La crisis de la salud en Colombia presenta diferentes y variados matices, siendo uno de los servicios que presta el Estado de mayor debate, diagnóstico y de más alta financiación. A pesar de ello, no sobran voces que desde hace varios años proponen un cambio radical en el actual sistema, que parte desde la propuesta de extinción y liquidación de las Empresas Prestadoras de Salud privadas, aquellas que en su momento fueron creadas y presentadas como parte de la redención y solución del problema. Aquí una visión del delicado problema que afronta nuestro país.

El sistema de salud en Colombia consta de un amplio sector de seguridad social público/privado y un pequeño sector exclusivamente privado. Su eje central es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), en el que encontramos un régimen contributivo que cobija asalariados, pensionados e independientes con ingresos iguales o superiores al salario mínimo; un régimen subsidiado que ampara a todas las personas sin capacidad de pago; y, regímenes especiales como el de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Ecopetrol, el Magisterio, el Congreso y las Universidades Públicas, entre otros. 

La financiación del régimen contributivo se obtiene de la cotización de los afiliados y el régimen subsidiado se sostiene con auxilios cruzados del régimen contributivo y fondos fiscales procedentes de los impuestos que pagamos los colombianos 

Las afiliaciones al sistema se hacen a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales recogen la plata de los cotizantes, se la entregan a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADDRESS) y esta última se la devuelve a las EPS, en unidad de pago por captación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al SGSSS para cubrir el Plan Obligatorio de Salud (POS). Es decir, entre más afiliados tenga una EPS más dinero les entrega la ADDRESS, elemento que, para el caso colombiano, significó que existieran Entidades Promotoras de Salud con un número de afiliados que superaba con creces la capacidad del servicio, deteriorándolo y pauperizándolo, encontrando así una incompatibilidad entre ganancia y bienestar. 

Un gran número de las EPS no ofrecen directamente el servicio de salud. Fungen como intermediarias y contratan con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la cuales pertenecen a las mismas EPS o, con IPS públicas o privadas, como los hospitales públicos, que en su conjunto integran las denominadas Empresas Sociales del Estado (ESE). 

Según el exministro de Salud Alejandro Gaviria (2013), el problema de la crisis financiera de la salud en Colombia surgió debido a tres circunstancias: la primera es que más de 12 millones de personas se sumaron al régimen subsidiado. “Muchas veces con una promesa de financiamiento territorial”. Hoy son más de 42 millones de personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, de los cuales casi 23 millones de personas están afiliadas al Régimen Subsidiado, esto equivale al 53%, mientras que sólo el 46% aporta al Régimen Contributivo. Es decir, son más los subsidiados que los cotizantes. 

La segunda, es de que desde el año 2007, la cobertura de medicamentos de alto costo se multiplicó en el país. “Los recobros al Fosyga pasaron de $200.000 millones a más de $2,4 billones, lo que se volvió impagable para el Estado. El recobro es el dinero que se le reembolsa a las EPS a través del Fosyga por cuenta de la prestación de algún servicio o medicamento suministrado que no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud. La tercera razón es que se igualaron los planes de beneficios en los regímenes Contributivo y Subsidiado, pero no se igualó la Unidad de Pago por Capitación (UPC), este valor corresponde al pago que se les da la EPS por afiliado.

Para el presente año 2022, el Ministerio de Salud mediante la resolución 2381 de 2021 fijó el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación – UPC mensual que financiará los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, quedando fijada en $989.712.oo para el primero y en $927.723,60 para el segundo.

EPS privadas no pagan los servicios prestados

Otro de los problemas más delicados que presenta el sistema de salud colombiano obedece a las cuantiosas cantidades de dinero que las EPS adeudan con las Instituciones que prestan el servicio a sus afiliados, y con las cuales contratan un gran número de los servicios requeridos. 

Si esbozamos los saldos, encontramos que el sistema de salud colombiano tiene 3 tipos de deudas. Unas por concepto de pagos extras al régimen subsidiado, las cuales sumaban $1.5 billones de pesos y correspondía a las entidades territoriales (Ya fue pagada mediante el “acuerdo de punto final”); otras que obedecen a recobros del régimen contributivo por servicios no incluidos en el POS, las cuales son asumidas por la nación y suman $5,5 billones de pesos; Y, por último, otras que corresponden a lo que adeudan las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

Sobre esta última deuda, que en esencia es la más grande, la Superintendencia Nacional de Salud reveló que existen diferencias frente a la cantidad del saldo. Según el último registro anual, mientras las EPS aseguraban deber $11,4 billones de pesos, las IPS reclamaban $18,4 billones, una disparidad que, según expertos, se debe a diferencias en el método de calcular la cartera. 

Este problema se hace más complicado cuando las EPS morosas son liquidadas, puesto que, debido a sus elevados niveles de insolvencia, carecen de recursos suficientes para pagar las acreencias por los servicios prestados a los pacientes, elemento que complica las finanzas de clínicas y hospitales, en la medida que sobre estas se descarga la responsabilidad del derecho a la salud, una tarea que siguen asumiendo, pero sin recursos. 

Para ejemplificar el tema, sólo en el caso de Medimás, la superintendencia de Salud reveló que “por cada 100 pesos de deuda, la EPS únicamente cuenta con 3 centavos para respaldarla”. En ese orden de ideas tenemos entidades sin capacidad de pago y un saldo rojo que los hospitales deben manejar, eso sí, sin dejar de ofrecer los servicios y derechos en salud. 

Hospitales públicos del Tolima y las deudas que no pagan 

En aras de radiografiar las dificultades financieras anteriormente expuestas, Cofradía solicitó a la Gobernación del Tolima, cifras sobre la cantidad de recursos que las EPS liquidadas (Comparta, Coomeva y Medimás) adeudan a los hospitales públicos del departamento. Actualmente, el total de la deuda asciende a $135.798’.591.031 pesos, siendo Medimás la EPS más morosa, con un total de $87.277’.805.443 pesos sin pagar. 

Desagregando la cifra, el Hospital Federico Lleras Acosta, con sede en Ibagué, no sólo es la más grande Institución Prestadora de Servicios de Salud del Tolima, también es el hospital al que mas plata le deben. En total, las tres EPS abordadas le adeudan una cantidad de $49.806’.754.788 pesos, cifra que ineludiblemente afecta su situación financiera. 

El segundo hospital al que más le deben las EPS mencionadas es el San Rafael de Espinal, cuya cartera asciende a $25.264.332.218 pesos, de los cuales $12.808.355.356 pesos corresponden a la EPS Comparta; en tercer lugar, se encuentra el hospital Alfonso Jaramillo del Líbano, con una cartera de $15.937.575.927 pesos; en cuarto lugar, encontramos al hospital San Juan de Dios, ubicado en el 

municipio de Honda, con una deuda de $7.046.253.401 pesos; y, en quinto lugar, tenemos al hospital San Sebastián, del municipio de Chaparral, cuyo dinero no pagado por las EPS liquidadas ascienda a $4.723.753.528 pesos. 

Para terminar, los hospitales públicos a los que menos le deben las EPS son: el Ramón María Arana ($21.960.797) del municipio de Murillo y el Ismael Perdomo ($22.684.877), en el municipio de Villahermosa. Es importante mencionar que las EPS liquidadas tienen cuentas pendientes con todos los hospitales públicos del departamento, sin embargo, la situación se agrava en aquellos hospitales de primer nivel, debido a que las cuentas morosas se suman a un ambiente que de por sí, ya era hostil para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos.