Como una contribución al debate y la búsqueda de caminos para el diálogo y la concreción de soluciones, la Revista COFRADÍA presenta un análisis de los últimos sucesos ocurridos en nuestra ciudad, a consecuencia de las movilizaciones populares que ya completan 20 días.

En el más reciente informe de la Defensoría Nacional del Pueblo se registran 5.219 movilizaciones y manifestaciones populares en el país desde que se inició el actual Paro Nacional. Aunque no hay unidad de criterios entre actores institucionales sobre el número de víctimas que ha dejado la difícil situación de orden público en Colombia, el órgano de control reportó 42 muertos y 168 desaparecidos.  

Por otro lado, respecto a los daños materiales, el Ministerio de Defensa ha reportado hasta el momento afectaciones en 305 establecimientos comerciales, 421 oficinas bancarias, 1052 vehículos de transporte público, 156 estaciones de transporte público, 13 motos particulares, 87 estaciones de servicio, 407 cajeros automáticos, 35 vehículos particulares, 2 instituciones religiosas y 1 hotel.

Frente a esto, las denuncias sobre infiltración de actores armados o delincuentes en las manifestaciones y las denuncias sobre el tratamiento militar de las expresiones ciudadanas o los excesos de la Fuerza Pública, pululan sin cesar en el debate nacional.

Independientemente de si la situación de orden público se debe a acciones coordinadas por actores específicos o si es la simple ira del pueblo motivada por causas objetivas como la miseria, el hambre o la difícil situación social, lo único verídico es que la Fuerza Pública, para resolver y no exacerbar la situación, está en la obligación de obrar acorde a los protocolos establecidos y la normatividad vigente, mientras se encuentran salidas concertadas entre el Estado y todos los actores sociales involucrados. 

El orden Público en Ibagué  

El decreto 003 del 5 de enero del 2021, denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, regula la acción de los actores institucionales frente a las manifestaciones. Teniendo esto presente, la Revista Cofradía reconstruyó, a partir de lo reportado por sus corresponsales, las jornadas más difíciles en materia de orden público en Ibagué, el origen de los enfrentamientos, los hechos de vandalismo y las acciones que presuntamente contrarían las directrices del estatuto en mención.  

28 Y 29 de abril

El primer día de paro, obrando sobre el principio de la finalidad legítima en el uso de la fuerza, en donde ante un escenario de perturbación de orden público, las actuaciones están dirigidas a la contención o al restablecimiento de dicho orden, el ESMAD intervino cuando un grupo de personas atacó a piedras las instalaciones de la Alcaldía de Ibagué y otro intentó ingresar por la fuerza al estadio Manuel Murillo Toro. Ante la inmediatez del acontecimiento, fue difícil establecer canales de diálogo y mediación. No obstante, quienes ostentan esta responsabilidad (Gestores de convivencia) ya se habían retirado del lugar, contrariando la directriz de desactivar los protocolos sólo cuando se termina la movilización.

Al día siguiente, sin previo aviso, elemento que, según el estatuto no es requisito para ejercer el derecho a la protesta y no es impedimento para activar todos los protocolos, la ciudadanía hizo un plantón en la calle 42 con carrera quinta. Según lo registrado en videos captados por nuestros corresponsales, la Fuerza Pública presuntamente se saltó las etapas de “diálogo, interlocución y mediación” y la “intervención diferencial de la Policía Nacional”, desplegando en primera instancia al ESMAD, quienes deben ser utilizados como último recurso. Según Luisa Robayo, líder social, esto fue recibido como “un acto de provocación”. De hecho, se pudo constatar que las alteraciones al orden público tuvieron inicio posterior y no previamente a la llegada del ESMAD. No obstante, la versión entregada por la Policía Metropolitana, hablaba sobre la necesidad de intervenir ante un evidente caso de vandalismo a establecimientos comerciales. 

1 Y 3 de Mayo

El 01 de Mayo, aproximadamente a las 5:45 pm, mientras una concentración de manifestantes tenía lugar en la calle 37 con carrera quinta, uno de nuestros corresponsales en compañía del defensor de Derechos Humanos Jorge Montañés, presenció hechos como hurto y vandalismo en los alrededores del Estadio Manuel Murillo Toro y la avenida Ferrocarril, perpetrados al parecer por hinchas del Deportes Tolima, que querían impedir el encuentro entre los equipos Millonarios y el América. Ante este hecho aislado, la policía intervino. No obstante, los delincuentes ante la arremetida de la Fuerza Pública huyeron por toda la avenida 37 y se ocultaron en la manifestación. Cuando los uniformados hacen presencia en el lugar, omitiendo el principio de “Diferenciación”, deciden disolver a todas las personas, dando origen a un enfrentamiento de mayor proporción. 

Esa noche, omitiendo lo establecido en el artículo 35 del decreto 003 de 2021, que prohíbe el uso de armas de fuego en la intervención de la policía y el principio de la “Proporcionalidad”, que regula el nivel de fuerza según la intensidad y la peligrosidad de la amenaza, la policía abre fuego contra personas que lanzaban piedras a establecimientos comerciales y al mismo tiempo contra decenas de manifestantes que corrían por la carrera quinta, hecho en el que Santiago Murillo, de 19 años, fue asesinado. 

Aunque el Inspector de la Policía Nacional, Jorge Ramírez, comunicó al país la captura de 2 oficiales por la presunta participación en la muerte de Santiago Murillo, aún quedan muchas dudas sobre la operatividad del engranaje institucional en aquella noche. ¿Hubo interlocución entre el Puesto de Mando Unificado y los agentes de la policía?, ¿Hubo coordinación interinstitucional? Frente a todos estos hechos, la ley obliga al alcalde del Municipio, en un plazo de 3 meses, a entregar explicaciones públicas y satisfactorias ante los medios de comunicación sobre el caso.

Dos días después, mientras las manifestaciones continuaban, tuvo lugar un hecho que provocó el rechazo de toda la comunidad, incluyendo a los mismos manifestantes. Un grupo de aproximadamente 40 personas saquearon varios locales ubicados en la calle 37, hurtando desde medicinas hasta motocicletas. En una acción oportuna, la policía logró dar con la captura de uno de los ladrones y devolver diversos objetos hurtados. 

Frente a estos dos acontecimientos, el Comandante de la METIB, Jovani Benavides, hizo un paralelo. Sobre el caso de Santiago Murillo manifestó: “La institución respeta los derechos humanos y actúa frente a casos que se aparten de la ley y los reglamentos internos”, y por otro lado, frente a los casos de saqueo manifestó “que la institución perseguirá y judicializará a los delincuentes”. 

Tensa calma 

Para terminar, aunque las jornadas de movilización persisten, la escalada de violencia, a diferencia de otros territorios, ha sido contenida. Aún así, persisten diversas situaciones que deben ser esclarecidas. Hay denuncias de que desde carros particulares que se movilizaban por la calle 37 se hicieron disparos contra manifestantes; de que un GanaGana fue objeto de vandalismo por el ESMAD; de que no hay interlocución entre diferentes instituciones, y de infiltración en las manifestaciones. 

Todo esto tiene lugar mientras se buscan salidas concertadas, aunque por ahora sin muchos frutos.