Los duros cuestionamientos que ha recibido la Policía Nacional por el uso indebido de la fuerza y los hechos en los que han sido asesinados y/o desaparecidos manifestantes que protestan por las medidas y actuaciones del Gobierno Nacional o la situación económica y social del país, ha llevado a que el Presidente Iván Duque, los congresistas de oposición y de la coalición de gobierno planteen soluciones legislativas de fondo. COFRADÍA hace un análisis de ellas.

Según fuentes institucionales y algunas Organizaciones No Gubernamentales, desde el 21 de noviembre de 2019 hasta la actualidad 82 personas fueron asesinadas en protestas. La mayoría, presuntamente a manos de miembros de la Policía Nacional: 4 a finales de 2019 durante el paro nacional, 13 en septiembre de 2020 durante las protestas por la muerte de Javier Ordoñez, y 65 en 2 meses de paro nacional durante el 2021.  Sumado a lo anterior, a finales del 2020 la Universidad de los Andes realizó una encuesta en Bogotá sobre la confianza del ciudadano en la Policía Nacional,  estudio que reveló que el respaldo a la institución decayó, pues en un tiempo de 10 años la confianza pasó del 43% al 23%, además, el 83% de los encuestados consideró que era necesario reformarla. 

Lo anteriormente expuesto abrió el debate nacional e instó a que diferentes actores institucionales tomarán medidas. En principio, fue la Rama Judicial a través de actos y sentencias que prohibieron determinado armamento y que ordenaron la creación del estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado. Después, fue la Rama Legislativa, la bancada de oposición radicó seis proyectos de ley sobre el uso y la verificación de la fuerza empleada por la policía; y, por último, el pasado 6 de junio, fue la Rama Ejecutiva, por intermedio del presidente Iván Duque Márquez, quien anunció una gran reforma a la Policía Nacional. 

¿En qué consiste la reforma? 

Conforme a lo expresado por el Presidente Duque, serán varios los cambios: se creará la dirección de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario; se presentará al Congreso de la República el próximo 20 de julio un proyecto de ley para crear un nuevo estatuto disciplinario, en aras de armonizar a la institución con los pronunciamientos de organismos internacionales y las altas cortes del país; se creará la dirección de educación y un centro de entrenamiento con el propósito de la profesionalización y el desarrollo policial; se radicará un proyecto de ley que regule la venta de armas traumáticas y los procedimientos del ESMAD; se creará un espacio de participación para escuchar a la ciudadanía y una comisión para evaluar las recomendaciones; se utilizarán herramientas tecnológicas como drones y cámaras de cuerpo; se cambiará el uniforme verde oliva por uno azul, “lo cual reforzará su naturaleza civil”; se trabajará por el desarrollo profesional con enfoque humano; se implementará un nuevo modelo de vigilancia que garantice la proximidad al ciudadano; y, se creará un nuevo viceministro de “Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana”, además, el Ministerio de Defensa pasará a llamarse “Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana”. Vale la pena mencionar que según el decreto 1512 de 2000 y  la ley 684 de 2001, la Dirección General de la Policía Nacional, la que conduce y dirige a la institución, está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa.

Las críticas 

Entre las voces discordantes, una de las que más ha tenido eco en el debate es la del politólogo y subdirector de la fundación Paz y reconciliación, Ariel Ávila, quien manifiesta lo siguiente: “Las medidas anunciadas, además de no ser dialogadas, no dan cuenta de los problemas de fondo. Primero, hay que discutir el papel de la policía en el aparato de seguridad, ya que es amorfo y ambiguo por la herencia del conflicto armado; segundo, debe pensarse en crear un ministerio de la seguridad y la convivencia, mandarla al Ministerio del Interior o cambiar el orden de prioridades en el Ministerio de Defensa; tercero, hay que cambiar los manuales de instrucción, eso es lo que va a permitir cambiar la famosa doctrina, que es la forma como la Policía entiende al enemigo, ya que el problema es que tenemos la doctrina del enemigo interno que entiende que el enemigo está en la sociedad; cuarto, cambiar la forma en cómo se está reclutando, la gente está saliendo muy mal preparada; quinto, hacer un control externo en materia de derechos humanos; sexto, quitarles el fuero penal militar. Les aseguro que el día en que se quite, el 90% de la violencia policial baja, porque hoy en día la Justicia Penal Militar es un antro de impunidad; y, por último, crear una policía rural para fortalecerla, que dé cuenta de la convivencia en el campo. Todo lo anterior se debe hacer con la participación de la ciudadanía y también con la participación de la Policía”.

Por otro lado, en el caso del fuero, quizás el punto más álgido del debate, el portal La Silla Vacía a través de derechos de petición solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y la Dirección de Derechos Humanos de Bogotá, información sobre los avances de los procesos por abusos policiales desde 2016 hasta el 2020, encontrando que de 7.491 denuncias, ninguna llegó a la etapa de imputación y sólo se registró 1 sanción en la procuraduría. El 69% de los casos fueron enviados a la Justicia penal Militar, vinculandola, según el estudio, con el amplio margen de impunidad registrado.    

Ahora, es necesario mencionar que la última decisión de la Corte Constitucional, en donde con una votación de 8 a 0 sacó de la Justicia Penal Militar y envió a la justicia ordinaria el proceso penal que se adelanta en contra del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, por la muerte del estudiante Dilan Mauricio Cruz Medina en el marco del paro nacional de 2019, abonó terreno en la materia, pues de fondo la Corte determinó que “cuando haya duda sobre si un acto delictivo tiene relación con el servicio o no, esa duda se debe resolver asignando la competencia a la justicia ordinaria”.

Cofradía se comunicó con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección General de la Policía Nacional para conocer la opinión oficial de la institución, la que manifestó su voluntad para resolver unas inquietudes que la revista planteó sobre el tema. No obstante, hasta la fecha de cierre de esta edición (domingo 26 de junio) aún no se había obtenido respuesta.

Los proyectos de la oposición

La oposición de congresistas al gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha venido insistiendo en una reforma estructural a la Policía y no un “maquillaje”, como denominan la anunciada reforma institucional.

En el Senado de la República se hallan radicados dos proyectos de ley, el primero, el 038 de 2020, presentado por los senadores Iván Cepeda Vargas y Antonio Sanguino, mediante el cual se propone “Regular el uso de la Fuerza y la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones públicas.” Presentado el 20 de julio de 2020 y asignado a la Comisión Segunda Constitucional, siendo ponente Iván Cepeda. El proyecto está pendiente para surtirse el primer debate.

El segundo proyecto radicado en el Senado es el 319 de 2020 y fue presentado por varios congresistas de la bancada opositora, dentro de los que figuran Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, María José Pizarro, entre otros.

Los cambios esenciales que proponen los congresistas son:

Prohibición de prácticas y procedimientos arbitrarios e irregulares, para lo cual se crean 9 principios sobre el uso de la fuerza, a saber: se prohíbe el uso de armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros en caso de amenaza inminente de muerte o de lesiones graves; se prohíbe el traslado de personas a CAI’s y Estaciones de Policía; los Centros de Traslado por protección deben ser administrados por las alcaldías municipales y no por la policía; se regula el registro a personas. Este podrá ser solo superficial, externo y no invasivo y deberá responder a los principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. 

Política de reclutamiento y formación: Se crean 10 principios que regirán la política de reclutamiento de la Policía. La Defensoría del Pueblo será la encargada de aprobar los planes de formación en materia de derechos humanos, democracia y paz.

Mecanismos de control externo: Se elimina la figura del Comisionado Nacional de la Policía y se crea una Auditoría Policial adscrita a la Defensoría del Pueblo, la cual tendrá las funciones de recibir denuncias ciudadanas, presentar denuncias ante autoridades competentes, celebrar audiencias públicas, emitir informes trimestrales y anuales sobre la situación de derechos humanos y la Policía Nacional, crear un registro nacional de faltas de la Policía, entre otras.