Foto: El Nuevo Día

La Contraloría General de la República estableció 13 hallazgos administrativos, 12 disciplinarios y cinco fiscales por la suma de $135.241.157, según  auditoría realizada a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), durante la vigencia 2019 – 2020, siendo director Jorge Enrique Cardoso Rodríguez.

Dentro del informe, se destacan las conclusiones hechas con respecto a las obras de saneamiento contratadas por la CAR en Ibagué, como son la de los colectores Las Quintas, La Guadaleja y La Argentina, esta última ejecutada en convenio suscrito con la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (Ibal). 

De igual manera, el control realizado a la expedición de la licencia ambiental para la explotación de oro a cielo abierto en Ataco, confirma los vacíos en los que incurrió Cortolima con el estudio de impacto ambiental. 

Dicha licencia, fue expedida a inicios de diciembre de 2019 por parte de Cardoso Rodríguez, a menos de 20 días de dejar el cargo.  

Cortolima violó el principio de precaución con la licencia ambiental 
La Contraloría General estableció que la licencia ambiental expedida en favor de la empresa Agregados Ingeocol y Construcciones S.A.S para explotar oro a cielo abierto en las veredas Ambulu y Balsillas en los municipios de Ataco y  Chaparral, se expidió sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales. 

Lo anterior, con relación a la información que debía aportar el estudio de Impacto Ambiental y el plan de manejo ambiental presentado por la empresa privada. 

Según el órgano de control, hubo faltantes en los componentes hidrológico, hidrogeológico y atmosférico del área directa e indirecta del proyecto, que permitiesen establecer elementos para la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales a generar por la actividad minera y que tienen repercusión sobre el río Saldaña. 

«Cortolima ha omitido su función misional de control del proceso de licenciamiento ambiental, en el sentido de que la información aportada no permite determinar los posibles impactos sobre los componentes de los recursos naturales, así como la población afectada aguas abajo del proyecto asociados al desarrollo de las actividades de la explotación minera en cuestión, vulnerando el principio de precaución al momento de expedir la licencia», determinó la Contraloría. 

Aunado a esto, el órgano de control concluye que no hubo información suficiente que permita evaluar el impacto que tendrá la actividad sobre el acuífero, pues al perforar 25 metros para las pocetas se presentarían infiltraciones en el mismo y el depósito aluvial del río Saldaña.

«El grupo evaluador de la solicitud de la licencia no realizó solicitud de información adicional detallada al solicitante para determinar la posible afectación sobre el recurso agua (agua superficial y subterránea) susceptible de intervenir, tal como lo establece la normatividad ambiental vigente, así como, no advirtió ni hizo ningún pronunciamiento frente a la carencia en la solicitud de la licencia ambiental de información técnica detallada en el Estudio de Impacto ambiental en relación al permiso de emisiones requerido para el desarrollo de las actividades de minería a cielo abierto tal como lo establece el Decreto 1076 de 2015», concluyó la Contraloría. 

Es de destacar que Cortolima, de oficio, otorgó la concesión de aguas subterráneas con la expedición de la licencia, pese a que Ingeocol no lo solicitó al momento de radicar la solicitud. 

Fallas en calidad de obra y sobre costos en obras
Por otro lado, la Contraloría General alertó de un posible detrimento y fallas en la calidad de obra del colector Las Quintas, contratado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) en junio de 2019. 

El valor inicial de la inversión fue de $6.044 millones, pero se le han adicionado $3.020 millones para un total de $9.064 millones. 

La obra está localizada sobre la avenida Mirolindo en Ibagué, con el propósito de recoger las aguas negras de los barrios: Macarena, Mártires, Santa Elena, Metaima, Casa Club y la zona industrial El Papayo.

La Contraloría estableció un hallazgo fiscal por la suma de $46 millones al pagar obra no ejecutada en la excavación en la instalación de la tubería y en favor del contratista Consorcio Éxito 2019 cuyo representante legal es José Alfredo Cabrera Alzate.

Según el órgano de control, aunque la obra continúa en ejecución, tanto la CAR como la interventoría a cargo del consorcio PEI, cuyo representante es José Ricardo Peñaloza Franco, aprobaron y pagaron actas por la suma de $5.772 millones y sobre las cuales se estableció el hallazgo fiscal. 

Además, precisó que hubo deficiencias en la evaluación, control y seguimiento del contrato de obra por parte de la interventoría y de la supervisión asumida por Cortolima.

De igual manera, la Contraloría detectó fallas en la calidad de obra, específicamente en la carpeta asfáltica de algunos pozos de inspección que hace parte de la obra recibida y pagada por la CAR. 

Los dineros invertidos son producto del recaudo de la sobretasa ambiental y que hacen los municipios, a través del pago del impuesto predial. 

Pagos indebidos
También se determinó un posible detrimento en la suma de $19. 934. 354 en el contrato de interventoría del colector La Guadaleja, que fue contratada en 2018. El valor corresponde a estudios adicionales que se llevaron a cabo para determinar la calidad del concreto. 

Según la entidad, se pagaron indebidamente estudios complementarios en las actas que modificaron el plazo de ejecución del contrato, como si se tratara de un costo mensual para realizar las labores propias de la interventoría; cuando este concepto se pactó acorde con la oferta económica del contratista por un valor global de $16 millones. 

Lo anterior, por deficiencias en las labores de supervisión por parte de Cortolima, al no verificar las condiciones de la oferta económica presentada por el contratista al momento de aprobar el valor de las modificaciones hechas al contrato.

El valor de la obra superó los $5.006 millones, contrato que culminó en 2019 y se encuentra sin liquidar. 

Y, por último, está la obra ejecutada bajo el convenio 244 de 2019 suscrito entre Cortolima y el Ibal con el fin de canalizar las aguas de la quebrada Hato de la Virgen entre las calles 92 y 96. El Ibal suscribió el contrato 126 de octubre de 2019 con la firma Consasu, por valor inicial de $895.776.452.

La Contraloría determinó un posible daño patrimonial por la suma de $63 millones debido al pago de obra no ejecutada, faltantes y sobre costos, cobro de actividades que hacen parte de los costos de administración y deficiencias constructivas y de calidad.