Foto: Portal Alerta Tolima

A finales del año 2019 el gobierno nacional anunció buenos resultados frente a la directriz de reactivar el sector minero, establecida en el Plan Nacional Desarrollo 2018-2022. Para ese año la actividad minera creció 2,1% con relación a los años 2018, en donde se registró una caída de -1,9% y, 2017, con un descenso de -5,8%, escenario que permitió augurar para el año 2020 inversiones por más de  4.500 millones de dólares en este sector, además de declararlo pieza fundamental de nuestra economía. 

Antes de compartir expectativas y celebrar el regreso de un sector que dejó para el último año regalía de 2,5 billones de pesos, es menester abordar primero algunas consideraciones. 

Impacto ambiental
Actualmente existen 7.652 títulos mineros en el país, 7.073 vigentes y 579 temporales a enero del 2020. La mayoría de estos títulos se ubican sobre las tres cordilleras que atraviesan el país, zona en la que se ubica el 70% de la población colombiana, en la que se encuentra el más variado número de culturas y, en la que se produce la mayor cantidad de alimentos.

Para efectos ambientales, existe suficiente evidencia científica que corrobora el detrimento de las zonas acuíferas, los ecosistemas y las poblaciones aledañas a la actividad minera. Por ejemplo, en referencia a la explotación de carbón, cuya actividad representa el 89% de los aportes mineros al país, el último informe de la contraloría general de la nación referente a la minería en Colombia reveló que en el proceso de triturado y lavado de carbón se liberan toneladas de partículas y químicos contaminantes, en los que se encuentran elementos como mercurio, plomo, cadmio, arsénico, manganeso y berilio, entre otros tóxicos y carcinógenos.  Estos elementos, además de afectar directamente la salud de operarios, debido a los altos niveles de dispersión que poseen, pueden afectar a poblaciones enteras; vale la pena mencionar que a la fecha existe poca información respecto los efectos de la minería sobre la salud de los colombianos. 

Por otro lado, en referencia al oro, el mismo informe evidenció que los yacimientos registrados poseen el metal en bajas concentraciones, elemento que genera grandes volúmenes de residuos de rocas mineralizadas con elementos diferentes al oro (Se producen 0,86 gr de oro por cada tonelada de roca mineralizada). Además, la acidificación del agua y la liberación de especies químicas presentes en las colas, los relaves y el lodo contaminado, son altamente peligrosos en zonas laderas y andinas. 

Según datos suministrado por la AngloGold Ashanti, en la mina “la colosa”, por ejemplo, se requirieron 1,0 m³ de agua por segundo, es decir, 31,5 millones m³ de agua por año. En últimas, la relación quedó en 1.160 litros de agua por 1 gramo de oro o 464 litros de agua por 1 gramo de oro si se recicla el 60% de esta. Además, el informe de la contraloría reveló casos en que la relación entre oro y explosivo, cuando el proceso minero lo requería, quedaba en 1 gr de oro por 910 Kg de anfo.  

En síntesis, todos los elementos y escenarios en mención han representado y representan contraindicaciones para la salud humana y los entornos naturales.   

Impactos sociales
En lo que refiere a efectos sociales, la convergencia entre zonas mineras y zonas agrícolas ha desestimulado esta segunda actividad en los últimos años. Dentro de los años del boom de la minería (2003-2016), mientras que los aportes del sector minero, que no fueron tan relevantes en relación con otros como la infraestructura y el sector servicios, se mantenían cercanos al 6%, los aportes al PIB de la actividad agrícola decrecían de 8% a 6%; en ese orden de ideas, la actividad minera modificó la vocación histórica de muchos municipios. Por otro lado, la reprimarización de la economía, efecto de la focalización en el sector minero, relegó la industrialización del país, en ese sentido, sin la capacidad de producir con valor agregado sumado al desestimulo de la actividad agrícola, el país se vio volcado a importar más de lo que exportaba, fenómeno que trajo efectos negativos para las empresas nacionales, las arcas del Estado y el empleo en el país. 

Actualmente la relación entre minería y población sigue sin tener efectos determinantes sobre el desarrollo económico, social y ambiental. Por ejemplo, si se hace un contraste entre los principales proyectos mineros del país (“Cerrejón (Centro, Oreganal, Norte, Patilla), La Guacamaya, Mina Bijao, Caribe, la Divisa, El Descanso, La Loma, Hatillo, Calenturitas, el Tesoro y La Jagua” Ubicados en los departamentos de Guajira, César y Córdoba) y el último mapa de la pobreza multidimensional del DANE, se encuentra que los territorios en los que se llevan a cabo estos proyectos, tienen altos niveles en este indicador. ¿En qué ha mejorado la minería estos territorios?

Por último, la actividad minera ha generado todo tipo de conflictos entre diferentes actores, por ejemplo, existen suficientes registros de poblaciones campesinas o pueblos ancestrales en dónde el extractivismo ha limitado su acceso y uso de los recursos naturales, además, vale la pena mencionar que la cara ilícita de la minería, que se incorpora a la ecuación “Precio del dólar, precio de la cocaína y precio de la onza de oro” ha servido de combustible para la violencia a lo largo y ancho del país; según la ONODC, la minería ilegal avanzó 6,5% en 2019, llegando a tener 98.000 hectáreas, 6.000 más que el año anterior. En ese orden de ideas, vale la pena revisar qué tan importante ha sido y es, este sector para nuestro país. 

Regalías y regalos 
Por último, bajo el argumento de las regalías recibidas se asume el costo ambiental y social de la actividad minera, pero, este asunto también merece ser revisado. 

Las regalías son la distribución de las utilidades que genera la minería entre quien aporta el capital de exploración o explotación y, quien aporta el mineral, en este caso el Estado (Dueño del subsuelo). Las regalías no son un impuesto, pues estos últimos son mecanismos de retribución inversa por factores como el uso de recursos no renovables o los riesgos sociales, directos o indirectos, que trae consigo la actividad. 

El problema de esto radica en que hay un enorme desbalance entre la relación regalía-Impuesto, o mejor, entre la relación regalía y alivios tributarios. 

Actualmente existen 253 beneficios tributarios, en referencia al sector minero se destacan: deducción especial por inversiones de activos fijos, deducciones por el pago obligatorio de regalías, deducción por depreciación de activos fijos, deducción por amortización de inversiones e impuestos no consecutivos y, el articulo 231 del código minero en el que se estipula que los minerales de boca de mina, la maquinaria, los equipos y demás elementos utilizados para la actividad minera no podrán ser gravados con impuestos departamentales o municipales, directos o indirectos.

Bajo lo anterior, el informe de la contraloría sobre minería en Colombia encontró que, por cada 100 pesos reportados en regalías, se reportaron 200 pesos por alivios tributarios. En ese orden de ideas y manejando cifras recientes, puede plantearse que para el 2019 el Estado no sólo recibió del sector minero 2,5 billones en regalías, también perdió 5 billones de pesos en alivios tributarios. Bajo esta dinámica muchos actores consideran que Colombia es “un paraíso fiscal para la actividad minera”.

Centralismo
Para concluir, luego de exponer impactos ambientales, sociales y fiscales, existen bastantes dudas sobre la pertinencia de seguir apostando por la focalización económica en el extractivismo. Además de ser un mal negocio, ocasiona daños irreparables a los ecosistemas y la población. Estos elementos deberán ser tenidos en cuenta para los recientes debates que se están dando frente a iniciativas mineras zonas de páramos y en general. 

Estas apreciaciones parecen ser mejor recibidas por el orden regional y local, además de la sociedad civil en general, el problema radica en que la sentencia C-123 de la corte constitucional del año 2018 eliminó la incidencia que los actores locales pudieran tener sobre la actividad minera en sus territorios, incluyendo el carácter vinculante de los acuerdos en concejos o el resultado de las consultas populares. A diferencia de años anteriores, la corte solicitó al congreso crear un mecanismo que permitiera la coordinación entre las autoridades locales, regionales y nacionales para efectos de la actividad minera; actualmente este mecanismo no existe, y como no existe, el ejecutivo se acoge a la ley 685 de 2001, en la que simplemente se socializan, no se consultan, las actividades mineras en los territorios; un ejercicio de completo centralismo.   

Fuentes:

-Informe Contraloría General de la Nación “Minería en Colombia. Derechos, políticas públicas y gobernanza” 
-Sistema de Información Minero Energético Colombiano
-Datos Ministerio de Minas Y Energías 
-Balances fiscales gobierno general (%PIB) Ministerio de Hacienda y Crédito público
-Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)-Datos Fundación Heinrich Bönll Stiftung