Raúl Suárez y Luis Ángel Gómez, según la Contraloría, incurrieron en irregularidades al ejecutar el proyecto de vivienda de interés social Villa Claudia.

La Contraloría General remitió a la Fiscalía y a la Procuraduría el informe de responsabilidad fiscal para que se investigue la conducta de los exalcaldes del municipio de Suárez Raúl Suárez Barrero (2013-2015) y Luis Ángel Gómez Lizcano (2016-2019) por la no terminación del proyecto de vivienda de interés social Villa Claudia y que deja un presunto detrimento patrimonial de $2.355.411.967 

El órgano de control vinculó igualmente en su decisión al arquitecto Yery Mauricio Rondón Gutiérrez, quien fungió como interventor del contrato de obra adjudicado por la Alcaldía de Suárez a la constructora Imal Inc S.A.S en 2011. 

Su objeto era brindar 101 soluciones de vivienda a los damnificados de la ola invernal (2010-2011) y cuyo plazo de ejecución era de 10 meses. 

Dicho proyecto fue cofinanciado a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) que aportó  la suma de $2.222 millones, mientras que el de la Alcaldía de Suárez fue de $712 millones 127 mil, y por parte del constructor la suma de $15.529.593 para un total de $2.949 millones. 

Estos dineros fueron depositados en una fiducia de la que hacía parte tanto el Alcalde de Suárez, como el representante de la firma Imal INC y Fidubogotá. 

Enterritorio, entidad que asumió la supervisión del proyecto, en un informe radicado el 22 de abril de 2016 reportó que el avance de la obra para la fecha era solo de un 38.4 %. Del total de las unidades habitacionales, 37 se encontraban paralizadas, 13 en ejecución y no habían iniciado trabajos en 51 de los lotes. 

Por esta razón, en comunicación dirigida a Fonvivienda se solicitó declarar el incumplimiento al contratista, lo que se se decidió mediante resolución 0475 el 21 de abril de 2017. 

No obstante, pese a la declaratoria de incumplimiento, cuatro meses después, la gerencia del proyecto que recaía en el hoy exalcalde de Suárez Gómez López, solicitó ajustar el presupuesto en $408 millones por obras adicionales. En consecuencia, Fonvivienda   autorizó el desembolso de $122 millones, los que fueron destinados al pago de los honorarios tanto del contratista como del interventor.

La responsabilidad de los ex-alcaldes 
Según la Contraloría General, como integrantes del comité fiduciario los exalcaldes faltaron al deber de supervisión y control del fideicomiso y las etapas del proyecto. Esto incluye la falta de solicitud de informes de gestión y de cuentas que conllevaron a que la obra no se culminara. 

De acuerdo con el órgano de control fiscal, a través de la fiducia se desembolsaron $1.303 millones y se registra un saldo de $30.023.29 quedando un saldo por reintegrar de $918.099.323

En cuanto al interventor, la Contraloría estableció que Mauricio Rondón Gutiérrez abandonó la obra desde junio de 2019 por lo que no se tienen informes actualizados ni el avance real de las obras. 

El contrato de obra no se ha liquidado y la Constructora Imal ha solicitado a la Secretaría de Planeación de Suárez que asuma la interventoría para poder realizar el trámite administrativo.