Foto tomada de la Revista Semana

Austeridad, recargo nocturno, impuesto a la tierra improductiva y reforma tributaria. 

Luego del acto de posesión presidencial, las carteras ministeriales presentaron al público una serie de reformas en dónde se evidencian los enfoques y objetivos que manejará la nueva administración nacional. La mayoría de estas iniciativas ya reposan en el Congreso de la República, ambientando la discusión parlamentaria y, por supuesto, el debate ciudadano.  

Por un lado, en aras de crear un escenario fiscal saludable, el presidente Gustavo Petro solicitó ejecutar un plan de austeridad en su primer consejo de ministros. En este se plantea desmantelar nominas paralelas en todas las dependencias que conforman el ejecutivo nacional y eliminar gastos “superfluos”. Se habla de reducir en un 40% el número de contratistas que tiene la presidencia y evitar que una persona tenga más de 4 contratos con el Estado. 

Por otro lado, la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, propuso volver a pagar horas extras y recargos nocturnos, limitando la jornada laboral diurna hasta las 6 de la tarde. La iniciativa fue secundada con un proyecto de ley presentado por el Partido Liberal, en donde se busca modificar la ley 789 de 2002 y garantizar pagos de recargos nocturnos, dominicales y festivos. 

En tercer lugar, la ministra de agricultura, Cecilia López, anunció una reforma agraria que contempla fuertes impuestos a la propiedad improductiva. La medición de la productividad se basará en los datos de la Unidad de Planeación Rural (UPR) y, a través de un catastro multipropósito, se buscará acercar el valor de la tierra a su valor comercial. En este contexto, los propietarios de predios improductivos deberán modificar el uso de sus tierras por uno que les permita cubrir el tributo, pagar el impuesto o vender. 

Aunque las dimensiones no fueron especificadas, se asume que los predios que tengan menos de una hectárea, lo cual representa a 1.100.000 familias colombianas, estarán exentos del cobro, debido a que, según la información suministrada por la ministra, son los más productivos y serán los principales beneficiarios.    

Teniendo en cuenta que la iniciativa aumentará el recaudo de catastro, el cual es manejado por los municipios, el Gobierno Nacional propone negociar, más adelante, el giro de algunos recursos que no están fijados por transferencias, como en el caso de los apoyos a sistemas de transporte. 

Sumado a todo lo anterior, se anunció un robusto paquete de inversión social. Sin embargo, luego de conocer el informe de la comisión de empalme, se concluyó que la iniciativa inversionista e incluso la sostenibilidad de programas ya existentes corrían peligro, debido a que el país se encontraba desfinanciado. Teniendo esto presente, la nueva administración nacional decidió presentar un proyecto de reforma tributaria, con el propósito de recaudar $26 billones de pesos. 

LA REFORMA TRIBUTARIA 

La nueva reforma asume tener elementos de equidad, justicia tributaria, salud pública y medio ambiente. A diferencia de reformas anteriores, no apela a la formula -excepción tributaria + confianza inversionista- para estimular la actividad económica y crear nuevos empleos. El documento infiere que los alivios tributarios aplicados a la gran empresa no han demostrado resultados satisfactorios, luego entonces, apuesta por elevar el recaudo en grandes capitales y financiar una intervención del Estado basada en la inversión social y la productividad. Sin embargo, algunas medidas generan dudas por sus efectos directos sobre la clase media. A continuación se ofrece un recuento de los puntos clave en la propuesta de reforma tributaria: 

a) Impuesto de renta de personas naturales.  

Se propone gravar a personas con ingresos mensuales superiores a los $10.000.000 de pesos, lo cual representa al 1% de la población total y el 0,2% de los pensionados.  

En el caso de los pensionados es importante aclarar que, aunque se gravan pensiones que superan lo $5.660.000 pesos mensuales, este monto hace referencia a la renta líquida gravable, a lo cual se le suman los aportes de salud y las exenciones también estipuladas, dejando, en últimas, sólo las pensiones que superan los $10.000.000 de pesos mensuales.  

b) Impuesto al patrimonio 

Se grava la posesión o el patrimonio superior a los $2.736.288.000 pesos con una tarifa marginal de 0,5% y, en el caso de los patrimonios que superen los $4.636.488.000 pesos se aplicará una tarifa del 1%. 

c) Impuesto a la ganancia ocasional  

La ganancia ocasional es el ingreso o utilidad que tiene una persona o empresa por la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios, o por la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganar una lotería o una rifa.  

Actualmente este tipo de ganancia posee un impuesto del 10%, el cual aumentará al 20% si se aprueba la nueva reforma (Aplicará para seguros de vida, rifas y utilidades sobre venta de casas). 

d) Impuestos para personas jurídicas usuarias de zonas francas. 

Las zonas francas son áreas delimitadas del territorio nacional, en las que se instalan industrias y comerciales que gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial, según sea el caso. Estas empresas serán gravadas con un impuesto a la renta del 20%, siempre que tengan un plan de internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año gravable.  

e) Se acaba el 4×1000  

Este polémico impuesto será eliminado para movimientos financieros menores a $13,3 millones de pesos. Es importante aclarar que ya existe esta excepción y aplica para una sola cuenta. Con la nueva disposición el beneficio se extiende a todas las cuentas bancarias registradas. 

f) Impuestos a la gasolina. 

La relación entre el combustible y el precio de los productos, ha convertido el presente tributo en uno de los más cuestionados, sin embargo, es importe aclarar que existen tres variables diferentes y que el impuesto no significa, necesariamente, un alza en los precios.  

En primer lugar, se fija un impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, elemento que recae sobre el consumidor foráneo y tiene efectos sobre la inversión extranjera. 

En segundo lugar, aparece el impuesto al carbono, el cual aplica para todos los combustibles fósiles y representa un alza de $46 pesos en la tarifa de la gasolina ($52.215 pesos en el caso del carbón). Es muy importante aclarar que, según el artículo 29 del proyecto,  el impuesto será asumido por el productor o importador en la primera venda, es decir, cuando el mayorista le compra a la refinería. Ahora, este último no puede descargar el impuesto en el consumidor final, debido a que, a diferencia de otros productos, la gasolina es regulada por el Estado y su precio es fijado por el Ministerio de Minas y Energía, no por el sector privado.  

Por último, la medida que más preocupa a sectores populares, obedece a la eliminación de la exención en el impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en zonas fronterizas. Aunque la propuesta de reforma reconoce que esto tendrá efectos regresivos en zonas con muchas dificultades y propone un “robusto paquete de inversión social para mitigar los impactos”, el malestar sigue latente.  

g) Impuesto a los alimentos ultra procesados.  

En este ítem se propone gravar productos como embutidos, papas fritas, galletas, paquetes y tortas. Aunque el argumento nutricional utilizado para justificar el impuesto es irrefutable, existe una costumbre de consumo y, en el caso de familias vulnerables, algunos productos fungen como sustituto de alimentos, en la medida que sus precios son más exequibles.  

Teniendo esto último presente, en el documento aflora una inconsistencia. En el punto 4.3.1.2 de la parte expositiva se asegura que, “considerando la importancia de algunos productos en la canasta básica familiar, alimentos ultra procesados como la mortadela, la butifarra y el salchichón no quedarían gravados”. Sin embargo, dichas excepciones no aparecen en el articulado (Articulo 49), que en últimas es lo que aprueba o no aprueba el Congreso de la República.