmas que la avalaban, la Registraduría solo recibió 154 folios, equivalente a 9.250 firmas de las 14.254 requeridas. ¿Qué sucedió?; ¿el comité mintió respecto al número de firmas que decía tener?; ¿existían desencuentros dentro del comité?; o ¿algunos medios de comunicación desinformaron con claros y precisos objetivos de incidir en el proceso?

Comité de revocatoria: ni juntos, ni revueltos

El comité de revocatoria, según información de sus integrantes, estaba conformado por distintas fuerzas políticas, caracterizadas por ejercer un rol de oposición a la Administración Municipal. Cada fuerza tenía un delegado en el comité: Daniela Zamora sería la delegada del Diputado Renzo García; Jhojan Granados del Partido Comunes; Karla Tole, cercana a la Unión Patriótica; José Eduardo González, delegado del concejal Rubén Darío Correa, y; Angela Rebolledo representante de la Colombia Humana. Además de los mencionados anteriormente, nos advirtieron que existía otra persona que aunque no figuraba en el Comité, asumió cierto grado de vocería en el proceso, esta persona identifican como Joaquín Acosta, delegado del uribismo y cuadro del excandidato a la gobernación, Mauricio Pinto.

“Al principio nos obligaron a fingir que podríamos ser como la “Liga de la Justicia, pero con uribistas, y los hermanos Barreto”, expresó a COFRADÍA un miembro del comité, dando cuenta del malestar que se respiraba desde el principio. 

Luego del fracaso en la recolección de firmas, el comité cerró filas y expuso el presunto “lesivo papel” que jugó Joaquín Acosta, y Por otro lado, Joaquín Acosta descargó culpas en la Unión Patriótica y la Colombia Humana.  

Hablan las partes

Joaquín Acosta fue entrevistado por COFRADÍA sobre el espinoso tema, y esto nos expresó: “Siempre hubo desencuentro. Hubo una reunión con Rubén Darío Correa, pero la Colombia Humana lo sacó corriendo, no obstante, este dejó un delegado. En el Comité Ambiental querían mezclar la revocatoria con candidaturas políticas, incluso, hubo una reunión con empresarios en Aqua, pero se pusieron a pelear por el candidato que remplazaría a Hurtado”. 

Y a renglón seguido continúo: “Sobre las firmas, unas las embolató Angela Rebolledo, representante de la Colombia Humana. Ella se llevó mil, incluyendo la firma de Guillermo Alfonso Jaramillo, la cual nunca apareció. Además, sobre las cifras que se dieron a los medios de comunicación (7.000 y 40.000), todos estuvimos de acuerdo en hacerlo, fue algo para animar a la gente y asustar al alcalde, pero en sí, nunca supe cuántas firmas habían”.

“Por último, sí había participación de políticos. La gente de la UP buscó a José Barreto, quien acompañó el proceso, lo mismo con el Senador Miguel Barreto, quien dio un millón de pesos. Esa plata, sumado a otra plata que yo puse, se gastó en camibusos, pasacalles, transporte para la guardia indígena el día de la audiencia y un celular”. 

Por su parte Karla Tole, la figura más visible del comité, manifestó lo siguiente sobre las declaraciones de Acosta y los impases del proceso: 

“La revocatoria inició con una reunión entre sectores políticos, motivados por esta mala administración. En ese entonces, Joaquín Acosta dijo que tenía la capacidad de atraer empresarios, sentar a José Barreto, Miguel Barreto y Mauricio Pinto; si hubo injerencia política era por su lado, clandestinamente, porque con el comité no tenían nada que ver. Sí hubo un cruce de palabras con Guillermo Alfonso Jaramillo, Rubén Darío Correa, Renzo García y José Barreto, les dijimos que si querían apoyar, que lo hicieran con firmas, nunca les pedimos o recibimos plata. El señor Joaquín es un mentiroso, ¿dónde está ese millón?, si lo recibió, se lo quedó para él, porque acá no recibimos nada, según entendimos, todo lo que se gastó venía de su bolsillo. Joaquín se metió al proceso, lo desbalijó, se retiró y luego se puso a difamar, que quede claro, con ánimo de ganar votantes. Su aspiración siempre fue llegar al Concejo de Ibagué, él lo manifestó, pero se bajó porque el comité no le quiso servir de trampolín”.  

Y agrega Karla Tole: “Por temas de protagonismo (Por su aspiración a concejal), Joaquín Acosta fue el que dio a los medios cifras falsas. Lo hizo todo el tiempo, incluso a nosotros nos dijo que tenía 4.000 firmas y se apareció sólo con 800. Sobre las firmas nunca tuvimos un número exacto”.

Otro que se atrevió a hablar y evidenciar lo ocurrido, fue Camilo Oliveros,  miembro activo del comité y quién acompañaba a Karla Tole. “No tiene sentido querer revocar una alcaldía Barretista, pidiéndole plata a otro Barretista, además, tengan en cuenta el respaldo que los uribistas le dieron al alcalde, tengan presente que tienen cuotas y contratos, Joaquín fungió como infiltrado”  

Independientemente de quién tiene la razón, el proceso se cayó, la revocatoria perdió credibilidad y la debilidad política u organizativa del comité significó un alivio para el barretismo, significó un fracaso para los sectores de oposición y una decepción para los ciudadanos que desaprueban la gestión del alcalde.