Foto: Tomada de Facebook

Arley Beltrán, responde por la celebración de contratos con las fundaciones Ferbinbi y Fundeco en ti en el año 2016. 

La Procuraduría Provincial de Girardot, en fallo disciplinario de primera instancia,  inhabilitó por el término de 15 años a Arley Beltrán Díaz, quien ejerció funciones como alcalde popular de Villarrica durante el período constitucional 2016 – 2019  al encontrar irregularidades en la celebración y ejecución de tres contratos suscritos con entidades sin ánimo de lucro en el año 2016. 

El exmandatario en su calidad de ordenador del gasto, suscribió los contratos 02 y 04 con la fundación Ferbinbi cuyos objetos eran: hacer difusión de eventos y promocionar mecanismos de asociación entre los productores para la comercialización agropecuaria del municipio; y el de aunar esfuerzos para la organización y realización de actividades artísticas en el marco de la celebración del día de los niños. 

Estos contratos tuvieron un valor cercano a los 30 millones 300 mil pesos, los que fueron pagados en su totalidad por la Alcaldía de Villarrica, sin que hubiesen sido ejecutados en los términos pactados. 

El otro contrato, es el 166 de 2016, suscrito con Fundeco, cuyo objeto era prestar apoyo logístico en la realización de actividades para los empleados del municipio, por una cuantía de seis millones 700 mil pesos. 

El Ministerio Público estableció que los pagos realizados en el marco de dichos contratos no tienen soportes y las representantes legales de las fundaciones Ferbinbi y Fundeco, Johana Jaramillo León y Sugey Álvarez Vergel, respectivamente, dijeron desconocer el haber celebrado estos negocios jurídicos con el Municipio. 

Además, la Procuraduría estableció que los dineros fueron girados, pese a no existir informes por parte del supervisor de que diera fe de la ejecución de los contratos. 

Para el Procurador Provincial, Beltrán Díaz actuó de manera irresponsable, pues habría ordenado el giro de recursos sin verificar que las obligaciones contractuales hubieren sido ejecutadas a cabalidad. 

«Evidentemente las faltas atribuidas se han configurado, debido a que las representantes legales reconocen no haber celebrado ni mucho menos ejecutado negocio jurídico alguno en Villarrica y adicionalmente revisadas las carpetas de los negocios jurídicos objeto de cuestionamiento e incluso la publicación que de estos se hace en el SECOP, se concluye, que los mismos no fueron efectuados conforme a lo pactado y pese a ello fueron pagados en su totalidad, con total irresponsabilidad por parte del Alcalde municipal, motivo por el cual el presente fallo será sancionatorio», concluyó la Procuraduría. 

La falta cometida por el exmandatario fue endilgada a título de culpa gravísima y contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Cundinamarca. 

Es de destacar que, el exalcalde argumentó que en repetidas ocasiones se reunió con Ricardo Arciniegas Y Jonny Guarnizo Guevara, este último esposo de Jaramillo León, representante legal de la fundación Ferbinbi, el cual puso a disposición los servicios de la fundación para los diferentes eventos que realizaba la administración, y que la comunicación se surtía a través del hoy exsecretario de Hacienda Alfonso Ramírez Peña. 

En líos penales

El exalcalde Arley Beltrán Díaz es procesado además por la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El ente acusador lo sindica de haber adjudicado contratos por cerca de 240 millones de pesos a falsos contratistas. 

El exmandatario fue capturado el 13 de noviembre de 2018 en el hotel Casa Morales de Ibagué y enviado a la Penitenciaría Nacional de Picaleña, pero fue puesto en libertad en marzo del año, al no presentar la Fiscalía General de la Nación el escrito de acusación dentro de los términos fijados en el código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004).

Beltrán Díaz fue elegido como candidato del Partido Liberal en el año 2015, y con la interrupción por su captura, concluyó su período constitucional y legal el pasado 31 de diciembre de 2019.