La continua elección irregular de Contralor y Personero Municipal en los los tres últimos períodos del Concejo de Ibagué, así como la impunidad penal, disciplinaria y fiscal, ha servido de malísimo antecedente para que estas faltas disciplinarias y penales, se sigan cometiendo. COFRADÍA hace un análisis detallado de estas repudiables prácticas que por la carencia de castigo, se convierte en mal ejemplo. 

El Consejo de Estado dejó en firme la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la elección del personero de Ibagué Wilson Prada, elegido por el actual Concejo Municipal para el período 2020 a 2023, y ordenó realizar un nuevo proceso  de selección y elección del titular del órgano de control. 

Lo anterior, por las evidentes irregularidades en la contratación de la firma Corporación Centro de Consultoría, Investigación, y Edición Socio Económica (CCIES) que lideró el proceso en el año 2019 y la cual, según la decisión judicial, no era idónea para realizar el proceso de selección. 

El órgano contencioso administrativo determinó que la CCIES no tenía dentro de su objeto la “realización, apoyo y gestión a procesos de selección de personal” ni la capacidad para adelantarlo.

Este contrato fue suscrito por el hoy exconcejal del Partido Conservador Juan Pablo Salazar Achuri, quien eligió ‘a dedo’ a esta entidad, pese a todas las advertencias hechas frente a que debía ser adelantado por una institución de educación superior y adjudicado a través de una convocatoria pública. 

No obstante, fueron los concejales Pedro Antonio Mora, Luis Alberto Lozano, Martha Ruiz y Javier Mora, quienes otorgaron la facultad a Salazar para que iniciara el proceso para contratar a la Corporación Centro de Consultoría. 

La concejal Linda Esperanza Perdomo pidió recientemente en el recinto del Concejo compulsar copias a la Procuraduría para que se investigue a la Mesa Directiva que dio vida jurídica a dicho proceso. 

¿Cinismo, ineptitud o corrupción?

La concejal Linda Esperanza Perdomo hace parte de los 15 concejales que fueron suspendidos por nueve meses por decisión de la Procuraduría General de la Nación, por la elección irregular del contralor municipal Ramiro Sánchez en el período 2016 – 2019. 

Dicha sentencia quedó en firme a finales de 2018 y por esta razón para el año siguiente el quórum del Concejo quedó en solo cinco concejales, dada la suspensión ordenada por la Procuraduría General de la Nación para los demás integrantes. 

La elección de Sánchez fue declarada nula debido a que éste estaba inhabilitado, pues dentro de los 12 meses anteriores a su elección se desempeñó como director territorial en el Tolima de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Teniendo como soporte el anterior fallo, la Fiscalía imputó cargos por el presunto delito de prevaricato en contra de los concejales y ex concejales Marco Tulio Quiroga, Harold Lopera, Víctor Hugo Gracia, Oswaldo Rubio, Jorge Bolívar, Carlos Portela, Víctor Ariza, Ernesto Ortiz, Camilo Delgado, Humberto Quintero, Hasbleidy Morales, William Rosas, William Santiago Molina, Linda Perdomo y Juan Ávila, estos últimos cuatro quienes repitieron curul y se encuentran en ejercicio público en la actualidad. 

La audiencia de acusación que se tenía previsto realizarse el pasado 10 de mayo, debió ser suspendida por problemas técnicos, pues la Juez Primera Penal del Circuito de Ibagué no pudo escuchar la sesión de la audiencia llevada a cabo a finales de diciembre pasado. 

La nueva diligencia fue reprogramada para el próximo 26 de julio a las 8: 00 de la mañana. 

Cero y van cuatro 

El Concejo de Ibagué ha dado ‘tumbos’ en la elección de los representantes de los órganos de control municipal y dignatarios de manera reiterada, toda vez que los casos de Ramiro Sánchez y Wilson Prada no son los únicos que son declarados nulos. 

Los concejales y ex concejales – 2016 – 2019 – tienen pendientes investigaciones por parte de la Procuraduría por la fallida elección de la secretaria General del Concejo Doris Caviedes (2016) y del personero Julián Prada Betancourt.  

En el caso de Caviedes, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima encontraron que el Concejo no hizo mención a criterio alguno en cuanto a experiencia, formación académica, conocimientos, ni de ninguna otra índole para elegirla. 

En el caso de Julián Prada Betancourt, éste se encontraba inhabilitado al haber suscrito un contrato con el Incoder un año antes de su elección.

Así, son cuatro los procesos que han sido declarados nulos por el Consejo de Estado por irregularidades por parte del Concejo de Ibagué. 

‘De buenas’ 

Sin embargo, pese a las malas elecciones de los concejales y exconcejales en la elección tanto del personero como del contralor municipal, algunos de estos han caído de pie, pues han continuado en el ejercicio de sus funciones o se han vinculado a la actual Administración. 

En el caso de Salazar Achuri, Harold Lopera y Carlos Andrés Portela, se encuentran vinculados a la Alcaldía de Ibagué.  

Achuri fue ‘premiado’ con la Dirección de Justicia; Lopera con la Dirección de Emprendimiento, y Portela, quien renunció al Concejo en 2018 y pese a que participó en la elección irregular del Contralor de Ibagué no purgó la sanción de la Procuraduría, está vinculado como secretario de Gobierno del actual alcalde de la ciudad. 

Por otra parte, Jorge Bolívar, quien está investigado por la Fiscalía y no aspiró de nuevo al Concejo en 2019, funge como actual secretario de Salud del Tolima. 

Y por último, los concejales William Rosas, William Santiago Molina, Linda Perdomo y Juan Ávila fueron reelectos para el actual período que culmina en diciembre del año 2023. 

Ante esta carencia de justicia y evidente impunidad, algunos se la atribuyen al poder político que sobre estos órganos del control disciplinario y penal ejercen dirigentes políticos del Tolima como Mauricio Jaramillo,  Emilio Martínez y Óscar Barreto.