Iván Ramírez Suárez.

El problema social (primera parte).

Ingresar de manera legal a territorio chileno utilizando las fronteras migratorias (terrestres, marítimas, fluviales o aéreas) genera una mirada inquisidora del oficial de migración, luego de recibir el pasaporte colombiano. Actitud nada grata que nos hemos ganado hace muchos años, gracias a las malas prácticas que, en ese país, así como en otro gran número de América, Asia y Europa, han sembrado y cosechado miles de compatriotas.

Chile ha sido uno de los destinos preferidos en el presente siglo, no solamente para quienes han querido encontrar oportunidades de empleo, educación, ampliación de cobertura empresarial o comercial, sino, además ─para nuestro infortunio─, para quienes buscan delinquir o acrecentar su proceder criminal.

Las cifras que controlan la Policía de Investigación (PDI) y la Oficina de Migración chilena establecen que durante el año 2021 ingresaron legalmente al país 1 482 390 personas de nacionalidad extranjera, de las cuales 226 103 se ubicaron en Santiago, la capital. El segundo destino preferido es Antofagasta (64 043) y el tercero, Independencia, con 57 600 inmigrantes.

Respecto a los países de origen, según datos a 31 de diciembre de 2021, Venezuela es el país que registra mayor número de inmigrantes, que se han ubicado en las regiones de Biobio (48,4 %); Los Lagos (38,35 %) y Maule (36,3 %). Los peruanos están asentados en mayor número en Arica y Parinacota (38,5 %). Los nativos de Haití aparecen registrados en Maule (34,9 %); Ñuble (29,1 %) y O’Higgins (28,6 %). Los mayores asentamientos de colombianos están en las regiones de Antofagasta (29,4 %); Magallanes (27 %); Atacama (21 %); Coquimbo (18 %) y la Metropolitana de Santiago, que incluye a la capital del país (8.8 %).

Aunque las cifras siempre son importantes, el problema principal de la inmigración para los países receptores lo genera el comportamiento social y, por qué no, político, que esos segmentos poblacionales puedan asumir dentro de su territorio. Y ahí es cuando surgen para los Estados, tanto por la inmigración legal como por la ilegal, los verdaderos problemas. En el caso de Chile, dada lo extensa de su frontera marítima y terrestre (tiene una de las tres más extensas del mundo, con Argentina, 5308 kilómetros), ella se caracteriza como territorio agreste y desolado, muy difícil de controlar por sus autoridades. Tal situación la aprovechan las organizaciones criminales para ingresar o sacar mercancías de contrabando; comercializar productos ilícitos o de origen ilícito; traficar con personas; ejercer el comercio sexual, entre otras irregularidades.

El problema social

En Santiago, la comunidad colombiana es una de las más numerosas. COFRADÍA consultó varias fuentes humanas (taxistas, comerciantes formales e informales, administradores de inquilinatos baratos) y todas coinciden en resaltar que si bien es cierto que un buen número de compatriotas hacen parte del delicado problema de violencia e inseguridad que se vive en Chile, no es atribuible únicamente a ellos, pues participan inmigrantes de otras nacionalidades, en especial, haitianos y venezolanos.

«Primero llegaron los haitianos, llegaron en cantidades y se ubicaron en la zona adyacente a la Terminal del sur, en la avenida O’Higgins (La Alameda). Allí hay bastantes zonas marginales que se han extendido por la presencia de otros inmigrantes. Ellos empezaron a generar el problema social que vivimos.

«Posteriormente llegaron los colombianos, que no solamente se organizaron para delinquir, sino que empezaron los conflictos con los haitianos.

«Por último, con la llegada masiva de venezolanos, vinieron las alianzas, pero también las disputas territoriales. Es la delicada situación que tenemos ahora».

Esta es una de las conclusiones que en común interpreta la ola de inseguridad y delincuencial que padecen, y en la que coinciden un buen número de chilenos y columnistas de los medios de comunicación. Imagen que, como es obvio, no califica a la gran mayoría de inmigrantes de esas nacionalidades, sino a una minoría que sí estigmatiza, en nuestro caso, a quienes llegan y se ubican en ese territorio en busca de un empleo y un proyecto de vida que no encontraron en nuestro país.

Pero ese no es el único problema con el cual se vincula a nuestros compatriotas. La prostitución, ya no exclusivamente femenina y heterosexual, sino de ambos sexos y homosexual, también nos tiene en primera línea, junto a los venezolanos (hombres y mujeres). La Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago, es tal vez uno de los espacios públicos de ubicación preferido por quienes tienen esa actividad como método para ganarse el sustento, como suele decirse. Es tan nutrida y vistosa la presencia de oferentes, que ya deja de ser un problema social; también lo es moral, como lo sostienen algunos exponentes de la conservadora sociedad chilena.

Un tercer problema social son los denominados «motochorros». Según dice la Policía de Investigación de Chile: «Este fenómeno delictual se presenta cuando uno o más sujetos en motocicleta abordan a una persona para despojarla de sus pertenencias, ya sea mediante la sorpresa (‘lanzazo’), la intimidación o la violencia. Delincuentes que, en ocasiones, aparentan ser domiciliarios, pero en la realidad lo que hacen es cometer toda clase de ilícitos».

Para ellos, así como para algunos analistas en seguridad, no es un delito de raíz chilena, sino que expresan que este fue importado en su modalidad delictiva de México y Colombia. Dependiendo de la hora del día actúan solos o en grupo, y cuando el blanco del hurto son celulares, expertos que los acompañan en vehículo reciben el artículo hurtado y realizan compras o transferencias con cargo a las cuentas.

Esa práctica ilícita azota bastante a la provincia de Santiago, y ya se ha registrado en las ciudades costeras de Iquique y Antofagasta; el delito lo cometen uno o dos motociclistas; las víctimas preferidas son personas ancianas.

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Espere: La otra cara de la moneda.