Las masivas movilizaciones en Colombia lograron tumbar el proyecto de reforma tributaria presentado por el presidente Iván Duque ante el Congreso. Además, hizo eco la propuesta de un diálogo directo con las organizaciones sociales y políticas, para concertar un nuevo proyecto y darle trámite y solución a las peticiones reiteradas que a éste y anteriores gobiernos se les han presentado.

Si la reforma tributaria fue retirada y se ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público redactar un nuevo documento, sobre la base de no incrementar el IVA a servicios públicos o la renta a personas naturales, ¿qué hace que las movilizaciones continúen y vayan en aumento?

Existen cuatro elementos que podrían dar respuesta a este interrogante: En primer lugar, el contexto socioeconómico del país; segundo, la carga tributaria que alguien debe asumir luego del incremento del gasto público en el 2020; tercero, la crisis institucional y; en cuarto lugar, los problemas de orden público y de vulneración a los derechos humanos.  

Respecto al contexto socioeconómico previo al paro nacional, el DANE rebeló que para el año 2020 la pobreza monetaria en Colombia llegó al 42,6%, registrando un retroceso de mas de 8 años en este indicador. Vale la pena mencionar, que aún sin pandemia la pobreza en el país había crecido un 1% por encima de la cifra registrada en el año 2018. La misma lectura aplica para la pobreza extrema, cuya cifra llegó al 12,8%. 

Sumado a lo anterior, la mas reciente encuesta de Confecámaras, que mide el impacto de la pandemia sobre el sector empresarial colombiano durante el presente año, rebeló que el 33% de las empresas se vieron obligadas a despedir empleados por cuenta de la pandemia, siendo este recorte, en la mayoría de empresas, superior al 80% de la planta de personal. Para ilustrar un poco sobre la situación actual en el sector, en la encuesta mencionada el 90% de las empresas aseguraron no estar en capacidad financiera y productiva para soportar nuevamente medidas restrictivas, ya que las ventas se vieron reducidas en un 65,2% en lo que va del 2021. Según el DANE, en pandemia se perdieron 509.370 microempresas en Colombia, significando así que las empresas de menor tamaño fueron las más afectadas.

Por último, lo descrito en el párrafo anterior, irremediablemente, incide sobre la tasa de desempleo en el país, indicador que ha alcanzado picos históricos y que presenta una situación compleja ante el lento proceso de vacunación y reactivación económica. Además, a esto también se suman otros problemas de vieja data, tales como el déficit de la balanza comercial o los 168 peajes del país que cobran entre $8.300 y $62.600 pesos según la vía y el tipo de vehículo, entre otros.  

Por otro lado, respecto a las obligaciones tributarias, teniendo en cuenta que según el Ministerio de Hacienda la deuda pública llegó al 61,4% del PIB y el gasto público se incrementó 5 puntos porcentuales frente al año anterior, debido a que la crisis de hambre hizo de los subsidios una necesidad inaplazable, la pregunta que ronda el debate nacional es ¿quién asumirá los costos de esto?: ¿la clase media, como se planteaba en el proyecto retirado?, ¿El sector financiero y la gran propiedad?, ¿el Estado mediante un plan de austeridad, un nuevo proyecto de reforma tributaria, ajustes en burocracia o venta de activos? La respuesta a esa pregunta es uno de los elementos clave para entender la permanencia de las movilizaciones.

En tercer lugar, frente a la crisis institucional sectores han denunciado con años de antelación, la supuesta concentración del poder en el ejecutivo, la pérdida del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza la figura republicana y la extralimitación de las facultades constitucionales de la presidencia. Esto se sustenta en el nombramiento de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, Margarita Cabello como Procuradora  General de la Nación y Carlos Camargo como  Defensor del Pueblo, personas allegadas al gobierno.

Se suma además, de que en tiempos de pandemia la corporación Transparencia Internacional aseguró que “el ejecutivo se convirtió en un legislador transitorio”, ello por los decretos presidenciales que regularon cada una de las medidas del país, anteponiéndose  en algunas ocasiones a las normas vigentes. En la misma línea se pronunció la Corte Constitucional cuando tumbó el decreto 558 de 2020 (Sentencia C-258/20),  asegurando que el uso injustificado de la competencia legislativa, en cabeza del Ejecutivo, es contrario al ordenamiento constitucional. Por último, a la crisis institucional se suman los desaciertos de algunas administraciones en el manejo de la pandemia, además de una histórica desconexión entre ésta y la ciudadanía, por los casos de corrupción o por no atender a sus necesidades. 

Para terminar, respecto al tema de seguridad y derechos humanos, la proliferación de las estructuras armadas, principalmente en la frontera  con Venezuela y el suroccidente del país, el asesinato de menores de edad en bombardeos de las Fuerzas Militares y la creciente ola de asesinatos, han generado voces de protesta en sectores nacionales e internacionales.

Para ilustrar un poco la situación, según Indepaz, solo en 2021, con corte al 29 de abril, cada 48 horas asesinaron un líder social en Colombia. A esto se suman los 22 asesinatos de excombatientes y las 35 masacres con 135 víctimas, registradas en los primeros 5 meses del presente año. 

En síntesis, sobre estos 4 elementos se condensan la mayoría de causas que hicieron y hacen movilizar a los ciudadanos. Estas trataron de explotar en 2019, fueron represadas por la pandemia y nuevamente explotaron en el 2021 por la reforma tributaria. Basado en lo anterior, se infiere que la agenda de diálogo será difícil, y mientras encuentran acuerdos, la situación se pone cada vez más complicada.