El alto costo de los peajes en Colombia ha agravado la situación del transporte público y de carga, siendo una de las razones para que los dueños de camiones y tractomulas estén vinculados activamente al Paro Nacional que completa más de 35 días. COFRADÍA hace un análisis sobre su concesión, aumento escalonado e incidencia en el transporte.

Según camioneros y empresarios del transporte entrevistados por la Revista Cofradía en el marco del paro nacional, los peajes abarcan casi el 50% de los costos de operación del transporte de carga por carretera, con el agravante de no poder subir el flete en la misma proporción cuando éstos o la gasolina suben de precio. Manifiestan que actualmente trabajan casi que a pérdida.  Vale la pena mencionar que según informe de la Revista Semana, Colombia junto a Uruguay es el tercer país con los peajes mas caros de Latinoamérica. 

Actualmente Colombia tiene 168 peajes. 100 están concesionados y a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 45 son administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías), y el resto están bajo jurisdicción de autoridades regionales. 

Aunque las tarifas ya eran altas, en el año 2021 el costo de los 45 peajes administrados por Invías tuvo un incremento del 1,61% que corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el DANE. 

Pese a la inconformidad, Invías manifiesta que los peajes son necesarios en la medida que contribuyen al mantenimiento de las vías y permiten financiar la construcción de obras públicas. Según balance suministrado por el instituto en el año 2020, con el recaudo de los peajes se atendieron 1.427 emergencias viales, se intervinieron 2.018 kilómetros de carretera, se iniciaron 237 proyectos y se construyeron 144 kilómetros nuevos de doble calzada. 

Además de lo anterior, vale la pena mencionar que en Colombia existen otros impuestos que también son destinados para el mantenimiento y la construcción de vías, como es el caso de la sobretasa a la gasolina, uno de los “impuestos temporales”, que al igual que el cuatro por mil lleva más de 20 años de vigencia. Este impuesto aplica tarifas diferenciales sobre el valor del combustible según la jurisdicción territorial: municipios (18,5%), departamentos (6,5%) y Distrito Capital (25%). Por otro lado, existe otro impuesto a vehículos motorizados en donde se pagan tarifas del 0.5% al 3.5% según el tipo de vehículo (El cálculo sale del valor del avalúo comercial). Por último, también está el Impuesto Territorial de Circulación, Tránsito y Rodamiento que se cobra a vehículos de servicio público. 

Otra inconformidad expresada por distintos sectores sobre los peajes, es la distancia que hay entre estos. Por ello, iniciando el presente año, en el Congreso de la República se empezó a tramitar un proyecto de ley que fijaría una distancia mínima de 150 kilómetros entre un peaje y otro. El ponente del proyecto, Representante Fabián Díaz Plata, argumenta que existen vías con un peaje cada 48,5 km (Manizales – Medellín), e incluso, vías con  26 km (Bogotá – Sopo) de distancia entre uno y otro. 

Mientras aún no se resuelve el asunto, los peajes siguen siendo un tema álgido y trascendental en el marco de las protestas, incluso, han llegado a ser blanco de hechos vandálicos, unos incinerados y otros removidos por la fuerza. Independientemente de ello, la mayoría siguen funcionando y generando utilidades. 

Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es: además de la parte que corresponde al Estado ¿Quién más se beneficia de este lucrativo negocio?

Los dueños de los peajes

Los 100 peajes en concesión se encuentran distribuidos en diferentes vías, a cargo de cada una se encuentra un concesionario o asociación transitoria en la que figuran diversas empresas. El portal “La silla Vacía”  reveló el nombre de las 5 personas o familias que tienen mayor participación en el negocio, información que la Revista Cofradía pudo constatar revisando las tablas de peajes suministradas por el portal de la ANI, en donde figuran las empresas a cargo de cada concesión. 

El principal participe es el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien a través de la corporación financiera Corficolombiana y las empresas PISA (Proyectos de Infraestructura), EPISOL (Estudios y Proyectos de los Andes), Concecol (Colombiana de concesiones y licitaciones), Coviandina y Epiandes, tiene a su cargo 10 concesiones, de las cuales 5 fueron entregadas en el gobierno de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras. Vale la pena resaltar que el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, fue condenado por el caso Odebrecht  referente al proceso de licitación de la Ruta del Sol II, en donde tenían un 33% de participación.

En segundo lugar, se encuentra el señor José Jairo Correa Gómez, dueño de Construcciones el Cóndor S.A y responsable de 8 concesiones; en tercer lugar, se encuentra Mario Huertas Cotes, propietario de MHC, la cual tiene 6 concesiones, entre ellas las tres concesiones de cuarta generación más grandes del país. En cuarto lugar,  Carlos Alberto Solarte y la empresa familiar CAS, quienes participan en las licitaciones  a través de las sociedades Consorcio Solarte – CSS Constructores, Carlos Alberto Solarte y CASS Constructores. Tienen a su cargo 8 concesiones y son socios minoritarios de la controvertida Ruta del sol II; Por último, la familia Aristizabal, propietaria de la constructora Concreto, Socios por mitad en la ampliación a tercer carril de la doble calzada Bogotá – Girardot (hasta 2046) y socios minoritarios de otras 4 importantes concesiones. 

Para concluir, vale la pena mencionar que estos importantes proyectos requieren un fuerte músculo financiero, de ahí su estrecha relación con el sector bancario, quienes en algunas ocasiones asumen hasta el 70% de la financiación. No obstante, el negocio es extremadamente rentable, se pacta a períodos extensos y cada concesión puede tener entre 1 y 4 peajes, en los que circulan millones de vehículos que pagan entre $8.300 y $62.600 pesos según el tipo y la vía.