La actual reforma tributaria del presidente Iván Duque será debatida por el Congreso en medio de la protesta social y la oposición de un fuerte grupo de congresistas, incluidos un buen número de quienes integran la coalición de gobierno.

El nuevo proyecto de reforma tributaria o ley de “Solidaridad Sostenible” espera recaudar 23,4 billones de pesos y abonar terreno a los 95 billones del déficit fiscal colombiano (8,9% del PIB).

Para entender mejor el origen del déficit fiscal y la naturaleza de este proyecto, es necesario hilarlo con sus predecesoras, la “Ley de Financiamiento” de 2018 y la “Ley de Crecimiento Económico” de 2019, además de abordar algunas variables económicas que han cobrado relevancia en los últimos 3 años.

El déficit fiscal colombiano

El déficit fiscal creció exponencialmente en el año 2020 por cuenta de la pandemia, periodo caracterizado por un incremento del gasto (5 puntos por encima del 2019) y una disminución del recaudo (12,9% del PIB en 2020 frente a 14% en 2019). Este panorama de entrada truncó cualquier posibilidad de cumplir con los objetivos trazados en la reforma tributaria del año 2019, cuyo recaudo adicional sería de 200.000 millones en impuestos específicos y 1,6 billones en sobretasas al sector financiero.

Ahora, encasillar la explicación a la relación recaudo/gastos en el año 2020 haría pasar por alto dos elementos importantes para entender el origen del déficit fiscal. La baja en los precios del petróleo y el presunto fracaso de la primera reforma tributaria del gobierno Duque, evidenciarían que las arcas del Estado ya venían deteriorándose.

Sin pandemia, diferentes agencias calificadoras pronosticaban para el año 2020 un déficit de 4,5% del PIB frente al 2,5% registrado en 2019. Esto se debió entre otras cosas a la caída del petróleo, pues según el gobierno, “por cada dólar que baja el petróleo de forma sostenida en un año, los ingresos fiscales se reducen en 400.000 millones de pesos anuales”.

Antes de iniciar la pandemia, la cotización del crudo Brent había perdido cerca de 46 dólares, situación que representaba una pérdida de ingresos para el Estado cercanos a los 19 billones. Por otro lado, la “ley de financiamiento” 1943 de 2018 fue considerada por muchos especialistas como un “rotundo fracaso”, principalmente por la desproporcionada relación entre el recaudo y las exenciones empresariales.

Para el ex presidente de la ANIF, Sergio Clavijo, en lo que concierne a la primera reforma tributaria del actual gobierno, los incrementos en la tributación de los hogares de familias ricas (+0,2% del PIB) y los impuestos específicos (+0,3% del PIB) no lograron compensar la pérdida del -1% del PIB proveniente del recaudo empresarial, situación que hizo diluir el recaudo adicional esperado (7,5 billones) y que comprometió aún más las finanzas públicas.

Por último, Además de los desaciertos en las reformas tributarias anteriores, la incidencia de la caída del petróleo sobre las arcas del Estado y los efectos de la pandemia, otro factor que explicaría la actual situación fiscal del país serían los 50 billones de pesos que, según el ex contralor general de la república, Edgardo Maya Villazón, se pierden anualmente en corrupción.

Sobre este contexto se forjó la propuesta de una nueva reforma tributaria en el año 2021.

Tercera reforma tributaria

Siendo fiel a la consigna “menos impuestos más salarios”, la “ley de financiamiento” 1943 de 2018 estableció grandes beneficios para el sector empresarial. Según los expertos, bebido a que estos beneficios superaban el recaudo adicional, las expectativas fiscales no lograron llegar a feliz término, escenario que obligaría a plantear una nueva reforma tributaria en el año siguiente.

La “ley de crecimiento económico” 2010 de 2019, creada para corregir los desaciertos de la reforma tributaria anterior, también abogaba por beneficios tributarios para el sector empresarial. El impuesto de renta de las empresas disminuyó en un 3% y el impuesto sobre dividendos en un 5%; además, en lo que respecta a la denominada “industria naranja”, la reforma consignó la exención del impuesto sobre la renta por 5 años (si el ingreso de la empresa es inferior a $3.258.328.500 pesos por año) y del impuesto al valor agregado sobre la importación, producción o compra de activos fijos.

Para evitar repetir el error de la reforma anterior, el Estado optó por incorporar tributos adicionales en 24 bienes y 5 servicios, además, fijó una sobretasa al sector financiero que le permitiría recaudar cerca de 1,6 billones adicionales.

En aquél entonces, para muchos expertos en el tema la relación recaudo/exención seguía desbalanceada en esta reforma tributaria, elemento que les llevo a asegurar, sin existir la pandemia, que para el 2021 se llevaría a cabo una nueva reforma tributaria.

Por ejemplo, el economista Salomón Kalmanovitz advirtió en 2019: “la reforma recorta el recaudo, lo que hará necesaria otra reforma tributaria en 2021 o un ajuste monumental del gasto público que congele la inversión pública”.

Cuando esta segunda reforma no logró sus objetivos, por los efectos socioeconómicos de la pandemia o por su misma composición, el Estado planteo en el año 2021 la necesidad de una nueva reforma tributaria.

El nuevo proyecto de reforma sigue fiel a sus predecesoras. Sosteniendo que “alivianar la carga tributaria empresarial fomentará la inversión y mejorará la productividad”, los beneficios otorgados al sector empresarial en las dos reformas anteriores siguen intactos. Ahora, a diferencia de sus predecesoras, la nueva reforma afectará directamente a un sector importante de la clase media.

El proyecto de reforma tributaria, “ley de solidaridad sostenible” de 2021, plantea cobrar IVA del 19% a servicios públicos de agua, luz y gas en estratos 4,5 y 6, internet en estrato 3 y servicios funerarios y cremaciones en cualquier estrato; cobrar IVA del 19% a los computadores de escritorio o portátiles y a los dispositivos móviles inteligentes, como tabletas o celulares; pasar de la categoría exentos a la categoría excluidos productos como carne de vaca, cerdo, pescado, leche, queso, huevos, medicamentos y tampones higiénicos, medida que básicamente hará que le cobren el IVA al consumidor sin que este se vea reflejado en la factura. Por otro lado, el proyecto de reforma también busca incrementar la sobretasa a la gasolina y el ACPM, variable que incide directamente sobre el precio de todos los productos de la canasta básica familiar. Por último, otra de las propuestas de la reforma, es aquella que busca ampliar el número de personas que declaran renta, llegando a aquellas que ganan hasta $2.400.000 pesos mensuales.

Cabe mencionar que aunque sí se establecieron algunas obligaciones tributarias para el sector empresarial, estas representan un recaudo de $3,7 billones de pesos, cifra menor en comparación a los $17 billones de pesos que se esperan recaudar solo en rentas de personas naturales.

El debate

El líder sindical, Jhonatan Varón, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Tolima, manifestó a la revista Cofradía que “esta reforma trae una fuerte descarga hacia los trabajadores y el pueblo en general”, especialmente en lo que refiere al incremento de precios que ocasionará el paso de algunos alimentos de la categoría exentos a la categoría excluidos. Además, en referencia específica al sector de los trabajadores, manifestó su preocupación por las medidas de “poner a declarar renta a más personar, congelar el incremento salarial de trabajadores estatales durante 5 años y librar a empleadores de la responsabilidad de vincular jóvenes a las cajas de compensación Familiar”.

Para Varón, en lugar de recargar la responsabilidad fiscal sobre la clase trabajadora, la mejor forma de tapar el déficit es “evitando el derroche del presupuesto nacional”, ya que el gobierno, según manifestó “se gastó 20 mil millones de pesos en publicidad, 17 mil millones de pesos en el ESMAD, 22 mil millones en camionetas blindadas y se proyecta gastar 14 billones de pesos en los aviones F-16, todo ello en el marco de la pandemia”.

Por otro lado, en el congreso de la República, instancia que en últimas decidirá el futuro del proyecto, el debate está a todo vapor. El Centro Democrático (Partido de Gobierno) se opuso a la reforma y en su lugar propone unos ajustes que disminuyen el recaudo esperado a $12 billones; Por su parte, la oposición junto a partidos independientes como el Liberal y Cambio Radical han manifestado rechazar la totalidad del proyecto y; por último, hay partidos que aún no logran acuerdos para votar en bancada, como es el caso del Partido Conservador.

La reforma ha encendido el debate nacional y su desenlace será determinante para el futuro de los colombianos.

Referencias

(1) Análisis de Sergio Clavijo para el periódico económico, empresarial y financiero “La República” (20-01-2019)”(2) Nota de opinión para EL ESPECTADOR (23-12-2019), Salomón Kalmanovitz