Desde hace más de 20 años la Alcaldía de Ibagué decidió entregarle el centro de  la ciudad a los ocupantes ilegales del espacio público. La mal llamada “peatonalización” de la carrera tercera fue un instrumento urbanístico que fracasó, tal como al nefasto alcalde de la época – 2001 – 2003 – se le advirtió desde distintos sectores de la sociedad. Aunque el problema presenta varias aristas, la más notoria es la de la politiquería que ha convertido a quienes se ven obligados a recurrir a la informalidad para subsistir personal y familiarmente, en electores potenciales de quienes les garantizan su  permanencia bajo su mandato. Aquí presentamos una visión particular del problema.

Si usted se desplaza por la carrera tercera del centro de la capital tolimense – de las calles décima a la diecinueve – encontrará una extensa y protuberante invasión del espacio público, en donde se ubican desde vendedores  ambulantes transitorios y estacionarios que lo ocupan indebidamente, hasta extensiones de edificaciones construidas sin control alguno y bajo el tácito y cómplice amparo de los órganos de control urbanístico municipal. Sin embargo, la atención institucional que demanda el asunto, es en esencia dirigida a quienes actúan bajo la informalidad. 

Abordando el problema desde éste último sector poblacional, la Corte Constitucional ha expresado con relación a la ocupación indebida y/o ilegal del espacio público: “la tensión radica en el deber de las autoridades estatales de proteger la integridad del espacio público, el cual es de uso común y prevalece frente al interés particular; y la realización del derecho constitucional al trabajo de las personas que, en estado de marginalidad y exclusión del mercado laboral, sólo tienen la opción de dedicarse a actividades comerciales informales en aquél”. 

Luego de consultar fuentes gubernamentales, Cofradía concluye que, por ahora, la administración municipal no va a garantizar ninguno de los dos elementos. En primer lugar, por las dificultades operativas que la Secretaría de Gobierno tiene para ejecutar un exitoso control del espacio público y, en segundo lugar, por la negativa de ésta a establecer un principio de confianza legítima sobre las personas que, previo a un ejercicio de identificación objetiva, sean reconocidas como población vulnerable.

Vale la pena mencionar de que sobre esto último la Secretaría de Gobierno manifiesta identificar un importante número de prácticas que impiden establecer el principio de confianza legítima, sin embargo, aún no se tiene un claro diagnóstico sobre qué trabajador informal ubicado sobre la tercera es merecedor de reubicación y cuáles no.  

La opinión del secretario de Gobierno

En aras de conocer la interpretación institucional del problema, Cofradía entrevistó a Oscar Alexander Berbeo Suarez, actual secretario de Gobierno del municipio de Ibagué. Cuando se le consultó por la lectura que se tiene desde la alcaldía sobre las causas objetivas del fenómeno, manifestó lo siguiente: 

“En el tema de la tercera tenemos identificadas unas causas muy concretas que se suman a los problemas socioeconómicos de un sector en la capital tolimense. Tenemos promotores de invasión del espacio público en el centro de la ciudad; tenemos detectados unos mayoristas de alquiler de carretas que cobran a 15 mil pesos el día; tenemos mayoristas que surten a los que trabajan con las carretas, frutas o mercancías diferentes a las agrícolas; tenemos el comercio formal, establecimientos formales o locales comerciales en el centro de la ciudad que sacan sus mercancías y trabajadores a la calle para vender allí; por último, tenemos otra situación en donde comerciantes formales invitan, llevan o permiten que amigos o familiares se hagan en frente de su local, con mercancías que no compitan con las que ellos venden. Esos son los factores que nosotros tenemos identificados, adicionales a los factores socioeconómicos y de pobreza”. 

Teniendo en cuenta que este fenómeno persiste en el tiempo, se le preguntó sobre la existencia de algún tipo de acuerdo entre estas personas y la institucionalidad. A lo cual respondió: 

“No, no existe ningún acuerdo. Nosotros únicamente respetamos a las personas que tienen una confianza legítima vigente, a nadie más. Lo que pasa es que la parte operativa es bastante complicada. Cada día son menos las personas a las que les interesa trabajar como vigías o defensores del espacio público. Es un trabajo que aquí en la Secretaría de Gobierno, por contrato de órdenes de prestación de servicios pagamos entre $1.400.000 y $1.600.000, dependiendo del perfil. No es fácil reclutar ese personal, y el que se vincula tiende a renunciar prontamente”. 

Y agrega: “No hemos podido reclutar el personal suficiente para ser eficientes en la parte operativa y, por otro lado, ese trámite va a acompañado por la Policía Nacional y obviamente el cuadrante de la zona no se puede dedicar a mantener despejada la carrera tercera porque tienen muchos otros lugares por cubrir. Necesitamos un dispositivo especial, aún no ha sido posible tenerlo, pero lo seguimos gestionando, por ahora, sólo hemos podido hacer intervenciones temporales. Sostener la intervención es lo único que nos garantiza éxito”.

Con relación a los defensores del espacio público, dice: “Es un trabajo de choque, es un trabajo difícil y es muy desigual, porque la persona que hace los controles es alguien completamente cívico, mientras la persona a controlar usa para su trabajo un cuchillo gigante, entonces, nuestro trabajador se siente intimidado y no es fácil la actuación policial para recoger esto como arma blanca, porque son presentadas como herramientas de trabajo, y recordemos, que hay sentencias de la Corte Constitucional que prácticamente legitiman o se prestan para que personas se aviven y se sientan legitimadas por esas sentencias ambiguas. Esto permite que estas personas se sienten amparadas para estar en la calle trabajando, por derecho al trabajo y condición de vulnerabilidad socioeconómica, ese es otro de los factores que nos afectan”.

Pese a lo expresado por el secretario, es importante resaltar que la Corte Constitucional dirime la tensión llamando a conciliar entre un derecho y otro. Según la Sentencia de tutela 152 de 2011, “a pesar de que el interés general de preservar el espacio público prevalezca sobre el interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario, según la jurisprudencia constitucional, conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. Por consiguiente, el desalojo de los vendedores informales del espacio público está permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo y con la implementación de políticas públicas que garanticen su reubicación”.

Respecto a lo ordenado en la sentencia, el funcionario manifestó: “hay unas sentencias de la corte que no son claras y dificultan nuestro trabajo, ordenan recuperar el espacio público, pero también ordenan garantizar el derecho al trabajo de la población en condición vulnerable. Yo, desde mi interpretación considero que Ibagué ya cumplió desde que se construyó el Centro Comercial Chapinero y el Centro Comercial Andrés López de Galarza. Vamos a enfrentar la invasión del espacio público y, con excepción de las 80 personas con reconocimiento legítimo, no generaré diálogo con ningún líder de ellos para evitar compromisos. Mi compromiso es con la recuperación del espacio y me siento frustrado por ello”.

En gracia a discusión, es importante recordar que la construcción del Centro Comercial Chapinero tuvo lugar hace 27 años; que, según el DANE, en los últimos 20 años el municipio tuvo un crecimiento demográfico de aproximadamente 7.500 habitantes por año y; que la ciudad de Ibagué históricamente ha tenido una elevada tasa de informalidad. Información que puede generar un marco de discusión con lo expresado por el secretario Berbeo.

Cuando le preguntamos por otras medidas para atender el problema, dijo lo siguiente: 

“Tenemos un trabajo articulado con otras secretarías para ver cómo logramos hacer una oferta para las 80 confianzas legítimas que nos quedan en el centro de la ciudad y proceder a hacer esas reubicaciones. Para las demás personas les hemos dado un solo criterio, ¡no pueden estar en la ciudad!”

Y agrega: “Una cosa es el vendedor ambulante y otra el vendedor estacionario. Nosotros entendemos que la ley ampara al vendedor ambulante (el que circula y no se queda en un lugar fijo), nosotros también los amparamos. Otra cosa es el estacionario, este nos invade el espacio público, se parquea en algún lugar del centro de la ciudad, con una carreta o sombrilla y se adueña de un lugar y daña la movilidad. Ese transitorio no puede estar, a menos que esté cubierto con una confianza legítima por gobiernos anteriores. Este gobierno municipal no ha expedido ninguna confianza o permiso para trabajar en el espacio público, salvo algunos en las afueras del municipio”. 

“Casi todas las mercancías que se mueven en el centro de la ciudad son ilícitas, vienen del contrabando y no hemos podido articular acciones con la DIAN para atender el tema y también se ha identificado personal dedicado al narcotráfico, se tiene servicio de inteligencia trabajando en el tema”. 

Concluyendo, Oscar Berbeo afirma: “El año pasado, desde julio hasta el 20 de diciembre mantuvimos controlado y despejado el centro de la ciudad, se nos salió de las manos después del 20 porque se desbordó la invasión y superó nuestras capacidades operativas. ¿Por qué? El mismo comercio formal sacó ventas a la calle por la temporada. Nos tocó reducir el trabajo al tema de seguridad. Este año no hemos encontrado personal para que atienda el problema, estamos pensando en hacerlo con la reserva activa. Estamos esperando a que termine la Ley de Garantías. Además, debo atender otros lugares que también tienen problemas por ocupación del espacio público”.