Se conmemora este 10 de diciembre el día internacional de los derechos humanos, recordando la fecha en que la recién creada Organización de Naciones Unidas, en Asamblea General y poco tiempo después de concluida la Segunda Guerra Mundial, hizo aprobación y promulgación de la Declaración Universal en el año 1948.

El día de ayer, se conoció e hizo pública la noticia de que la revista Internacional Us News, después de una mesurada evaluación, calificó a Colombia como el país con mas altos índices de percepción de corrupción pública de una muestra total de 73 países. 

Estos dos hechos, de trascendental importancia y de implicaciones negativas para nuestro país, nos dejan muy mal parados ante nuestra sociedad y en el plano internacional, por la reiterada y constante violación y desconocimiento de los derechos mínimos que un Estado debe garantizarle a sus habitantes, así como por los elevados índices y numerosos hechos de corrupción en el sector estatal.

Sobre la violación de los Derechos Humanos en Colombia, se han escrito cientos de libros, que prueban cómo los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la libertad física, libertad de conciencia y sexual, por nombrar solo algunos, son desconocidos y violados por servidores públicos, la Fuerza Pública y otras organizaciones armadas con control territorial, las que en una gran mayoría de casos quedan en la impunidad no solo porque existe ‘incapacidad’ estatal para investigar y castigar a los responsables, sino porque existe complicidad omisiva de quienes tienen ese deber funcional.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación y la organización Transparencia por la Justicia (2019) de cada 100 delitos cometidos solo seis son castigados, lo que nos arroja un índice de impunidad del 94 por ciento, hecho que muestra la dimensión real de la aplicación de justicia en nuestro país, agravado por las cifras que arrojan más de nueve millones de víctimas en los últimos 60 años de conflicto social y político.

Así mismo, un informe presentado por el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos el pasado 5 de diciembre, revela que durante el presente año se han presentado 80 masacres y 340 personas han sido asesinadas, de las cuales en una gran mayoría son líderes sociales, defensores de derechos humanos o líderes políticos. Un oscuro y desolador balance.

Panorama similar se presenta a consecuencia de la corrupción en el sector estatal, que ya no abarca solo la contratación pública y el manejo de recursos del erario, sino que ha absorbido toda la órbita pública, incluyendo ramas del Estado que eran consideradas blindadas para la penetración de este flagelo, como la Justicia, la rama electoral y los órganos de vigilancia y control disciplinario y fiscal. 

Ante este delicado y angustioso reflejo de nuestra realidad política y social, parecen agotarse las posibles soluciones, máxime cuando se han ensayado promulgación de leyes, adopción de nuevos códigos y tipos penales, cambio de constitución y reformas estructurales del Estado. Por el contrario, las soluciones adoptadas han agravado los problemas, porque en Colombia es una realidad el célebre adagio: “hecha la ley, hecha la trampa”.