Iván Ramírez Suárez

Uno de los mas delicados problemas que afronta en el presente y ha afrontado en el pasado el Estado colombiano, es el de la aplicación del servicio público de Justicia. Fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, el último foro democrático, político e institucional en el cual se debatieron a fondo sus problemas y se adoptó la más importante reforma estructural en la historia de la Justicia en Colombia. 

Se acabó con el sistema de cooptación en la elección de los magistrados; se suprimió la función de control constitucional a la Corte Suprema de Justicia, creándose un órgano especializado e independiente que cumpliera esta labor, la Corte Constitucional; se creó el Consejo Superior de la Judicatura con funciones Administrativas y Jurisdiccionales; se adoptó un nuevo sistema penal de tendencia acusatoria y oral, para lo cual se creó la Fiscalía General de la Nación para que asumiera el rol de investigación y acusación, buscando independencia de la Rama Jurisdiccional; se crea la Defensoría del Pueblo para que preste el servicio de defensa pública gratuita y se garanticen los derechos fundamentales de los intervinientes; y, se le dio independencia y autonomía a la Procuraduría General de la Nación, la que, entre otras funciones, ejerce como Ministerio Público en los procesos penales, civiles, administrativos y constitucionales.

Casi treinta años después, los problemas de la Justicia, como gran parte de los institucionales del Estado colombiano, se han empeorado, y las causas que originaron la convocatoria a una Asamblea Constituyente mediante la ‘Séptima Papeleta’, siguen vigentes.

El Consejo Superior de la Judicatura fue infiltrado por la corrupción, el tráfico de influencias y la lagartería; las Cortes afrontan numerosos escándalos por compra – venta de sentencias, acoso laboral y sexual, e influencia política en sus decisiones; la Fiscalía General de la Nación, en idéntico sentido ha estado envuelta en todos los escándalos anteriores, con el delicado agravante de que la designación de altos dignatarios nacionales y departamentales se hace con el guiño de la Casa de Nariño y el Congreso; y, la Procuraduría General de la Nación, no solo es un trampolín político para fortalecer aspiraciones mayores, sino que también su función nominadora nacional y regional es concertada con quienes lo eligen, el Senado de la República.

Luego, el problema no es normativo o de nuevos códigos, es estructural y cultural. Estructural, porque el sistema de postulación o nominación hace que las demás ramas del Poder Público intervengan en la elección de los altos dignatarios de la Justicia, y el cabildeo al que deben someterse quienes cumplen los requisitos constitucionales y legales para su elección o designación, los obliga a adquirir compromisos con los sectores político partidistas a los que pertenecen quien o quienes ejerce o ejercen la facultad de postular o elegir. Compromisos, que son cobrados con cargos, ascensos o decisiones jurídicas en asuntos sometidos a su consideración o concepto. Pero además, porque los activistas políticos, pueden libremente pasar de los cargos de elección popular, a ser funcionarios judiciales, toda vez que no existe ninguna prohibición para estos, lo que ha coadyuvado a que militantes y dirigentes de los partidos políticos accedan de manera fácil a cargos de magistratura departamental o nacional o accedan a cargos reservados para quienes han construido durante muchos años una estructurada carrera judicial. Y cultural, porque la aspiración del enriquecimiento fácil, del tener y no ser, y creer de que las oportunidades hay que aprovecharlas, hace mella en los servidores públicos y se decide entonces que todo ‘favor’ se puede hacer y cobrar. 

El caso de la Fiscalía General de la Nación constituye el mejor ejemplo de des legitimación de la Justicia en Colombia. El sesgo político partidista que ha tomado con los últimos Fiscales Generales y la corrupción que todos los días es denunciada por acción u omisión en el impulso y resultados de las indagaciones e investigaciones, tienen a la gran mayoría de quienes somos actores y vimos nacer, crecer y enfermar de manera grave al actual Sistema  Penal Acusatorio, decepcionados de lo que creímos iba ser, si no la panacea, sí al menos un tránsito necesario para lograr conseguir que el Estado cumpla de manera eficaz, eficiente e independiente una de sus más importantes funciones: la aplicación de verdadera Justicia.