El desplazamiento forzado ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de residencia, o huyen por causa de los conflictos internos o externos, la violencia, la persecución por razones políticas, étnicas, religiosas, entre otras, o cuando se presentan  violaciones a los derechos humanos. 

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el año 2020 el mundo alcanzó la cifra de 82,4 millones de personas en esta situación, cantidad equivalente al 1% de la población mundial. 

La cifra en mención evidencia que los casos de desplazamiento forzado se duplicaron en la última década, que el Covid-19 y el confinamiento no frenaron la violencia y, que paradójicamente, el fenómeno sigue creciendo en el marco de la era digital, la conectividad de todos los mercados y el crecimiento económico. 

Según la ACNUR, el 86% de las personas refugiadas han sido acogidas por países de ingresos medios y bajos, resaltando entre ellos a Colombia por acoger al 7% de la población desplazada, unos 1,7 millones de individuos (la mayoría de nacionalidad venezolana) que la ubican como el segundo país del mundo en acoger el mayor número de refugiados. 

Pese a resaltar aquella muestra de solidaridad, el informe anual de la ACNUR pasó por alto un elemento fundamental. Colombia tiene a la fecha 8.154.452 víctimas de desplazamiento forzado interno, cifra que la ubica como el país con más desplazados internos del planeta, un problema que sigue vigente y que ha venido creciendo exponencialmente en el último año.

Es necesario precisar la diferencia entre refugiado y desplazado interno. El primero, hace referencia a aquellas personas que han cruzado una frontera internacional, es decir han abandonado su país; y el segundo, hace referencia a quienes abandonan su terruño y sus hogares pero no han cruzado fronteras internacionales, es decir se mantienen en territorio de su país.

Alarmante crecimiento en el año 2021

Posterior a la firma de los llamados ‘Acuerdos de La Habana’ el reporte de casos y víctimas de desplazamiento forzado tuvo una disminución del 41%, no obstante, debido a que en el 2017 se registraron 54.684 víctimas, la cifra era alarmante. 

Por otro lado, según la información del Registro Único de Víctimas, en el año 2018 se presentaron 13 desplazamientos masivos más que en el 2017, lo cual produjo un total de 59.931 víctimas.

En el año 2019, según informe del Gobierno Nacional, los casos de desplazamiento forzado tuvieron una apreciable disminución, apreciación que fue compartida por la fundación Pares. En total, se registraron 25.100 víctimas.

En el año 2020, pese al confinamiento, se presentaron 30 casos mas que en el año 2019, dejando un total de 28.509 desplazados y evidenciando la continuidad de la violencia en diferentes territorios del país, pese a la emergencia sanitaria. 

Por último, la Defensoría del Pueblo alertó de que en el primer semestre del 2021 los eventos de desplazamiento se incrementaron más del 100% y el número de personas afectadas se incrementó en un 256% en comparación con el año anterior. En total se registraron 44.290 víctimas en apenas medio año. 

Luego de este preocupante reporte, entre el 19 y el 30 de julio del año en curso se presentó el caso de desplazamiento masivo más grande en la historia reciente del país. En Ituango, 4.099 personas fueron desplazadas por grupos armados, situación que se agravó por la falta de vías de acceso y la atención de las víctimas. 

El último caso de desplazamiento masivo se registró en el mes de agosto, en  el cual, según la alerta temprana de la Defensoría Nacional del Pueblo, 1.150 personas fueron desplazadas a raíz de los enfrentamientos sostenidos entre el ELN y el Clan del Golfo en el departamento del Chocó. 

Las cifras evidencian un incremento de casos en el 2021, situación que supera con creces los registros de los dos años anteriores y que tiene alarmada, a las instituciones colombianas, a la población civil  y a la comunidad internacional.

¿Cuál la causa este incremento? 

Según información de la fundación Pares y fuentes institucionales, los grupos armados ilegales en los últimos tres años han expandido su ocupación territorial,  hecho que sería la principal causa del incremento en los casos de desplazamiento forzado.

Las disidencias de las FARC pasaron de operar en 56 municipios durante el año 2018, a 160 en el 2021. Cifra que representa un incremento superior al 200% y que evidencia la proliferación de estos grupos residuales. El ELN, pasó de operar en 99 municipios en el 2018 a 164 en el 2021 y, el Clan del Golfo, hace presencia actualmente en mas de 250 municipios del país, dando cuenta del fortalecimiento de estas organizaciones. 

El deterioro de la seguridad ha generado duros cuestionamientos contra la gestión del presidente Iván Duque. “La política de seguridad no contempla que el crimen organizado cambió, ya no se trata de vencer a las FARC del 2006”, expresó el politólogo y periodista Ariel Ávila. Además de ello, los críticos exponen otros tres puntos:

En primer lugar, se habla de una crisis de las fuerzas militares por los escándalos de corrupción, los perfilamientos realizados a líderes sociales, políticos y periodistas, los casos de abuso sexual, la deslegitimación de la policía y el miedo a la judicialización por los operativos; en segundo lugar, se habla de un crecimiento en las economías ilegales, ya que el alza en el precio de la onza de oro y la relación del dólar frente al peso han elevado la rentabilidad de la minería ilegal y la producción de cocaína; y, por último, se dice que las instituciones colombianas desaparecieron durante la pandemia, especialmente en los territorios periféricos. 

Aún no termina el año 2021 y el problema del desplazamiento forzado sigue creciendo.