Tras la libertad por vencimiento de términos de Jorge Alexander Pérez Torres, alias ‘El Chatarrero’, a quien se le profirió orden de captura y formuló imputación por los contratos de construcción y remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42 y el Parque Deportivo, la sensación de impunidad es manifiesta.

Declarada la libertad de ‘El Chatarrero’ el pasado mes de Marzo por vencimiento de términos al no formularse oportunamente la Acusación ante el juez de conocimiento, quien está vinculado penalmente por la adjudicación irregular de los contratos de obra de la Unidad Deportiva de la calle 42 y del Parque Deportivo en en el año 2015, la sensación ciudadana de inoperancia de la justicia e impunidad es bastante grande.

Según el secretario general del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué, IMDRI, Jhony Perdomo, por el desfalco de las obras de remodelación y construcción de los escenarios deportivos en Ibagué están siendo procesados cerca de 25 exfuncionarios y particulares. Los más emblemáticos son los casos de el ex alcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez, el abogado y ex asesor del Municipio Orlando Arciniegas Lagos, el ex secretario de Hacienda Oswaldo Mestre y el exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel Torres.

Sin embargo, la condena a 27 años de prisión de Arciniegas Lagos está en la Corte Suprema de Justicia a la espera de ser resuelto el recurso de casación interpuesto por su abogado defensor.

En el caso del exalcalde Luis H. Rodríguez capturado en septiembre de 2017, la justicia no ha proferido la primera condena, aunque se encuentra detenido en la cárcel de El Espinal y con varios procesos pendientes, incluido el de la remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha solicitado más capturas ni formulación de imputación para quienes aún aparecen como posibles implicados.

Para el veedor ciudadano Humberto González, falta más compromiso por parte del ente investigador para vincular a los altos mandos y quienes estuvieron tras las millonarias contrataciones de los escenarios que superaron los 90 mil millones de pesos. 

“El caso de ‘El Chatarrero’ es inaudito y va a suceder de que por vencimiento de términos van a quedar la mayoría exonerados”, dijo González.

Más de tres años y contando

Pese a que las capturas de alias ‘El Chatarrero’, Leonardo Alexander Valero González, excontratista del Imdri y Carlos Alberto Ramírez Quintero, exdirector Técnico de Typsa se dieron en el año 2017, aún no hay una sentencia.

Valero González, acusado por presuntamente incurrir en los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, se encuentra en trámite de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía.

Entre tanto, Ramírez Quintero, investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, está en la negociación de un principio de oportunidad.

En el caso de Gloria Inés Martínez Acevedo, a quien se le señala de ocultar los dineros ilícitos a Arciniegas Lagos, aún se está a la espera del inicio de la audiencia preparatoria.

Por otra parte, aunque la Fiscalía imputó cargos al contratista de la Unión Temporal Parque Deportivo Jaime Humberto Rivera Cuéllar y su esposa Melisa Suárez, ellos continúan prófugos de la justicia.

¿Y los españoles?

Como es conocido, en las licitaciones de 2015 participaron tres empresas españolas: Vera Construcciones, Ortiz Construcciones y Typsa, esta última responsable de la realización de los diseños para la remodelación y construcción de los escenarios deportivos.

Durante las audiencias de imputación de cargos se conoció que exdirectivos de Typsa en España como José Luis Arévalo Segovia, director General y Gerente de Proyecto de Typsa; Carlos Alfonso Fontaneda, director de consultoría estructural; Salvador Fernández Fellonera, director de la División de arquitectura y desarrollo urbano, y Martín Manuel Bernabé, arquitecto diseñador, conocieron del pago de 'coimas' en favor de exfuncionarios del Imdri y del Municipio. 

Aunque la Fiscalía acusó como persona ausente al representante de Vera en Latinoamérica, Juan Ramón Hernández, se desconoce qué pasó con los demás vinculados al fraude.

Responsables están quedando en libertad

Pese a que los procesos continúan sin celeridad y sin vincular a todos los responsables, varios de los condenados han quedado en libertad por cumplimiento de la pena o tras recibir el beneficio de libertad condicional. Otros, por el beneficio de la detención domiciliaria.

El exsecretario de Infraestructura Jorge Alberto Pérez Díaz, condenado a siete años de prisión por la adjudicación irregular del contrato para la remodelación del estadio Manuel Murillo Toro, fue beneficiado con la libertad condicional el pasado 19 de abril. El exfuncionario fue capturado en septiembre de 2017 al ser señalado de haber recibido $70 millones para direccionar el contrato de obra.

Por otro lado, Amaury Elías Blanquicet Pretelt, condenado a seis años de cárcel por ser el principal testaferro de Arciniegas Lagos, recobró su libertad en marzo de este año por cumplimiento de su pena.

Y aunque se han generado versiones acerca de la libertad del exsecretario de Hacienda Oswaldo Mestre Campos, el representante de víctimas del Municipio aseguró que este se encuentra privado de la libertad en Fusagasugá y el pasado 5 de abril solicitó al Juzgado la libertad condicional.

“En relación con las investigaciones hay muchas cosas por aclarar. Si recordamos las palabras del anterior Fiscal que él le debía mucho a Ibagué y que iba a tomar medidas, pues todavía seguimos en lo mismo. Aquí realmente en Colombia la justicia ha sido inoperante”.

“Los resultados han sido dados por la Contraloría General de la República que sí actuó, de resto la Fiscalía ha dado pasos desconcertantes en este proceso investigativo. La Procuraduría ha brillado por su ausencia. La Contraloría municipal no aparece tampoco. Aquí hay una situación muy preocupante y es que Colombia está llena de sinvergüenzas”, puntualizó el veedor González.

¿Y los capos de la política?

Aunque es un secreto a voces, basta mirar quiénes eran los jefes políticos de los alcaldes en donde se realizaron las obras y quiénes fueron los contratistas beneficiados, para que sin atar muchos cabos se concluya que aunque hay más de dos docenas de investigados y detenidos, ningún dirigente ha sido llamado siquiera a declarar.

En el caso del municipio de Chaparral, al actual alcalde Hugo Fernando Arce Hernández, uno de sus secretarios y a los contratistas se les imputaron cargos por irregularidades similares a la contratación en Ibagué. Arce en su primer mandato (2015 – 2018) fue quien ejecuto los recursos para los escenarios deportivos que tendrían como subsede ese territorio y lo hizo en representación del Partido Liberal.

Así mismo, en el caso de Ibagué algunos de los implicados han declarado ante la Fiscalía cómo dirigentes de ese mismo partido obtuvieron beneficios directos por la construcción de los escenarios, sin que la Fiscalía General de la Nación, después de más de cinco años, halla abierto o compulsado copias para que se inicie una indagación y/o investigación penal.