La defensa y protección del medio ambiente dejó de ser un tema de interés nacional o local, para convertirse en el tema más importante de la humanidad. Son muchos los compromisos y tratados que los Estados del mundo han suscrito y aceptado ante la ONU, para evitar el desastre que la acción devastadora del hombre le viene causando a nuestro hábitat universal. COFRADÍA analiza algunos de los problemas ambientales que padece nuestro departamento.

El departamento del Tolima es atractivo para la realización de proyectos extractivos, hidroeléctricos, agroindustriales y de infraestructura por su diversidad climática, su localización, su relieve, sus minas y sus suelos. Sin embargo, estos proyectos generan conflictos, especialmente por su incidencia en áreas de importancia ambiental. 

Los proyectos están relacionados con la demanda progresiva de materiales, agua y energías en los procesos productivos de las economías del primer mundo, es decir, de los países desarrollados.

Respecto a lo anterior, actualmente existe una crisis energética, fenómeno que ha ralentizado los aparatos productivos e incrementado los precios en muchos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el precio de la energía se incrementó un 29,3%, factor que incidió en el 7% de la inflación registrada por este país. 

¿Qué efectos puede tener esta escasez global de energía sobre los conflictos ambientales de nuestra región? 

Para responder esta pregunta, Cofradía consultó al Ingeniero Agroindustrial y Doctor en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas, Jorge Mario Vera Rodríguez, experto en conflictos ambientales, geografía y ciencias ambientales.

“Se nos ha hecho creer que nuestro territorio es rico en la materia, pero la realidad es que el país no es protagonista en el tema energético mundial, por lo menos no en lo que a hidrocarburos refiere. Entonces, la nueva gran demanda de estos países no tendrá efectos sobre Colombia. Sin embargo, esta crisis energética y sus efectos económicos sí evidencian la necesidad de transitar hacia energías limpias y renovables”.

“Ahora, la transición energética no implica que los conflictos desaparezcan, porque los procesos que se adelantan para el uso de estas energías limpias, ya generan reacciones sociales. Por ejemplo, la creación de paneles solares tiene materiales que producen gases de efecto invernadero, factor que genera conflictos y, la construcción de parques eólicos está produciendo lógicas de despojo de tierras en zonas de la costa caribe”, expresó el ingeniero. 

Confrontación de cosmogonías

Los conflictos ambientales, además de disputas por un tema de apropiación de recursos, también son disputas por un tema de apropiación simbólica del ambiente. Es decir, confrontan formas diferentes de ver el mundo o formas distintas de entender la naturaleza. 

Teniendo presente lo anterior, le preguntamos al Ingeniero Mario Vera sobre la importancia de la forma en que las personas interpretan o apropian simbólicamente el tema ambiental. Esto fue lo que expresó: 

“En los conflictos ambientales no solo se ve un tema de intereses o utilidades, también la disputa tiene que ver con la forma en cómo se entiende el medio ambiente y el territorio. Aparece entonces una confrontación de cosmogonías, de formas de entender la realidad. Por ejemplo, para las empresas mineras el territorio tolimense es interpretado como fuente de recursos metálicos, mientras tanto, para muchos ciudadanos este se entiende como un espacio para el buen vivir o un elemento para garantizar la soberanía alimentaria. Entonces, esas formas diferentes de ver e interpretar el mundo también adquieren un rol importante en estos conflictos”.

“El Atlas”

Hace aproximadamente 2 años, un grupo de investigación adscrito a la Universidad del Tolima, el cual contó con la participación del Ingeniero Vera, hizo una síntesis de los conflictos ambientales en el departamento. El documento fue publicado en la revista científica “Luna Azul” de la universidad de Caldas y estos son algunos de los importantes resultados: 

En lo que refiere a minería, el Tolima posee 6 proyectos con gran escala de explotación, 1 de ellos con fase de exploración suspendida por consulta popular. Según la Agencia Nacional de Minería hay 287.866 hectáreas con títulos mineros y 479.562 hectáreas en procesos de solicitud minera. 

Según el documento, aunque existe un número significativo de títulos y solicitudes en minerales no metálicos, la extensión de estos es inferior al de áreas orientadas a la exploración y explotación de minerales metálicos.  Vale la pena mencionar, además, que el 50,5% de los títulos mineros del área total titulada los posee AngloGold Ashanti Colombia S.A.

Los tipos de conflictos potenciales en esta materia y el número de hectáreas implicadas son:

Minería potencial en territorios colectivos, 3.572,6 ha; minería potencial en centros poblados, 477,9 ha; minería potencial en áreas protegidas, 51,485,5 ha; y, minería potencial en acuíferos, 49.578,2 has. 

Por otro lado, en lo que refiere a proyectos para hidrocarburos no convencionales, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, existen 374.175 hectáreas tituladas para actividad de exploración y potencial explotación, mediante técnica de fractura hidráulica o “fracking”, en el territorio tolimense. 

Esto produce los conflictos ambientales de: Fracking potencial en territorios colectivos, 10.601,4 has; fracking potencial en centros poblados, 1.367,7 has; fracking potencial sobre cuerpos superficiales de agua, 2.816,7 has; explotación petrolera en áreas en proceso de declaratoria de protección, 33.869,1 has; y, fracking potencial sobre acuíferos, 157.920,3 has. 

En lo referente a proyectos hidroeléctricos se identificaron 3 centrales eléctricas en operación con capacidad mayor a 50 Mwh. Además, se identificaron 23 nuevos proyectos con capacidad mayor a 1 Mwh. El de mayor capacidad implicaría la inundación de 5.600 has. Existe preocupación por el volumen de captación y derivación de caudal, ya que supera los máximos permitidos y pone en riesgo los ecosistemas asociados a la fuente hídrica. 

Con relación a los megaproyectos industriales que refieren a los cultivos de palma aceitera y las Zonas de Interés y Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), actores nacionales e internacionales fueron cuestionados por presuntamente amenazar los derechos campesinos y la pequeña producción. Estas zonas tendrían efectos sobre la concentración de la propiedad privada y genera conflictos de tierras. 

Por último, se identificaron conflictos por el Relleno Sanitario Regional “Parque Industrial Santodomingo”, ubicado en Armero Guayabal. Según la investigación, este se proyectó para 12 municipios y presenta problemas de inestabilidad y cubrimiento, denuncia que ha sido replicada en múltiples ocasiones por entes de control y actores académicos.

Los conflictos en mención han generado una respuesta social organizada. En el 53% de los municipios del Tolima se conformaron organizaciones que discuten contra los proyectos traídos a colación; el 34% de estos municipios cuentan con un Comité Ambiental Municipal y el 19% está en proceso de consolidación. La ciudadanía acude a un variado número de herramientas democráticas y mecanismos de participación para intervenir sobre sus territorios. Se resaltan entre estos “la Marcha Carnaval”, las audiencias públicas, los cabildos abiertos y las consultas populares, este último, con un largo debate jurídico sobre su efectividad e incidencia. 

Según manifestó el Ingeniero Mario Vera, próximamente se publicará un nuevo atlas con datos más actualizados. 

Para finalizar, a propósito de las elecciones de Congreso de la República  y presidencia del presente año, sobra decir que los conflictos y elementos aquí mencionados jugarán, y deben jugar, un rol importante en las discusiones que se avecinan. Esperemos que los nuevos representantes de la institucionalidad colombiana estén a la altura del debate y la voluntad de los ciudadanos.