Aquí me referiré a la inseguridad social, para que ciudadanos y gobernantes entiendan que en materia de seguridad ciudadana debe haber una política pública relacionada con la previsión, prevención y el control – represión del delito-.

Presidentes, gobernadores y alcaldes cada cuatro años se hacen elegir prometiendo ciudades seguras con reducciones significativas de las violencias y delitos. Al poco tiempo del ejercicio de su gobierno, los ciudadanos desesperados por la inseguridad terminan tratando de hacer justicia propia, exigir mano dura, paloterapia, pena de muerte y hasta cadena perpetua, y ante una nueva decepción acuden a  la acción electoral de la revocatoria de su mandato.

En este análisis me centraré en enunciar las causas de la inseguridad tratando de dar explicaciones, más no justificaciones, como en algunos debates se pretende descalificar. Parto del fundamento de que la ley es igual para todos los habitantes del territorio y que todos los ciudadanos tienen derechos y deberes con la sociedad.

La INSEGURIDAD CIUDADANA se nutre de la INSEGURIDAD SOCIAL, no es la pobreza la causante de las conflictividades, violencias y delitos, es la desigualdad de ingresos, la intolerable corrupción en las esferas públicas y privadas, y el bajo nivel de confianza de los ciudadanos en sus autoridades, entre otras causas. En los países ricos y pobres con mayores niveles de desigualdad se presenta mayor incidencia de conflictividades, violencias y delitos, que en los países de pobreza generalizada o igualdad generalizada.

Aquí me referiré a la inseguridad social, para que ciudadanos y gobernantes entiendan que en materia de seguridad ciudadana debe haber una política pública relacionada con la previsión, prevención y el control – represión del delito-. 

En la primera Encuesta de Bienestar Subjetivo en Ibagué – Análisis de Felicidad y Satisfacción de sus ciudadanos – realizada en el año 2017 por la Alcaldía de Ibagué, ante la pregunta de cuáles eran los temas prioritarios en los que se debía trabajar institucionalmente, los resultados fueron los siguientes: generación de empleo (29%), seguridad ciudadana (28%), drogadicción y ventas de SPA (10%) y lucha contra la corrupción (10%). Aquí es donde el presupuesto debe destinarse para hacer una apuesta en políticas públicas de previsión y prevención.

¿Qué es la Inseguridad social? Jóvenes que no estudian ni trabajan; altos índices de desempleo o empleos precarios que no permiten obtener los mínimos ingresos para tener una vida digna; corrupción generalizada; el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y alcohol desde temprana edad (en Ibagué hay aproximadamente 8 .200 consumidores habituales de los cuales 5.300 presentan un consumo perjudicial o problemático); la utilización de los espacios públicos, en especial los parques, para el consumo problemático de alcohol y SPA; el auge de los préstamos de usura (gota a gota) donde se ejerce la violencia para su cobro y la expansión de las economías ilegales que se nutren del desempleo.

Cuando el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué dio su balance operacional en el año 2020, estos fueron los resultados: 1.498 capturas en flagrancia y 365 por orden judicial; incautación de 9.220 armas corto-punzantes y 120 armas de fuego sin permiso para porte; la confiscación de cinco millones 131.000 gramos de marihuana, 103.969 gramos de cocaína, 7.865 gramos de bazuco, 32 gramos de heroína; 25.581 comparendos en un alto porcentaje relacionadas con conflictos interpersonales y el desacato a las autoridades.

Se pueden tener dos miradas de los anteriores resultados: la primera, que la Policía cumplió con su tarea; y la segunda, es que con este balance y si los indicadores de inseguridad siguen igual o al alza, es que la sociedad anda mal, que no se están haciendo las cosas bien, y que los gobernantes no cumplen lo prometido en sus campañas electorales, o en la ejecución del Plan de Desarrollo adoptado. 

¿Qué hacer? Es el gran dilema que como ciudadanos tenemos y es aquí en donde surgen varias posibilidades: 

La primera, sería exigirle a los mandatarios que asuman su responsabilidad en el tema de seguridad ciudadana y que entiendan de que ésta no es una tarea exclusiva de la Policía. Al presidente, a los gobernadores y los alcaldes se les debe requerir para que ejecuten políticas públicas fundamentales para la seguridad. Su responsabilidad va más allá de la sencilla dotación vehicular, suministro de cámaras de vigilancia o apoyos logísticos a la Policía.

Segunda, ejecutar una dinámica política pública de previsión con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que evite la deserción escolar, incorporarlos a programas de salud física y mental, políticas sostenibles de emprendimiento y empleo para los jóvenes. El éxito está en construir oportunidades sociales que sean más atractivas, que las acciones delincuenciales. 

Tercera, castigar ejemplarmente a los corruptos, no solo como sanción penal por la utilización fraudulenta de los recursos públicos, sino como actitud ejemplarizante, para que las nuevas generaciones entiendan que la construcción de un país parte de la honestidad y recto actuar de sus gobernantes.

Cuarta, capacitación profesional a la Policía, buscando romper con la dicotomía amigo – enemigo con que buena parte de sus integrantes ven al ciudadano, lo que conlleva a reconstruir la confianza de éstos en sus autoridades. En la encuesta Ibagué – 2017, ante la pregunta sobre el grado de satisfacción con la actividad policial, estos fueron los resultados: el 53% manifestó estar satisfecha , pero el 47% dijo estar poco o nada satisfecha. 

Al momento de buscar, hallar y ejecutar soluciones, esto se nos convierte en un problema para encontrar una corresponsabilidad ciudadana en el trabajo conjunto de incrementar la seguridad en la ciudad. De ahí, de que se deba trabajar para que el ciudadano tenga una información transparente y oportuna, y esto es posible teniendo una auditoria externa de datos que garantice la  credibilidad en los mismos.

Quinta, priorizar los barrios de mayor inseguridad para crear los Comités de Protección Ciudadana que con el acompañamiento de la Policía, el apoyo de la vigilancia privada, la dotación de recursos tecnológicos y con la incorporación de jóvenes en programas sociales, prevengan y eviten la conformación de pandillas, ayuden a recuperar los parques, realicen jornadas cívicas, deportivas y culturales, controlen los centros nocturnos que no cumplen con las normas y se valore la convivencia barrial para incrementar la seguridad.

Sexta, la reducción de la impunidad como mecanismo efectivo para el control de la criminalidad organizada.

La séptima, que sería la implementación de una política carcelaria que permita al contraventor de la ley una verdadera reeducación, donde asuman su responsabilidad social y no como sucede en la actualidad, donde la cárcel es para una gran mayoría un centro de entrenamiento delincuencial. Hoy, las cárceles son un problema no una solución.

Aún nos queda dosis de optimismo: podemos cambiar los factores estructurales donde la pregunta no es como “combatir” al estilo de los talibanes la inseguridad, sino concentrarnos en generar procedimientos para la seguridad ciudadana; propiciar una coordinación interinstitucional donde se fusionen las políticas de seguridad, con las políticas sociales para ejercer tareas de prevención y control.