Muchas críticas y descalificaciones se escucharon desde todas las esquinas políticas e ideológicas, cuando tras bambalinas surgió el rumor de que el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, había encomendado en algunas personas cercanas a su círculo personal y político, la difícil misión de empezar a impulsar diálogos directos con sectores representativos de organizaciones armadas criminales y subversivas, para ambientar y/o impulsar la posibilidad de que que en nuestro país se lograra concretar un nuevo Pacto Social, de mayor extensión, alcance y profundidad al alcanzado en 1990 y que concluyó con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y la expedición de un nuevo texto constitucional, que de por cierto aunque bastante reformado, aún conserva algunos principios sociales y democráticos que fueron parte esencial de su creación.

Independiente de si solo fue un rumor, un malentendido o una verdadera decisión distorsionada por el debate propio de la campaña electoral, la sensación que sentimos un gran número de colombianos, quienes en carne propia hemos vivido una de las épocas más críticas, difíciles y violentas de nuestra historia, sí estamos convencidos de que la única forma de lograr avanzar como sociedad y como Estado, es la de superar de una vez por todas la confrontación política y de violencia que enfrenta el Estado con todos los sectores armados que la generan.

Es bien conocido que Colombia, una vez obtenida su independencia de España, entró en una prolongada y sangrienta confrontación armada entre los dos partidos políticos de la época, el Liberal y el Conservador, que los diferenciaba no solamente en la forma y estructura de gobierno que creían era la más conveniente para el naciente Estado – centralismo o federalismo –  sino una lucha social entre unas clases sociales emergentes, la de artesanos, campesinos y desposeídos, contra otra, que conservaba los privilegios de la nobleza española y los beneficios logrados con la apropiación legal y/o ilegal de la tierra e incipientes medios de producción.

Nuestra historia muestra que fueron ocho confrontaciones armadas en el siglo XIX ( 1839 – 1841, 1851, 1854, 1860 – 1862, 1876 – 1877, 1885, 1895, y 18999 – 1903) y dos períodos  largos en el siglo XX (La Violencia y el conflicto armado subversivo), uno de los cuales aún pervive, junto a las nuevas formas de violencia generadas por el cultivo ilícito de la marihuana, la coca y la amapola, su comercialización, y el despojo violento y lucha por la tierra.

Fenómenos violentos a los que de manera infortunada para nuestra sociedad se agregan el de la delincuencia común y organizada, surgida por la descomposición social, el hambre, la miseria y la falta de oportunidades, y cuyas posibles soluciones han sido bastante analizadas y son muy conocidas por nuestra clase dirigente.

De ahí que,  pensar y hablar en concretar un nuevo Pacto Social, contemplando la posibilidad de ofrecer la concesión de un Perdón Social, para quienes bajo específicas condiciones y situaciones se acojan, no es una idea loca o imposible de lograr.

Claro que el electo presidente Gustavo Petro y su equipo de campaña y de próximo gobierno, no podrán pensar en nada diferente a tratar primero de lograr consolidar una mayorías en el Congreso, bajo no solo un compromiso de mecánica política que tenga en cuenta la repartición de las apetecidas cuotas dentro de la estructura del órgano Legislativo, Ejecutivo y los órganos de control, sino que además contenga como compromiso serio el Pacto Político que le permita sacar adelante el Pacto Social tan necesario y esperado por las mayorías del pueblo colombiano.

Es  el más grande anhelo de quienes nos autodenominamos como la “Generación de la Violencia”,  porque nacimos en medio de ella, crecimos, nos educamos y formamos en medio de ella, y muy posiblemente moriremos en medio de ella.