Iván Ramírez Suárez

La Defensoría del Pueblo es una de las conquistas mas importantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Como institución, cumple un papel fundamental en la sociedad y la estructura político – jurídica del Estado colombiano y para ello se le asignaron funciones constitucionales y legales para que cumpla el espíritu por el cual el constituyente primario vio la necesidad de su creación como órgano integrante del Ministerio Público. 

La página web de la Defensoría Nacional, define su misión dentro del llamado “Plan Estratégico 2017 – 2020”, así: “La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos; Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones; Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario; Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos; Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley.”

Y en el mismo portal, proyectó su visión para el período que concluyó, en los siguientes términos: “La Defensoría del Pueblo al año 2020 será reconocida por su incidencia en la construcción de paz, la promoción de los derechos humanos, la optimización de su gestión y la actuación institucional fundada en el respeto de la dignidad humana y el concepto de integralidad de los derechos humanos, especialmente en los territorios más vulnerables.”

El Defensor Nacional del Pueblo, recién posesionado, cargará a sus espaldas no solo el pésimo lastre que en el ejercicio de su poder funcional le deja su antecesor, sino la nula actividad de la gran mayoría de defensorías departamentales.

El caso del departamento del Tolima es aterrador. Un burócrata devengando sueldo, cuyo único mérito es el de ser alfil de un tristemente célebre Representante a la Cámara, ligado a los peores gobernantes que ha tenido esta capital y quien tras la orfandad política en que quedaron sus mentores, busca abrigo burocrático en el Centro Democrático para mantener una lánguida clientela que le permita volver a aparecer en listas de aspirantes al Congreso.

La Defensoría del Pueblo del Tolima requiere de un jurista, más que de un burócrata sin ‘chanfaina’, para que ejerza a cabalidad sus funciones en defensa de los derechos fundamentales de las personas y los derechos colectivos de la sociedad tolimense, mediante las herramientas judiciales y administrativas que les otorga a él y su numeroso grupo de abogados la ley y la Constitución Nacional.

La Defensoría Regional del Pueblo fue importante y cumplió su función misional a cabalidad, mientras estuvo al frente de ésta Santiago Ramírez (q.e.p.d:), en más de dos oportunidades.

De ahí la necesidad de exigirle a quienes tienen la oportunidad de incidir en su designación, de que es hora de marcar diferencia y pensar más en nuestro departamento que en solucionar un problema individual de desempleo profesional.

¿Atenderán?