Lo que están viviendo las comunidades del Cañón del Combeima es tan sólo una de las evidencias frente al tema. En esta trágica realidad se conjuga la falta de un correcto relacionamiento con nuestros ecosistemas producto de la precaria educación ambiental, desconocimiento de los ciclos y dinámicas de la naturaleza; una institucionalidad ausente, sin capacidad de planeación, intervención y prevención, junto a frágiles condiciones de vida digna para nuestra gente. 

La “Zánganocracia” de la Alcaldía de Ibagué y la incompetente gestión de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) son el alma de esta tragedia colectiva. La deforestación, la desaparición de los bosques, el mal uso de los suelos y la ampliación de la frontera agrícola, la urbanización desmedida sobre ecosistemas estratégicos y la construcción de viviendas sobre rondas hídricas, el sometimiento del Plan de Ordenamiento Territorial  al interés privado de las constructoras, la falta de protección de la estructura ecológica principal, la ausencia institucional, entre otros asuntos, se volvieron el pan de cada día y son los que explican el mal llamado desastre natural que viven las comunidades del cañón del Combeima. 

Paradójicamente el Río Combeima nos viene hablando desde siempre, lamentablemente los oídos sordos de la institucionalidad tolimense e ibaguereña se han negado a escucharlo. En los años 1959, 1987, 2009 y 2021, el río Combeima nos volvió a recordar que no debemos invadir su territorio, nos dijo que tarde o temprano llegará a recuperarlos y que eso siempre será así, dado que eso hace parte de sus dinámicas naturales.

Ojalá que esta trágica realidad le permita a toda la ciudadanía ibaguereña superar el letargo y entender la necesidad de proteger nuestros ecosistemas, generar acciones de lucha contra la deforestación y en pro de la conservación de bosques y ecosistemas, evitar la imposición de proyectos mineros altamente destructivos y contaminantes, exigirle a la clase política actuar con corresponsabilidad, planeación eficaz y compromiso con los más desfavorecidos.

Para poder avanzar en los propósitos comunes que permitan hacer realidad el derecho colectivo al ambiente sano de los ibaguereños, necesitamos, con sentido de urgencia, implementar el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático “Ruta Dulima”, declarar la emergencia climática, diseñar e implementar el plan de reubicación de todas las familias que viven sobre la rondas hídricas de nuestros ríos, que se hagan realidad la ordenanzas sobre los derechos de la naturaleza que se han aprobado desde la asamblea del Tolima para las cuencas de los ríos  Coello, Opia, Totare, Recio, Lagunilla y Gualí; que las curadurías y oficinas de planeación no permitan una sola construcción más que afecte la estructura ecológica principal; que los ibaguereños salgamos a rechazar masivamente los proyectos petroleros que ponen en riesgo el acuífero de Ibagué y todos los proyectos mineros contaminantes que existen en el territorio. 

El tema de la crisis climática y la necesidad de implementar declaratorias de emergencia climática son uno de los debates principales en la órbita internacional. Los científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, desde hace varios años están haciendo el llamado de atención para actuar de inmediato y adoptar medidas drásticas para hacer frente a las causas e impactos derivados de dichas problemáticas. El último informe del IPCC nos dice que “ninguna región, ninguna población, ningún mar en la Tierra está ya a salvo de los daños que actualmente provoca el cambio climático. La subida del nivel del mar, las olas de calor, y tormentas ´sin precedentes en siglos’ están  ‘inequívocamente’ asociadas a las actividades humanas que causan el calentamiento global. Las sequías que empeoran las cosechas, las tormentas que provocan inundaciones, las olas de calor que matan a millares de personas y alientan súper incendios forestales en épocas y latitudes casi inimaginables”. 

Lamentablemente hay que advertir que el Acuerdo de Paris no se está cumpliendo y aun cuando se cumpla puede insuficiente. Para que el cambio climático no sea catastrófico, se deben reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un 45% a nivel mundial para el 2030 y en 85% para el 2050 para que la temperatura no suba más de 1.5 °C. Las presentes y futuras generaciones tenemos que atender los llamados de los expertos internacionales del IPCC, lo cual sólo se puede lograr a través de la conformación de una ciudadanía planetaria activa y dinámica que le exija a la clase política y empresarial actuar de inmediato en función de reducir las emisiones de GEI, proteger y cuidar la expresión de la vida en todas sus manifestaciones. 

Necesitamos también una gestión del riesgo técnica, científica y con participación de la ciudadanía, pasar de la gobernabilidad a la gobernanza ambiental, entendiendo que los procesos de cuidado y protección de la vida sólo pueden dar saltos transformadores si la institucionalidad es capaz de reconocer la voz de las comunidades y la dimensión ética que estos asuntos conllevan. Adenda: Según datos del IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia el Nevado del Tolima para el año 1850 tenía un área glaciar de 8,6 km² y para el año 2020 de tan sólo 0.52 km ². Esta realidad debería convocar a toda la ciudadanía ibaguereña a pensar cómo recuperar el agua que dejará de llegar al Río Combeima producto del deshielo del nevado del Tolima, que según algunos investigadores podría perder por completo su glaciar en los próximos 10 a 15 años. Esperamos que las respuestas no sean prometer escasos biodigestores y estufas ecoeficientes, ojalá las propuestas permitan promover un cambio inteligente en los procesos productivos, en los patrones de consumo, en la movilidad sostenible, en el modelo de desarrollo local y en evitar a toda costa que el extractivismo ponga en riesgo nuestro derecho colectivo al ambiente sano. 

(1) Alberto Acosta, Diplomado en Gestión Ambiental y Territorial. Comité Ambiental en Defensa de la Vida, 2021.