En el mes de mayo del año 2020 habitantes del barrio Cerro Gordo alertaron a las autoridades por constantes y desgarradores gritos provenientes de una vivienda. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron un bebé con rastros de maltrato físico. Su madre, una mujer de 23 años, fue capturada. Por esos mismos días, al otro extremo de la ciudad, en el barrio La Miel, un hombre de 41 años fue capturado por dar una violenta golpiza a su compañera sentimental y a una menor de edad. Ambos casos engrosaron las cifras de maltrato intrafamiliar y violencia de género durante el confinamiento. Conductas punibles de alarmante frecuencia, dadas en un momento atípico, en donde el delito, paradójicamente, se redujo en un 84%.

Mientras el hampa yacía confinado, en los hogares ibaguereños se registraron 563 casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios, amenazas desplazamientos y discriminación racial. Durante el confinamiento que tuvo lugar entre marzo y mayo del año 2020 la inseguridad se sentía en casa.

Luego del encierro total, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) preveía un efecto rebote, es decir, se esperaba que cuando se terminara el confinamiento, se retomaran las actividades económicas y los delincuentes regresaran a las calles, el delito recobraría su cauce, pero ahora con mayor fuerza debido a los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Para el mes siguiente al periodo de confinamiento la ciudad registró la liquidación de 1.010 empresas y la tasa de desempleo alcanzó un histórico 35,5%, dos ingredientes fundamentales para el problema de inseguridad que se aproximaba.

El delito que daría reapertura a la inseguridad en las calles de Ibagué sería el homicidio en modalidad de sicariato, hechos que conmocionaron y atemorizaron al ciudadano, desde y después del confinamiento.

En el mes de abril del año 2020, mientras decenas de personas libraban una feroz batalla por sus vidas contra el COVID-19, un vendedor ambulante fue tiroteado por un sicario en la entrada del Hospital Federico Lleras Acosta.

Después, el 17 de junio del mismo año, dos personas en una moto, vestidas con overol negro, propinaron 3 impactos de bala en el cráneo a un hombre de 34 años de edad. El hecho sicarial tuvo lugar en la calle 14 entre sexta y séptima. También, en agosto del mismo año, un hombre de 23 años fue asesinado a tiros en el barrio Hipódromo de Ibagué. Estos fueron algunos casos de la ola de sicariatos que sacudió a la capital musical por aquellas fechas.

La reactivación económica y delincuencial Paralelo a los casos de sicariato, el hurto empezaba a adquirir un rol protagónico en el tema de la inseguridad. Mientras se reactivaba el comercio, la delincuencia también se reactivaba.

En el mes de mayo un caso llamaría la atención de los ciudadanos. Recién terminado el confinamiento total, un reconocido almacén de gorras ubicado en el centro de la ciudad fue asaltado en horas de la madrugada. Los delincuentes rompieron el vidrio y hurtaron 40 gorras. “Es muy triste nadar contra la corriente” (1) , fueron las declaraciones del propietario, una clara muestra de lo que vivían los emprendimientos del municipio; mientras trataban de reponerse económicamente estaban a merced de la delincuencia.

En los meses siguientes se registraron situaciones similares, recordando casos como el del hurto millonario de un GanaGana, el asalto al SPA Nails Color Club o el hurto de 35 millones de pesos en bicicletas de alta gama del que fue víctima el local Nitro 907, una madrugada del mes de septiembre. En total, aún con pandemia, según las autoridades, en el 2020 se cometieron 469 hurtos a establecimientos comerciales.

A finales de año, mientras la delincuencia azotaba al comercio, a los vehículos y a los transeúntes. La Administración se negaba a reconocer el problema. Jactándose de bajar en un 28% el delito, el Secretario de Gobierno, Carlos Pórtela, afirmó que todo se trataba de “un asunto de percepción” (2) . Afirmación que por supuesto no caería bien en la ciudadanía.

Teniendo en cuenta que el delito disminuyó en un 84% entre marzo y mayo del año 2020 (periodo del confinamiento), era evidente que el número total de conductas punibles registradas, en comparación al año 2019, sería menor. Es decir, la cifra entregada por las autoridades en diciembre del año pasado, no necesariamente daba cuenta de la realidad que vivían los ibaguereños.

Inseguridad en el 2021

En los dos primeros meses del 2021 la Administración Municipal seguía aferrada a su interpretación del estado de la seguridad. Pero, las voces discordantes a esta interpretación eran cada vez más fuertes.

Entre enero y febrero del año en curso se registró un incremento en el hurto de bicicletas (28 robadas), además, se registraron 13 personas asesinadas y 69 robos a comercio. En general, el delito se incrementó en un 30%.

Según Efraín Valencia, presidente de la Junta Directiva de Fenalco, “el robo en la capital musical se ha incrementado desde hace 5 meses”, resaltando en ello dos tipos de hurto. El primero, aquel en donde la víctima es el cliente, especialmente bajo la modalidad de “cosquilleo”. Y el segundo, aquel en donde la víctima es el establecimiento comercial, generalmente a través del micro-robo, en donde hurtan elementos como comida, bebidas, jabón y desodorante. Quizá este fenómeno está relacionado con los últimos informes del DANE, en donde la tasa de desempleo en el municipio de Ibagué ha oscilado entre el 19,0% y el 20,9%.

Luego de lo anteriormente expuesto, solo hasta el mes de marzo del presente año la Alcaldía de Ibagué reconoció que efectivamente había un problema de inseguridad. Además de ello, estableció y planteó una serie de medidas para afrontarlas.

La seguridad fue reforzada por aproximadamente 30 días con un helicóptero Bell 206 de la Policía Nacional, equipado con un sistema de cámaras TC300 de última tecnología. Además, el teniente coronel, Alberto Acero, comandante del batallón Rooke, en un evento convocado por el alcalde Andrés Fabián Hurtado para darle a conocer a la ciudadanía estrategias y planes de seguridad, informó sobre la ejecución de operaciones interinstitucionales conformadas por miembros de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el CTI, la Alcaldía y la Gobernación.

Un mes después de estas declaraciones, un patrullero de la policía fue abordado por tres hombres mientras retiraba dinero. Obligándolo a subir a la parte trasera de un vehículo lo despojaron de su celular, de su placa, del uniforme que llevaba en un bolso y de su ropa, hasta dejarlo completamente desnudo. Por otro lado, en el Barrio Combeima, mientras un hombre de 42 años departía con amigos, una persona conocida como ‘Chucho’ llegó hasta el lugar y le propinó un disparo en la cabeza.

Estos dos casos recientes son apenas ejemplos de las decenas de noticias que se registran actualmente en la ciudad, las cuales evidencian que la inseguridad sigue siendo un dolor de cabeza.

Por otro lado, las empresas además de trabajar para revertir la recesión económica y de maniobrar para adaptarse a un toque de queda intermitente, deben soportar a los amigos de lo ajeno y la violencia que se desata a lo largo y ancho de la ciudad, poniendo en vilo la integridad del ciudadano y la recuperación económica.

Debilidad institucional

Para terminar, vale la pena mencionar que pese a declaraciones, estrategias y actos de buena fe, existen algunos elementos en el seno de la institucionalidad que dificultan cualquier medida en materia de seguridad.

En primer lugar, como expuso anteriormente la revista Cofradía, en el documento estratégico PISCC no existe claridad sobre los delitos a focalizar, de hecho, en la estrategia se tiende a fragmentar el pie de fuerza para atender y priorizar conductas punibles que ocurren con poca frecuencia. Y, en segundo lugar, la cantidad de efectivos disponibles no responde a las proporciones geográficas y demográficas del municipio. Esto teniendo en cuenta que en la Policía Metropolitana sólo hay 2.100 hombres y mujeres, los cuales se distribuyen en cuatro municipios y deben ser divididos en por lo menos tres turnos, descontando además el personal administrativo y las especialidades como carabineros, ESMAD, Policía Ambiental, la seccional de Tránsito y otras que cumplen funciones distintas al patrullaje.

En total hablamos de 500 patrulleros para Ibagué, Cajamarca, Alvarado y Piedras.

Lo cierto es que mientras todos estos matices se resuelven la inseguridad sigue haciendo de las suyas. Las empresas operan entre toques de queda, números en rojo y asaltantes. Además, las relaciones humanas se diluyen con el paso de los días, pues la sensación permanente de inseguridad convirtió al otro en un potencial victimario.

NOTAS

(1)Declaraciones de René Serrano (propietario) en su cuenta de Facebook
(2) Carlos Pórtela, Secretario de Gobierno de Ibagué, en debate de control político en concejo municipal.
(3) Efraín Valencia en entrevista para “ElOlfato” (09-03.2019)