El fenómeno de la diversidad y libertad sexual en los seres humanos adquiere todos los días más notoriedad en los Estados del mundo. En algunos, es prohibida y castigada con la pena de muerte. En otros, es permitida y consagrada como un derecho constitucional. En Colombia ha venido evolucionando, aunque algunos sectores extremistas se oponen por ir en contra de creencias religiosas y “contra natura”, como suelen justificarla. Aquí, un análisis desde la perspectiva constitucional y legal.

Aunque actualmente la población LGTBIQ+ es objeto de reconocimiento e inclusión en diferentes latitudes del planeta, existen países que conservan prácticas y normas punitivas frente a temas de diversidad sexual. En el caso colombiano, aunque la acción del Estado reconoce la necesidad de ofrecer derechos a este segmento poblacional, las políticas públicas y la protección contra la discriminación, que en ocasiones reproduce la misma institucionalidad, es tarea pendiente. 

Fue apenas hasta el año anterior que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) incorporó preguntas de orientación sexual, identidad de género e identidad sexual en la “encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas”, para reflejar esta población en los datos del país. 

Según la encuesta, el 1,2% de la población entre 18 y 65 años que viven en centros urbanos, son gais, lesbianas o bisexuales y, el 0,05% son transgénero. Además de reconocer que no existe información sobre la población LGTBIQ+ en el sector rural, el DANE también reconoce que esta información debe ser atendida con cautela, ya que tiene baja prevalencia estadística y podría tener imprecisiones, debido a que la gente se cohíbe al contestar por miedo a la discriminación. En ese orden de ideas, los datos podrían ser mayores, tesis que también comparten diferentes ONGs. 

De hecho, en el decreto 762 de 2018 el Ministerio del Interior, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Defensoría del Pueblo, evidenciaron un déficit de información para formular las propuestas de políticas públicas asertivas de garantía de derechos hacia esta población, elemento que no deja de generar suspicacias respecto a la efectividad que pueda tener actualmente la acción del Estado en el nivel nacional, para atender las necesidades de la población LGTBIQ+. 

Para ejemplificar el letargo en la materia, no sólo del Estado, sino también del sector privado, según el Centro Nacional de Consultoría y las Cámaras de Comercio, el 50% del personal que trabaja en áreas de talento humano en Colombia, no tienen idea de cómo abordar los temas de diversidad sexual en el entorno laboral. Lo anterior, es un insumo trascendental para entender el nivel de desempleo en esta población, especialmente en las personas trans.  

Política pública LGTBIQ+ en el Tolima

A la fecha no existe política pública para la población LGTBIQ+ del departamento del Tolima. No obstante, el pasado 09 de julio, el Secretario de Inclusión social José Alfredo Camacho, anunció que durante el segundo semestre del presente año se estará construyendo. Para tal propósito, se espera contar con la participación de diversos líderes de la comunidad y, aunque existen dudas sobre los sistemas de información, se espera garantizar algunos aspectos básicos para su bienestar. 

Comunidad LGTBIQ+ en Ibagué 

En el municipio de Ibagué sí existe política pública. Actualmente está en vigencia el acuerdo 015 de 2019 que derogó el acuerdo 013 de 2015, reestructuró la política pública anterior y planteó la denominada “Ibagué por una comunidad LGTBI con goce efectivo de derechos y reconocida en su diversidad (2019-2029)”, la cual, sobre criterios de integralidad y flexibilidad, abordará temas como: derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; participación e inclusión; y reconocimiento de la diversidad.

Aunque está en implementación, la información suministrada por el Centro de Información Municipal para la Planeación Participativa, evidencia que la tarea será compleja. 

El 45% de la población LGTBIQ+ en Ibagué hizo hasta la secundaria; el 44% pertenece al régimen subsidiado de seguridad social y; el 87% de la comunidad ha sido víctima de algún tipo de discriminación o violencia basada en género. Respecto al último dato, el 38% de las personas no denuncian el hecho ante las autoridades competentes y, otro 27% sí denuncia el hecho, pero, ante una organización LGTBIQ+, evidenciando amplia una deslegitimidad de las instituciones.

Por último, el Municipio realizó una encuesta respecto a la percepción de los otros ciudadanos hacia la población LGTBIQ+. Los datos arrojaron que el 32% de los encuestados se encuentran en la categoría  “muy homofóbicos”, el 16% en “homofóbicos” y el 28% en “poco homofóbicos”, evidenciando un largo camino por recorrer en materia de reconocimiento, respeto e inclusión.

Violencia y conflicto armado 

Según la Defensoría del Pueblo, en el 2020 76 personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ fueron víctimas de homicidio, 58% mas que  en el año anterior. En este informe llama la atención que la mayoría de los casos eran precedidos por denuncias y que el 40% de los homicidios se registraron en la región Caribe. Los gais fueron los más afectados, seguidos por las personas trans y por las lesbianas. 

En cuanto al conflicto armado, según el Registro Único de Victimas,  2.150 víctimas son LGTBIQ+. 1.982 fueron sometidas a desplazamiento forzado, 469 sufrieron amenazas, 105 fueron asesinados y 169 padecieron delitos contra la libertad y la integridad sexual. Vale la pena mencionar que, por un lado, una persona pudo sufrir varios hechos y, por otro lado, 1.321 han recibido algún tipo de indemnización administrativa.  

Habla la comunidad LGTBIQ+ en Ibagué 

La marcha del orgullo LGTBIQ+  del pasado 28 de junio que fue replicada en múltiples ciudades del planeta tenía una característica especial en Colombia, debido a que fue articulada a las protestas que ha vivido el país en los últimos meses. En la marcha de Ibagué, Cofradía entrevistó a algunos líderes de la comunidad sobre los motivos de la movilización, esto fue lo que dijeron:

“Nosotros apoyamos el paro porque hemos sido víctimas de la Policía Nacional, esta institución nos ha violentado históricamente, especialmente a las mujeres trans; por eso, nosotros desde hace muchos años hablamos de reformar esta institución. Hay otras causas como la implementación de la política nacional pública LGTBIQ+, que no ha podido ser implementada porque este gobierno ha tenido una clara posición anti derechos. Por otro lado, el tema de los acuerdos de la Habana, que no refieren exclusivamente al tema de excombatientes, también habían unos puntos específicos respecto a la consecución de derechos para la población LGTBIQ+, inmersos en lo de la reforma agraria, en lo de la participación política, temas de libre expresión; nosotros hemos sido víctimas del conflicto armado”, expresó Jean Paul Saumon, miembro del colectivo Pringamoza.

“Nosotros somos pueblo y nos tenemos que apoyar, a nosotros también nos están matando, en Bogotá y en Buga hace poco mataron integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Además, en lo que refiere a las medidas institucionales que garantizan los derechos de la población LGTBIQ+, tengan en cuenta que ni siquiera están respetando los derechos de la demás población”, compartió una persona que no quiso identificarse. 

Por último, la jornada culminó con la intervención de Yina, una mujer trans que pertenece a la fundación Paz y Alegría Diversa: “Hoy no es un día de orgullo, no nos enorgullece que nos estén matando, y a nosotras también nos matan, pero seguimos luchando, cada día de nuestras vidas luchamos, cuando nos maquillamos, salimos a la calle y la gente nos grita ¡Se le ven las huevas!, pero acá seguimos y no nos importa, las chicas trans siempre estamos en pie de lucha, esto es por todos, acá caben todos, la comunidad LGTBIQ+ y los heterosexuales, que también luchan porque son nuestras familias y también les duele que nos maten”.