La explotación de oro a cielo abierto de la mina Apone en Ataco por parte de la empresa Ingecol, tiene en curso dos acciones de nulidad presentadas tanto por el distrito de riego de Usosaldaña, como por la Corporación Podion. A la fecha, el proyecto se encuentra paralizado por orden del Tribunal Superior de Neiva. 

El Tribunal Administrativo del Tolima aceptó la acción popular interpuesta por el procurador Ambiental y Agrario, David Rubio Jiménez, en contra de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), que expidió la licencia ambiental 4416 de diciembre 2019 para la explotación de oro a cielo abierto en Ataco,  a favor de la empresa Sociedad Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S. Autoridad ambiental que para la época de expedición de la licencia era dirigida por Jorge Enrique Cardozo Rodríguez.

Mediante auto del 9 de octubre, el Tribunal Administrativo dio traslado para que Cortolima e Ingecol se pronuncien con respecto a la demanda, la cual busca la protección de los derechos colectivos de las comunidades aledañas al proyecto. 

La explotación de oro a cielo abierto se llevará a cabo al margen del río Saldaña entre las veredas Santa Rosa y Balsillas, en jurisdicción de los municipios de Ataco y Chaparral. Aunque el título minero fue otorgado en un área de 347 hectáreas, la licencia solo autoriza la explotación de oro en 53 hectáreas.

Para la Procuraduría, el estudio de impacto ambiental presentado por Ingecol no permitiría medir y conocer el impacto de la mina Apone en el agua y el suelo. 

Cortolima otorgó la licencia al proyecto por el término de 30 años. La mina supone la extracción de 360 mil gramos de oro al año y de cerca de tres millones de toneladas de arena y grava.  

La Corporación Podion, solicitó a principio de año ante Cortolima la revocatoria directa de la licencia por las deficiencias que tendría el estudio de impacto ambiental el cual «se limita al polígono minero, desconociendo posibles afectaciones al aire y al agua que pueden sobrepasar esos límites» y que impide saber si las comunidades indígenas se verán afectadas o no. 

De igual manera, por el otorgamiento de la licencia a pesar de que la autoridad ambiental solo avaló el 52 % del Plan de Manejo Ambiental presentado por Ingecol, y que permitiría que el privado asuma los impactos ambientales que pueda generar la explotación del metal en el área de afectación del proyecto. 

No obstante, la acción fue negada por Cortolima. 

El coordinador del programa Socioambiental de la Corporación Podion, Luis Enrique Orduz, indicó que a la fecha cursan dos acciones de nulidad en contra del proyecto: una interpuesta por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras del Río Saldaña (Usosaldaña) y otra más por la corporación. 

«Este proyecto ha sido atacado por todos los medios legales: a través de tutelas por las comunidades indígenas, acciones de revocatoria directa, una acción de nulidad por parte de Usosaldaña y nosotros interpusimos una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, y ahora la Procuraduría con la acción popular. Todo esto en razón a los vicios de legalidad que tiene esta licencia que no se debió haber otorgado», hizo énfasis el profesional.

Según Orduz, Ingecol ya había iniciado labores en la zona para la remoción de tierra, pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva  en fallo de tutela en favor del resguardo indígena Ambulú, ordenó el cese de actividades de manera transitoria por la no consulta previa con los habitantes aledaños al lugar. 

«Se han realizado unas visitas a la zona con el Ministerio del Interior para verificar que la información que se dio con la acción de tutela fuera cierta, es decir que esa zona sí fuera habitada por las comunidades indígenas, entre otras cosas. Esa mina hoy no puede estar en actividades», precisó.

La Corporación Podion pretende coadyuvar en la acción popular interpuesta por la Procuraduría y ser parte del proceso.