Parceló las Procuradurías Provinciales y Departamentales para que sobre ellas floreciera el interés y querer de quienes van a ser potenciales impulsores de su aspiración política en los departamentos, una vez abandone el actual cargo.

A pocos días de cumplir el período constitucional para el cual fue elegido, Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación, queda en deuda con el departamento del Tolima. Su íntima amistad con el dirigente político de Cambio Radical Emilio Martínez Rosales, y sus compromisos politiqueros con éste, el partido Liberal, el partido de Unidad Nacional y algunos sectores del partido Conservador, anidando sus aspiraciones presidenciales, borraron la imagen transparente que en su juventud trató de exhibir como uno de los líderes juveniles de la ‘Séptima Papeleta’ que concluyó con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Los resultados del ejercicio funcional como suprema autoridad disciplinaria de los servidores públicos, no pudo ser peor. Parceló las Procuradurías Provinciales y Departamentales para que sobre ellas floreciera el interés y querer de quienes van a ser potenciales impulsores de su aspiración política en los departamentos, una vez abandone el actual cargo, y tras ese mezquino interés sobrevino la impunidad para castigar a quienes le metieron la mano al erario en los entes territoriales, incumplieron sus deberes misionales, y se beneficiaron económica y políticamente del ejercicio de la Función Pública en territorios en los cuales parece se soporta su futura aspiración.

En nuestro departamento, la Procuraduría General de la Nación fue incapaz de investigar y sancionar de manera ejemplar a quienes  en contubernio se apropiaron de los dineros públicos destinados para las  obras de los fallidos Juegos Deportivos Nacionales. Empezando por el alcalde y ordenador del gasto Luis H. Rodríguez, los congresistas que lo manipularon y los concejales de Ibagué que por coimas hicieron los movimientos presupuestales, financieros y administrativos necesarios para presentar y soportar ese inolvidable desfalco.

Con todos los vestigios de un acto premeditado – y no queda mayor duda que así pudo ser – se tejieron investigaciones fiscales y disciplinarias con ostensibles falencias procesales que terminaron en nulidades y absoluciones, beneficiando a quienes temporalmente padecen una restricción de su libertad, a los contratistas, e incógnitos políticos quienes aún no han sido tocados por estas jurisdicciones y con mayor mérito deben estar allá, por ser los verdaderos gestores de la acción criminal que aún nos mantiene bajo el escarnio público nacional. 

La nulidad de las actuaciones adelantadas por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde de Ibagué, contratistas y algunos de sus subalternos, y la probable nulidad de la condena que en sede de casación analiza y decide la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia presentada por el abogado de Orlando Arciniegas Lagos, no dejan de constituir un lacerante augurio de que todo terminará con soldados y suboficiales caídos, mientras la cúpula de la oficialidad goza de total impunidad.

No pudo Fernando Carrillo en cuatro años de período constitucional, absolver o sancionar a los concejales de Ibagué que mediante retorcijos legales eligieron indebidamente hace casi cinco años al personero y contralor de esta Villa de San Bonifacio y a la secretaria de esa corporación. Pudo más el interés politiquero de su aspiración y el cabildeo de los políticos que lo han adulado y engrandecido como Procurador General, para que se presente como candidato a ser distinguido huésped de la Casa de Nariño en los próximos cuatro años.

¿Será que sí?