¡El 15 de noviembre de 2021 el alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, publicó en su cuenta personal de twitter: “Se viene un gran año para #Ibagué! En la#Capital Musical nos preparamos para vibrar con el Jamming Festival, uno de los eventos de música más importante de toda Latinoamérica.” (…)

Pocos días después, el 24 de noviembre, mediante un video publicado en la misma cuenta, Hurtado desde el centro recreacional Playa Hawai y con una de sus piscinas de fondo, anunciaba la fecha del evento y los artistas nacionales e internacionales que – según el alcalde – participarían en el mismo. Y remataba su intervención diciendo: “No solo lo tendremos en el 2022, sino en el 2023.”

Como es bien sabido por la opinión pública el evento no se realizó y más de 100 mil personas adquirieron boletas para asistir, un buen número desplazándose desde el territorio nacional y otros, desde varios países del mundo. COFRADÍA presenta una radiografía de lo sucedido.

María y tres amigos, todos ibaguereños residentes desde hace varios años en Bogotá, se desplazaron hacia la ciudad de Ibagué el 17 de marzo en horas de la noche para presenciar lo que para ellos constituía “el evento musical más importante de sus vidas”. Los cuatro jóvenes oscilan en edad entre los 30 años y después de terminar sus estudios profesionales en la universidad acostumbran escaparse en cada puente para visitar a sus familiares y reencontrarse con las delicias de la “tierrita”, como suelen decirle a nuestra Ciudad Musical.

Esta vez, la mañana no les sonrío como en las anteriores ocasiones. El reiterado sonar del timbre del teléfono celular los había despertado demasiado temprano y al otro lado de la línea les era transmitida la noticia de que el evento que los había convocado de nuevo, había sido suspendido.

En pocos minutos la noticia estaba siendo difundida por todos los medios de comunicación locales y nacionales. El promocionado y esperado “Jamming Festival” que tendría como espectadores a cerca de 150 mil personas durante tres días en las instalaciones del Centro Recreacional Playa Hawai, ubicado cerca al peaje de Buenos Aires en la vía que de Ibagué conduce a Bogotá, había sido cancelado por sus organizadores, la empresa Buena Vibra Eventos EU representada por el señor Alejandro Casallas Rodríguez.

En los medios de comunicación y las redes sociales se leían y escuchaban insultos y agravios hacia los organizadores y algunos funcionarios municipales. El secretario de Gobierno Óscar Alexander Berbeo, invitaba a todos quienes se sintieran lesionados económicamente por la no realización del evento a “interponer ante la Fiscalía las respectivas denuncias penales por el delito de estafa masiva y agravada”, lo que obligó a que familiares y socios de la empresa organizadora se pronunciaran.

Gracias al espíritu solidario de algunos empresarios, ciudadanos y el gobierno Departamental, los perjuicios económicos ocasionados lograron apaciguarse respecto a quienes habían arrendado un espacio para vender sus productos los tres días del evento y los vendedores informales que a la par esperaban obtener utilidades con la venta de comestibles y bebidas.

El martes 22 todo volvió a la normalidad, la solidaridad pública y privada hizo renacer el espíritu tolimensista entre quienes por temporadas nos olvidamos de él, y en la aparente calma es necesario socavar sobre el problema para tratar de encontrar la verdad de lo ocurrido, o al menos, hacer visible algunas responsabilidades.

ANTECEDENTES

Aunque el empresario Alejandro Casallas Rodríguez está vinculado hace más de 10 años a la organización de conciertos y espectáculos artísticos y musicales, la empresa que contrató y organizó el Jamming Festival 2022 fue Buena Vibra Eventos EU, la cual fue constituida por Casallas Rodríguez como único propietario el 1 de marzo de 2019 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula mercantil 03077572 el 5 de marzo del mismo año. (Ver certificado expedido por la C.C. de Bogotá)

Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, tiene como actividades principales “los espectáculos musicales en vivo”, “actividades inmobiliarias”, “expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento” y “otros tipos de expendio de comidas preparadas N.C.P.”. Su activo total declarado fue la suma de 2.017 millones 325 mil 167 pesos.

Según lo informó a la revista COFRADÍA el secretario de Gobierno Municipal Óscar Alexander Berbeo, la empresa hizo un primer contacto con la Alcaldía de Ibagué en el mes de octubre de 2021, con ellos se realizó una segunda reunión el 23 de noviembre en el Centro Vacacional Playa Hawai y una tercera terminando diciembre en el Centro Comercial Acqua. En enero de 2022 se hicieron otras reuniones de seguridad con autoridades municipales y departamentales y fue el 26 de enero de 2022 la fecha en que de manera formal radicaron la solicitud de permisos.

El empresario Juán Raúl Solorzano, representante legal de la sociedad RGJV Solórzano SAS, propietaria del Centro Recreacional Playa Hawai, respecto al conocimiento que tiene de Alejandro Casallas Rodríguez nos expresa que lo conoció por intermedio del empresario antioqueño José Escudero, amigo de sus hijos, firmándose el contrato para el alquiler del centro recreacional el 28 de diciembre, por un valor de 450 millones de pesos, dándosele un anticipo de 250 millones. “Mi única participación en el evento fue el alquiler del centro recreacional, como ya le he dicho, no conocía al señor, pero tenía conocimiento que era empresario de esos espectáculos”, afirmó el señor Solórzano.

COFRADÍA le envío mensajes al alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, para conocer su versión sobre los hechos y el por qué de la promoción reiterada que hizo por las redes sociales del evento, sin tener la sociedad organizadora permiso de la alcaldía para la realización del mismo, toda vez que solo hasta el 16 de marzo se le concedió mediante resolución la autorización para realizarlo (ver resolución), pero no respondió.

Los requisitos legales y su cumplimiento por el empresario

Los requisitos a cumplir por quienes como persona natural o jurídica tienen interés en la realización de eventos musicales, artísticos y/o culturales están fijados en la página SUIT de la Función Pública (ver pantallazos) y en el documento que aparece igualmente en la página web de la Alcaldía de Ibagué (ver PDF). Normativamente están consignados en la Ley 1493 de 2011, la resolución 2426 del 4 de octubre de 2012 y el Decreto 1276 de 2020, normas del orden nacional las cuales son complementadas por los requisitos que en materia de seguridad, salubridad y tributaria regulan esta clase de espectáculos públicos.   

Al preguntársele al secretario de Gobierno de Ibagué sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del organizador del evento, este fue enfático en afirmar: “Los cumplieron todos, absolutamente todos los requisitos”.

Vino entonces la pregunta obligada: ¿Secretario, si el empresario cumplió todos los requisitos exigidos legalmente y se le concedió la autorización para la realización del evento, por qué razón invitó públicamente a denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de estafa en masa? Y respondió: “Por las razones que dieron para la cancelación, nos parecen argumentos muy livianos y porque tomaron ellos solos la decisión. Si creyeron que era por riesgo de desmanes por falta de artistas, debieron consultar con las autoridades si se tenían o no las capacidades de contenerlo y ellos sabían que sí teníamos la capacidad de contención.”

Y al indicarle que dijera cuáles eran los argumentos livianos que esgrimía, contestó: “Son dos: uno, que tienen varios artistas de Jamaica y que por cultura no están de acuerdo con las vacunas para el COVID, luego no están vacunados y no podían ingresar al país; el otro, que hay un artista que tiene COVID, cuyo nombre no me puede suministrar, el cual tiene muchísimos seguidores y que al no venir, y no presentarse, se iban a presentar desmanes que no se iban a poder controlar.”

En respuesta a cómo controlarán los posibles desmanes – de presentarse como al parecer lo presentía el organizador – Berbeo contesto: “Ellos debían contratar un personal logístico, tenían varios contratos con empresas proveedoras, un solo contrato de personal era de 1.800 personas y adicional teníamos 90 secciones del SMAD, cada sección son 24 unidades policiales, un mínimo de efectivos de 3 mil hombres dentro del lugar. Todas las fuerzas estaban volcadas para asegurar el evento, cada una con compromisos puntuales, Fuerza Aérea, Ejército, Policía, Fiscalía, Sijin, etcétera.”

El día “D” y el desastre.

El sábado 19 era el día esperado, ya casi todo estaba preparado y organizado. En Playa Hawai desde el jueves se habían instalado las tarimas, las carpas, sillas y todo indicaba que ese sábado se empezarían a recibir a las cerca de 50 mil personas que estarían en el inicio del Jamming Festival.

Sin embargo, el viernes muy temprano, las emisoras de la ciudad y las redes sociales daban la noticia de la suspensión del evento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que se conoció después, había iniciado un proceso sancionatorio contra la empresa organizadora del evento y mediante resolución del jueves 17 de marzo había decidido ordenar la suspensión del concierto. Hecho que generó un desplazamiento masivo de personas que habían adquirido entradas al concierto hacia la sede comercial de Buena Vibra Eventos EU en Bogotá, para protestar y exigir la devolución de los dineros pagados anticipadamente.

Situación similar ocurrió en Ibagué,  tal como se lo relató a la revista COFRADÍA Juán Raúl Solórzano, gerente de la empresa propietaria de la sede del evento: “Nosotros ya teníamos todo dispuesto, los escenarios, las tarimas, las carpas, es decir toda la logística. Pero el viernes fue terrible, empezaron a llegar carros y personas. Se decía que habían suspendido el evento, que ya no se iba a realizar. Entró una turba a las instalaciones, con carros, saquearon todo, se llevaban lo que encontraban. Habíamos instalado dos carpas grandes, con cocinas, estufas a gas grandes, ambas con suficiente menaje, todo se lo llevaron, se lo robaron (envió videos). Había comprado 50 millones de pesos en aguardiente Néctar, todo se lo llevaron, todo fue un desastre.”

Pero el saqueo también tocó a los pequeños empresarios que desde días antes habían instalado puntos de venta de artesanías, manufacturas y bebidas, los cuales fueron hurtados por quienes lograron ingresar antes de que hiciera presencia la policía.

Las dudas y preguntas obligadas

COFRADÍA le preguntó al empresario Juán Raúl Solórzano, cuál creía que fue el motivo del posible fracaso del evento, y contestó: “Creo que fueron muy ambiciosos, se sobredimensionaron. No creo que hayan actuado de mala fe.”

La posición del empresario contrasta con la actitud asumida por el alcalde de Ibagué y sus secretarios de Gobierno y de Cultura, quienes el mismo día que conocieron la suspensión del evento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, responsabilizaron de lo sucedido al empresario organizador y exigieron a los perjudicados acudir a la Fiscalía para instaurar las denuncias penales, según ellos, por el delito de estafa en masa. 

Sin embargo, causa sorpresa y sospecha, ver cómo desde el año anterior y durante el tiempo transcurrido del presente, el alcalde y su secretaria de Cultura Greis Cifuentes se convirtieron en pregoneros y modelos de publicidad en las redes sociales y los medios de comunicación, de un evento que ellos mismos no habían aprobado para su realización, porque el empresario no cumplía las exigencias administrativas y legales para actos masivos de tal magnitud.

La aprobación por parte de la alcaldía se produjo el mismo día en que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo pública la sanción de suspensión del concierto, por incumplimiento de los requerimientos administrativos hechos por la entidad, es decir el 16 de marzo, solo dos días antes de la fecha de realización del concierto. Luego, las mismas autoridades promocionaron un evento, sin contar con aprobación para su realización del Ministerio de Cultura y la misma Administración que ellos representan y dirigen..

Igual que al alcalde Andrés Fabián Hurtado, COFRADÍA envió mensajes al empresario y representante legal de la empresa Buena Vibra Eventos EU, pero no fueron respondidos ni hubo comunicación con nosotros.Paradójicamente, la Administración cuyo eslogan de campaña y de gobierno es “Ibagué Vibra”, acabó de tajo con un concierto organizado por una empresa denominada “Buena Vibra Eventos EU”. Evento, que según los mismos actores, iba a hacer vibrar a Ibagué y se convertiría en el más importante en la historia de la Ciudad Musical.