Ismael A. Molina-Economista.

El 29 de mayo el país votó por el cambio. El presidente Petro lo reafirma, señalando que la guía que construye el Plan Nacional de Desarrollo es esa: el cambio. 

El país ha tenido durante los últimos 30 años, desde el gobierno de Cesar Gaviria, como guía para sus propuestas de desarrollo económico y social los paradigmas del neoliberalismo, que señalan como elementos esenciales la libertad de los mercados y su integración a los procesos globales, la protección del sistema financiero, la utilización de las ventajas comparativas, particularmente, las derivadas de la explotación de los recursos naturales como base para el crecimiento económico y la reducción del papel del Estado en toda actividad económica, limitando su accionar a la justicia, la defensa y la administración del Estado.

Ese modelo que tuvo expresiones diversas en cada gobierno transcurrido, dejó un país que no nos gusta. La desindustrialización ha sido evidente en las diferentes ramas de la producción nacional; la dependencia de las actividades extractivistas ha hecho que hoy dependamos del petróleo, el carbón, el oro y la cocaína; el sector agropecuario ha sido sistemáticamente relegado y no tenemos seguridad alimentaria en el país; los servicios públicos se han privatizado y el patrimonio público se despilfarró o fue saqueado en favor de empresarios privados; la salud  ha sido tomada mayoritariamente por intereses privados en contra de las necesidades sociales; el sistema vial nacional y regional se ha privatizado y hoy tenemos el país con más peajes en todo América y el efecto más devastador ha sido que las desigualdades sociales se han profundizado, la pobreza extrema no ha sido superada, la vulnerabilidad de las clases medias es cada vez mayor y la falta de oportunidades a jóvenes y mujeres ha sido evidente. En todo este proceso los grandes ganadores han sido el sector financiero, los grandes empresarios ligados a los circuitos internacionales del capital financiero y las empresas nacionales y extranjeras ligadas a la economía extractivista.

Pero el neoliberalismo no es solo una propuesta económica, es también una opción política y social, donde la libertad de empresa se convierte en la justificación del egoísmo absoluto, donde los valores de igualdad y solidaridad han sido desterrados y donde el principio del todo vale para la obtención del éxito, es la razón de ser de la sociedad. En ella, el acatamiento de las reglas solo debe aceptarse si ello contribuye a la acumulación individua y privada de riqueza, pero debe desecharse si lo impide, independientemente que sea necesario o refleje las soluciones a necesidades sociales. Así se construye una sociedad donde la apropiación indebida y mafiosa de los recursos públicos se vuelve la regla; donde la sobreexplotación de la mano de obra se considera como condición indispensable de la competitividad económica; donde las diferentes expresiones de la sociedad civil son consideradas inapropiadas o simplemente subversivas y donde las expresiones de la violencia y el despojo se consideran como costos inevitables del crecimiento económico impulsado bajo esos parámetros. Es decir, la guerra y la violencia económica y social, son costos inevitables de ese modelo de desarrollo. 

Frente a ese modelo es que nos hemos propuesto construir el cambio, que transforme las prioridades de la actual estructura económica y que subvierta los principios éticos de la sociedad colombiana, pasando del egoísmo y el individualismo extremo a la solidaridad, la cooperación y la inclusión para ampliar la capacidad empresarial del país, pasando de la protección exclusiva del sistema financiero y el gran capital, a la promoción y protección de la economía popular; eliminando los elementos que promueven la corrupción y el robo de los recursos y del patrimonio público, a un esquema donde el manejo de los recursos públicos sea sagrado, como lo ha señalado reiteradamente  Antanas Mokus; donde la guerra y la violencia no sean un costo del crecimiento económico, sino que éste contribuya para la construcción de la paz urbana y rural. Es decir, un modelo de desarrollo donde el fortalecimiento del tejido social sea la condición necesaria del desarrollo económico y no su resultado residual, como efecto probable del crecimiento económico. El modelo que nos proponemos no se mide con el crecimiento del PIB, sino con el fortalecimiento del Índice de Desarrollo Humano, que ha propuesto Naciones Unidas, donde además de los índices macroeconómicos se evalúe la protección del medio ambiente, las condiciones de la calidad de vida de toda la población, la reducción de desigualdades económicas, el acceso a vivienda diga y servicios públicos de calidad, la inclusión social y la generación de oportunidades para todos, donde el reconocimiento y la generación de oportunidades para las nuevas ciudadanías, realmente se valoren como partes substanciarles del desarrolle económico y social de un país, que no se reducen a los informes sobre el crecimiento y comportamiento de PIB, que solo refleja la actividad económica, sin evaluar sus externalidades que se expresan en costos y destrucción ambiental y en violencia, segregación y discriminación social. 

La propuesta de Plan de  Desarrollo para el Cambio, es también un cambio en la manera como se definen las prioridades del desarrollo, pues éste no es exclusivamente para el gran capital, donde unos pocos ganan y el resto obtenemos las migajas, sino que es un desarrollo económico y social, donde el papel del Estado es el de promover oportunidades para todos, donde la economía popular sea el centro de las preocupaciones y donde el afianzamiento de la sociedad civil y del tejido social sea objeto y sujeto de las políticas públicas. Es decir, un modelo de desarrollo que priorice a la mayoría de la sociedad y donde el crecimiento sea el resultado de una sociedad civil fuerte, que asuma e implementa sus derechos, que vea a la paz como su derecho fundamental y no que éste, el crecimiento económico, sea el centro de las preocupaciones, aunque ello conduzca a nuestra destrucción como nación y como planeta.   

Estos nuevos paradigmas del desarrollo se expresan con claridad en la metodología que se está proponiendo para los diálogos regionales vinculantes como instrumento básico para la construcción del plan nacional de desarrollo.  En una síntesis presentada por la Presidencia de la República se aprecia claramente las apuestas fundamentales del Gobierno Nacional, que se agrupan en el concepto de las transformaciones que queremos lograr, y en los temas que se deben resolver que se agrupan en mesas temáticas donde los ciudadanos y organizaciones sociales, políticas y gremiales pueden hacer sus aportes.

El primer eje de transformación, el ordenamiento territorial y paz total, se apoya en la necesidad de tener el ambiente y en particular el agua, como eje central del ordenamiento territorial, en armonización con el cumplimiento del principio constitucional de la obligación de la búsqueda de la paz, como un bien de superior jerarquía, de orden estatal y no sólo de gobierno. El ordenamiento territorial no se hace en función de generar rentas del suelo en favor de terratenientes urbanos y rurales, sino como instrumento de las demandas ambientales para una mejor calidad de vida y minimizar los conflictos de uso del suelo entre economía y medio ambiente, para contribuir con la paz social y política que requerimos.  

El segundo eje transformador, seguridad humana y justicia social, enfatiza en el fortalecimiento de las diferentes expresiones y anhelos sociales y de inclusión, reiteradamente desconocidos, pese a ser parte del cuerpo y esencia de la constitución política expedida en 1991. Es decir, lo que se busca en este eje es la aplicación del espíritu constitucional de garantizar los derechos sociales, políticos, económicos y étnicos de minorías olvidadas y desconocidas en los planes de desarrollo que se han propuesto, donde el crecimiento ha sido su razón de ser, sin tomar en cuenta la necesidad de la equidad y la inclusión.

El tercer eje de los diálogos vinculantes es el derecho humano a la alimentación, con lo cual se busca no solo la necesaria seguridad y soberanía alimentaria, sino también la democratización de las oportunidades para la economía campesina y no solo políticas que apoyen la gran propiedad y la ineficiente producción terrateniente. En él se integra la necesaria reforma rural integral y los obligatorios cambios de la política agropecuaria que se ha venido esbozando por el gobierno nacional.

El cuarto eje fundamental, la transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental, pone en evidencia la necesidad de romper con el modelo extractivista en las bases mismas del modelo de desarrollo y volver los ojos hacia la industrialización del país, valorando las externalidades ambientales y convirtiendo los conflictos ambientales y energéticos en oportunidades para el desarrollo y el cambio tecnológico que necesita Colombia. Es necesario el crecimiento económico, pero ello debe hacerse sin destruir el medio ambiente y sin ahondar las desigualdades sociales y económicas. El crecimiento económico tiene que contribuir a la generación de riqueza para la sociedad en su conjunto y mejorar las posibilidades de calidad de vida para la totalidad de formas de vida existentes en el país. 

El quinto y último eje, la convergencia social-regional, vuelve a enfatizar en la inclusión de diferentes expresiones sociales y étnicas existentes en el país, reafirmando que el origen de la riqueza no es la especulación o la explotación de recursos naturales, sino que es el trabajo transformador en la industria y en las actividades agropecuarias, mostrando que la confluencia del desarrollo regional, es la mejor forma de luchar contra la pobreza y la exclusión que hoy afectan a grandes áreas de nuestro territorio nacional.