Kevin Castañeda Vargas – Profesional en Ciencia Política

La propuesta programática presentada al Tolima en campaña por el presidente Gustavo Petro, contenía una serie de iniciativas condensadas en dos ejes principales: uno que refería a la protección del medio ambiente, y el otro relacionado con la productividad agrícola.

Según la propuesta de gobierno elegida por los colombianos, el territorio tolimense se ordenará alrededor del agua, se protegerán las cuencas hidrográficas y se potenciarán actividades productivas dependientes de ríos; se respaldarán las consultas populares y se hará seguimiento a las licencias ambientales en proyectos mineros e hidroeléctricos; se construirá una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la protección del río Magdalena; se apoyará el ecoturismo comunitario; y, se democratizará el acceso al sistema de regadíos, tecnología e infraestructura para procesar y sumar valor agregado a la producción agrícola, iniciativa que será acompañada con la internacionalización de las ventas. 

La pertinencia de las propuestas hechas a los tolimenses por el actual presidente, obedece a la invaluable riqueza hídrica del territorio y al hecho de que la participación sectorial agropecuaria en el PIB departamental es del 15%, nueve puntos porcentuales más que la participación registrada en el PIB nacional. Sin embargo, aunque la evidencia objetiva y la ciudadanía marginada del Estado Social de Derecho aclame por la implementación de estas iniciativas, los conflictos con el viejo poder regional serán inevitables. 

No hago referencia específica a quienes ejercen la política desde corporaciones públicas. Aunque algunos defiendan a capa y espada el orden de cosas hasta ahora existente, el respaldo de los senadores conservadores al llamado “Acuerdo de Escazú”, evidenció que pueden construirse puentes de cooperación en condiciones específicas, por ejemplo, canjeando respaldos legislativos por la no intervención directa del ejecutivo nacional en los próximos comicios departamentales. 

Los conflictos venideros serán protagonizados por organizaciones gremiales que concentran la inversión pública y fungen como autoridad administrativa en temas de recursos o como autoridad epistemológica en temas de productividad. Asociaciones gremiales que, especialmente en el ámbito agropecuario, capitalizan la intervención del Estado y marginan al pequeño productor. ¿Por qué?

Dejando de lado las evidentes convulsiones que genera el tema de tierras, el detonante de futuros conflictos en el Tolima yace en la propuesta de democratizar la asistencia técnica y tecnológica agropecuaria. Esto se debe a la fuerte injerencia que los grupos económicos tienen sobre los recursos públicos que se destinan para tecnificar la producción del campo. Por un lado se encuentra el sistema de asistencia con recursos parafiscales, que son manejados directamente por asociaciones gremiales como FEDEARROZ, FEDEGÁN, FEDECAFÉ, FEDECACAO y FEDEPALMA, entre otros, y por otro lado, se encuentran los recursos que provienen del Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria (FNEA) los cuales se asignan y priorizan a través de un Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA), diseñado por la Gobernación del Tolima y aprobado por la Asamblea Departamental.

En ambos sistemas de asistencia la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y los pequeños productores quedan relegados. Las asociaciones gremiales monopolizan en pequeñas cofradías los recursos parafiscales y, en el caso de los Fondos de Extensión Agropecuaria, se priorizan y asignan para líneas de producción que ya cuentan con dineros parafiscales, como sucede con el cacao y el café, así la decisión se sustente en el beneficio de los municipios PDET. 

En ese orden de ideas y, apelando al espíritu de los grandes acuerdos nacionales, es imprescindible que las asociaciones gremiales abran espacios a pequeñas agrupaciones o pequeños productores. Es necesario que la asignación de recursos empiece a priorizar al que no ha podido crecer y actualice el imaginario de que solo el grande está capacitado para producir riqueza en el Tolima, pues hasta la fecha, las grandes mayorías no la han visto. 

Es tiempo de que pensemos en país y participemos todos. Es importante que el pequeño productor reciba recursos; es imprescindible que apostemos por un proyecto de sociedad y no en pro de un círculo cerrado; es importante que las asociaciones gremiales y todos los sectores productivos participen en el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, por que es inconcebible que ninguno de estos tenga presencia en su Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología  (Ley 1876 de 2017). El nuevo Gobierno nacional ya hizo la propuesta, esperemos que los gremios económicos tengan la disposición de construir en democracia y con un interés supremo: nuestro departamento.