El acuerdo Regional 003 de 2018 de la Región Administrativa de Planeación Especial- RAPE Central mediante el cual se declaran los hechos regionales y adopta el Plan Estratégico Regional (PER), estableció en su artículo 5 que “contribuir al posconflicto” es uno de los propósitos del PER.

El PER, es un documento de planeación y gestión que orienta las acciones de la RAPE-Central y tiene una vigencia de tres periodos constitucionales, además, los elementos “posconflicto” y “Paz” son transversales en el documento.

La consecución de este propósito y el nivel de compromiso de los asociados a la RAPE-Central con el posconflicto, pese a estar fijado en el PER, está sujeto a la articulación entre la iniciativa regional y el Plan Departamental de Desarrollo de quienes la integran. En ese orden de ideas y, teniendo presente los cambios de las administraciones departamentales y municipales para el periodo 2020-2023, es menester revisar la presencia de los componentes paz y posconflicto en los PDD recientemente aprobados. 

En el caso del Departamento del Tolima, vale la pena resaltar que la mayoría de los elementos relacionados al posconflicto, fueron incorporados luego de discusiones en la Asamblea Departamental por una primera versión que no contaba con estos elementos. Al final, la ordenanza 006 de 2020 aprobó un Plan de Desarrollo con las siguientes características en términos de posconflicto:

En primera instancia, en el parágrafo 9 del artículo 3 se estableció un cuadro de articulación entre la mayoría de los programas establecidos en el PDD y los puntos del Acuerdo final firmado entre el Estado Colombiano y las FARC.

Por otro lado, para dar cumplimiento a estos elementos, el departamento se trazó las metas de incrementar en un 50% la participación ciudadana, atender integralmente a 50.800 víctimas, activar 6 consejos territoriales de paz, apoyar a los cuatro municipios PDET del Tolima con proyectos, reducir en 4,4% el índice de informalidad en tenencia de predios, ofrecer 1 servicio de asistencia técnica para iniciativas de memoria, ofrecer 4 servicios de apoyo para emprendimientos en ETCR Y NAR y, diseñar una nueva ruta de atención para prevención de asesinatos de líderes sociales, de los cuales 33 se encuentran amenazados según registros del departamento.   

Luego de la revisión, llaman la atención tres elementos: en primer lugar, el número de metas referentes al posconflicto es menor en relación con los diferentes puntos de articulación presentados en el cuadro del artículo 3; en segundo lugar, en relación a la reparación de víctimas, aunque se incluya la categoría “integral” no existe referencia taxativa o mención alguna a la articulación de las directrices de la ley 1448 de 2011 y el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición (SIJVRR); y, en tercer lugar, cuando se hizo el diagnóstico de seguridad se expuso la existencia de 4 alertas tempranas sobre el crecimiento de disidencias en un 30% del territorio y se asignó un criterio de sistematicidad, elemento que sustenta la inyección presupuestal para la actualización y mejora de equipos en la fuerza pública. El asunto radica, en que  las bases de datos de otras fuentes no sostienen el criterio de “sistematicidad” en proliferación de disidencias en el departamento manejado por el PDD, elemento que deja un manto de incertidumbre. Ver Mapa.

En lo que se refiere al departamento del Meta, el elemento posconflicto tiene dos naturalezas muy demarcadas, una de coerción y otra de consenso. Es decir, una en la que la paz se subsume a un asunto estrictamente de orden público y, otra en la que la paz se asume como elemento integral y en el que se requiere la implementación de los acuerdos de La Habana. 

La prioridad asignada a los asuntos de seguridad y defensa obedecen a que en el departamento existe presencia activa y comprobada de los GAO-Residuales (E-1, E-7, E-40), los GAO (Clan del golfo y puntilleros) y diversos GDCO.

Ahora, en paralelo a lo anterior, reconocen el compromiso institucional con la implementación de los acuerdos y, sus componentes como un elemento importante para el contexto del departamento. En ese orden de ideas el PDD plantea:

Apoyar el acceso a la clarificación y formalización de la propiedad rural, ya que 26.468 predios se encuentra con indicios de informalidad; constituir Zonas de Reserva Campesina; mediar en conflictos por actividades mineras y de hidrocarburos; priorizar municipios PEDET en términos de salud; crear siete eventos o talleres para asuntos de memoria colectiva como elemento de reconciliación; apoyar la formulación de proyectos en municipios PDET, implementar una política para la atención de las 213.830 víctimas registradas, teniendo como referentes la ley 1448 de 2011 y el punto 5 de los acuerdos de La Habana; crear espacios de participación ciudadana; poner a funcionar Casas Municipales de Paz y Reconciliación; trabajar en la reincorporación y la reintegración de 4.914 excombatientes y; mejorar los sistemas de información.

Por último, cabe mencionar que a lo largo del PDD no existe una clara cohesión entre las formas de entender el fenómeno, en algunas son incluso contradictorias.

En lo que refiere al departamento del Huila, aunque la paz no sea un eje estratégico y las directrices del PDD en ocasiones maneje un referencial de “guerra interna” en lugar de “conflicto armado”, existen elementos de convergencia entre algunos programas y los puntos del acuerdo de La Habana. De hecho, el PDD reclama no haber sido seleccionado como departamento con priorización PDET. Este reclamo tiene tres argumentos: en primer lugar, alegan que el Huila ha registrado más víctimas que otros departamentos que sí fueron priorizados; en segundo lugar, no ser priorizado como departamento PDET implica no tener recursos para ofrecer soluciones sociales a la población afectada; y, en tercer lugar, el Huila considera que éste debió ser un acto de reparación al sufrir los efectos de la producción de cultivos ilícitos en departamentos vecinos.  

En términos generales, el Huila asume el reto de la reincorporación de 1.356 excombatientes, para tal propósito y, en contravía de las directrices de la política nacional “paz con legalidad”, apuesta por la asignación de tierras para esta población. Además, apuesta por el funcionamiento de los Consejos de Paz, la prevención de violaciones a los derechos humanos, la atención integral de sus 175.825 víctimas a través de la ley 1448 de 2011, afrontar a los grupos posFARC (actualmente 2 GAO-Residuales), dar cumplimiento a las sentencias de restitución de tierra y, trabajar en el grave problema de la informalidad de la propiedad rural, que corresponde al 47,7%  de los predios del departamento, incluso, existen municipios como Garzón, con un 99% de índice de informalidad. 

En el caso de Boyacá, este es uno de los departamentos que más le apuesta al posconflicto. La paz se aborda desde una perspectiva integral y es un eje transversal a lo largo y ancho de PDD. En términos de educación se propone incorporar un currículo para la paz. En términos de población indígena víctima del conflicto armado, se propone garantizar su acceso a tierras, ya que se ubican principalmente en propiedad privada y no pueden cultivar su propia comida; activará Consejos Departamentales de Paz; apoyará planes de retorno y ubicación; emprenderá acciones de memoria como reparación integral del derecho a la verdad; estimulará la participación ciudadana; trabajará en resolver los conflictos sobre el uso del suelo; trabajará por el campo según directrices de la RRI, brindará acompañamiento integral a las 69 personas en proceso de reintegración y, brindará atención especial a los líderes sociales amenazados. 

En materia de víctimas Boyacá tiene la particularidad de ser un receptor de otros departamentos, actualmente tiene 33.020 personas, el 2,9% de su población, en atención a la ley 1448 de 2011. Además de lo anterior, el PDD hace tácito en el documento la articulación de esta ley con las entidades del SJVRR. Por último, también ofrece medidas de seguridad para enfrentar a grupos armados, actualmente en el departamento se registra presencia activa del ELN. 

En el caso del departamento de Cundinamarca, existen diferentes programas encaminados a responder al compromiso institucional de la implementación de los acuerdos y al interés nacional de consolidar una paz estable y duradera, Para ello estableció en el PDD rutas y subrutas de paz que aborda diversos indicadores. 

En relación con la reparación de sus 141.251 víctimas del conflicto armado, establece, por medio de una visión diferencial, priorizarlas en el cumplimiento de cada programa y darles una atención integral al 100% de éstas. Por otro lado, el diagnóstico realizado resalta que 116.386 de sus víctimas sufrieron desplazamiento forzado y, que la salud mental es una de sus principales afectaciones, a partir de esto, se traza la tarea de dar cumplimiento a los fallos de restitución de tierra, implementar un programa de viviendas para las víctimas y comprometerse con el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI).

En términos generales, se traza la meta de crear una política pública de paz, vincular a procesos de inclusión social a los excombatientes que han decidido re-incorporarse, brindar acompañamiento a los comités municipales de justicia transicional, fortalecer los centros regionales de atención a víctimas, apoyar la formulación e implementación de proyectos productivos para las víctimas, implementar un modelo de memoria histórica, apoyar proyectos TOAR, promover una cultura de paz y, trabajar por la tecnificación del campo. 

Por último, en lo que concierne a Bogotá D.C, 1 de los 5 propósitos del Plan de Desarrollo Distrital se plantea “consolidar a Bogotá como la región líder en la implementación de los acuerdos de paz”. Para tal propósito se plantean crear escenarios de convivencia, seguridad y reconciliación, además, se contempla hacer de Bogotá el epicentro de la paz y la reconciliación del país. 

En términos de reparación se expresa tácitamente la articulación de la ley 1448 de 2011 con el SJVRR, además de otras formas creativas y propias. Para esto se diseñó una estrategia conformada por dos PDET, uno de carácter rural en Sumapaz y otro de carácter urbano en límites con el municipio de Soacha, siendo estas dos zonas claves en las dinámicas del conflicto. Por último, llama la atención que, pese a la expectativa trazada, la inversión presupuestada para este propósito corresponde a $2.904.688 pesos, siendo el más bajo de tabla presupuestal, aunque, vale la pena mencionar que algunos ejes conexos están fijados en la inversión de otros propósitos. 

En síntesis, los asociados a la RAPE-Central apuestan por el postconflicto, unos con mayor intensidad que otros. Otros tuvieron que incorporar este componente luego de reparos en los escenarios de decisión y, otros presentan contradicciones, bien sea discursivas o, en la relación discurso-meta. Además, se encontró como común denominador en la mayoría de los asociados, la persistencia de elementos estructurales o causas objetivas que dieron y dan lugar a conflictos y, por otro lado, la persistencia de duros problemas de seguridad y presencia de grupos armados.