En lo corrido del año 2021, según la base de datos de la ONG Indepaz, se han presentado 88 masacres, con un saldo de 313 muertos. En el departamento del Tolima se han registrado 3, con un saldo de 10 víctimas, específicamente en los municipios de Ambalema, Espinal y Rioblanco.

Parafraseando aquella canción de Manu Chao, “esa olla, esa mina, esa finca, ese mar, ese grupo armado, ese federal, ese sapo, ese general y el que mata son propiedad del señor matanza”; vale la pena preguntarnos entonces: ¿Quién es el señor matanza?

Pese a las masacres registradas en lo corrido del año 2021 o el elevado número de líderes sociales asesinados, las autoridades colombianas aún no logran descifrar la identidad de los responsables intelectuales. Por otro lado, la cuota de sangre institucional es aportada por decenas de policías asesinados en el marco de una guerra desigual; en estos casos sí ha sido posible determinar la autoría del crimen. Nos encontramos entonces con dos fenómenos diferentes y un factor común, la sangre del pueblo colombiano. 

Sintetizando el panorama, mientras reconocidos grupos armados ilegales ciegan en gavilla la vida de patrulleros, una desbandada de sicarios clandestinos matan a centenares de ciudadanos, generalmente identificados, según los datos expuestos por el politólogo Ariel Ávila en el libro “¿por qué los matan?”, en 4 categorías: “Reclamantes de tierras o verdad, miembros de Juntas de Acción Comunal que se oponen a economías ilegales, denunciantes de corrupción, y líderes ambientales”.  

“El que mata no es el mismo, pero matan al mismo”, expresa el politólogo, resaltando que la sistematicidad de los asesinatos yace en el perfil de las víctimas (60% se ubican en 4 categorías), no en los actores materiales, ya que el 70% de los asesinatos, dice su estudio, son perpetrados por “actores desconocidos”, “sicarios que suelen utilizar la chapa de Águilas Negras (cosa que no existe)”. 

¿Quién paga los sicarios entonces? Esta pregunta no ha logrado ser resuelta por las autoridades. 

Masacres

En lo corrido del año 2021, según la base de datos de la ONG Indepaz, se han presentado 88 masacres, con un saldo de 313 muertos. En el departamento del Tolima se han registrado 3, con un saldo de 10 víctimas, específicamente en los municipios de Ambalema, Espinal y Rioblanco. Según el informe, los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca y Valle del Cauca, información que se traduce en territorios del Magdalena Medio y el suroccidente del país, zonas con fuerte presencia de grupos armados. 

A falta de un mes para finalizar el 2021, las cifras se acercan a las obtenidas en el 2020, año en el que se presentaron 91 masacres, en 66 municipios, con un saldo de 381 víctimas. Aunque los departamentos más afectados también fueron Antioquia y Cauca, Bogotá D.C, por cuenta de las protestas entre el 9 y el 14 de septiembre de aquel año, aportó al registro un número considerable de personas asesinadas en solo 3 masacres.

Ahora, el cruce de mapas que ilustran sobre el control territorial de los grupos armados en Colombia, evidencia la relación entre la presencia de éstos y el registro de las masacres. Los mapas trazan líneas imaginarias que parten en 3 al país: las zonas controladas por el ELN; las zonas controladas por los grupos Post-FARC, es decir, por las diferentes disidencias; y, las zonas controladas por los grupos Narco paramilitares. 

Más allá de la discusión que genera el uso de la categoría “narco-paramilitar”, debido a que sectores institucionales y afines, desconocen la emulación de prácticas y propósitos que caracterizaron a las estructuras paramilitares de las décadas pasadas en estas organizaciones, el mapa ofrece información de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Pelusos, los Pachecos, los Rastrojos y los Caparros. 

Vale la pena mencionar que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Clan del Golfo son la misma organización, la primera es la autodenominación del grupo, compartida por algunas investigaciones, y la segunda, es la denominación atribuida por el Estado Colombiano, en aras de suprimir en este actor armado, la carga ideológica paramilitar. 

En síntesis, aunque los asesinatos son perpetrados en un 70% por sicarios pagados y en un 30% por actores armados reconocidos, la conexión entre zonas con registro de masacres y zonas con fuerte presencia de grupos armados daría indicios sobre autorías intelectuales. 

Policías asesinados en una guerra desigual

Según datos del Ministerio de Defensa Nacional, en lo corrido del año 2021 47 policías han sido asesinados a manos de grupos armados. La cifra representa un incremento del 247%, teniendo en cuenta que en el año anterior se registraron 19. 

Los móviles han permitido identificar autorías y responsabilidades. A diferencia de lo que sucede con el 70% de los líderes sociales asesinados, cuyo verdugo generalmente es un sicario clandestino, los policías son asesinados por personal plenamente identificado, uniformados con prendas y distintivos específicos. 

Para ejemplificar lo descrito se trae a colación el hecho que se presentó a mediados de octubre, en donde los patrulleros José Alejandro Goyes Aguilera y Wilmar Alfonso Guzmán Martínez, oriundos de Ibagué, fueron emboscados y asesinados por un grupo de 25 personas, los cuales portaban camuflados y brazaletes alusivos a una disidencia de las FARC. 

El extenso despliegue de estas estructuras, su financiación y el control efectivo que ejercen sobre los territorios, representan una debilidad para una fuerza que brinda acompañamiento ciudadano y opera en el marco de una dualidad, ya que constitucionalmente es un cuerpo armado de naturaleza civil, que debe ofrecer seguridad en zonas que demandan asistencia militar, no policial. 

No obstante, la asistencia militar se mezcla con la necesidad de una fuerza de naturaleza civil que dirima los conflictos ciudadanos mas simples. Entonces nos preguntamos: ¿Policía o Ejercito? Esta disyuntiva aparece cuando un escenario de guerra coexiste con un escenario de ciudadanía. Lo cierto es que, por efectos de armamento, control del territorio, material de intendencia y número de efectivos, la policía, una fuerza de naturaleza civil, está enfrentando una guerra desigual que en lo corrido del año ha cobrado la vida de casi medio centenar de patrulleros. 

Líderes sociales asesinados

Un líder social es toda persona que ejerce una representación de derechos dentro de una comunidad que lo reconoce. Es decir, asume un rol de liderazgo en aras de conservar, defender u obtener derechos colectivos, sin necesidad de figurar en papeles como representante legal de alguna institución u organización. Pese a su importancia para las comunidades, en la democracia colombiana, la más antigua del cono sur, están siendo asesinados sistemáticamente.

Según la base de datos de Indepaz, en lo corrido del año 2021 han sido asesinados 152 líderes sociales y defensores de derechos humanos, cifra que es acompañada en el informe por 43 homicidios a firmantes de paz. Vale la pena mencionar que, en el año del confinamiento, es decir, en el 2020, Indepaz registró el asesinato de 310 líderes sociales, 12 defensores de derechos humanos y 64 firmantes de paz.

En los registros se evidencia que el 25% de los líderes sociales asesinados se tratan de líderes indígenas, el 22% de excombatientes y el 17% de líderes cívicos. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 2016 y el 2020, 753 líderes sociales fueron asesinados. Aunque existen diferencias entre las cifras del Estado y las cifras de diversas ONG, se habla de aproximadamente mil, una cifra que le ha dado en varias ocasiones a Colombia, el título del país en dónde más asesinan líderes sociales, vergonzoso reconocimiento que hizo la ONG Front Line Defenders en el año 2020.

Las cifras anteriormente expuestas se siguen incrementando mientras las autoridades niegan u ofrecen un endeble criterio de sistematicidad, argumentando diversidad en la autoría de los crímenes. Aún así, como se planteó al principio de la nota, la sistematicidad se encuentra en el perfil común de las personas que asesinan, no en las personas que disparan. 

Para terminar, es evidente que el lastre de la violencia sigue agobiando y tocando a la puerta de los colombianos, eso sí, con dinámicas diferentes a las rastreadas en décadas anteriores. No obstante, el “señor Matanza” sigue recorriendo el territorio nacional, dejando a su paso una historia de sangre, lagrimas, frustración y atraso. 

COFRADÍA mostró y sustentó con rigor a lo largo de este año el deterioro de la seguridad y la difícil situación de orden público que vive el país, el incremento de fenómenos como el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos, expuso los desaciertos de la institucionalidad y la posición de una ciudadanía que, parece, cada vez se conmueve menos. 

Desde esta redacción abogamos por un alto al fuego desde todas las orillas e insistimos en respetar la vida de todos los seres humanos, con o sin uniforme.