La situación económica del país no es la mejor, así lo ha revelado una reconocida firma internacional calificadora de riesgo, al hacer el reporte negativo de Colombia ante un “Data Crédito” internacional. COFRADÍA hace un análisis de la situación y sus posibles consecuencias.

Las calificadoras de riesgo tienen por objeto social la calificación de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e inversión de recursos públicos en un determinado un país. 

Las calificaciones van de triple A a triple B cuando el país tiene “grados de inversión” y de doble A E cuando tienen “grados de no inversión o alto riesgo”. Además,  generalmente van acompañadas con un signo mas (+) o un signo menos (-) que significan aproximación a la categoría inmediatamente inferior o superior. 

En los últimos días la calificadora S&P Global Ratings redujo la calificación de Colombia a BB+. Esta calificación hace referencia a que la capacidad del emisor o emisora para cumplir sus obligaciones financieras es limitada, elemento que sugiere una menor probabilidad para cumplir con las deudas. En términos castizos es algo así como estar reportado en una especie de “Data Crédito” internacional. 

Aunque para algunos la medida fue premeditada, debido a que no se esperó el trámite de una nueva reforma tributaria que ajuste la parte fiscal, analistas de JPMorgan, Morgan Stanley, Corficolombiana y Bancolombia aseguran que otras calificadoras como Fitch Ratings y Moody’s también bajarán sus calificaciones en los próximos meses. 

La decisión de S&P fue tomada de manera posterior al retiro del proyecto de reforma tributaria que buscaba abonar terreno a los $90 billones de pesos del déficit colombiano. Este acontecimiento, sumado a las dificultades para tramitar una nueva reforma y a que las calificadoras prevén una deuda pública equivalente al 60% del PIB para el periodo 2021-2022, motivarían la decisión.

Vale la pena mencionar que previo al retiro de la reforma, las calificadoras habían advertido al país que sí en un plazo de 12 meses la métrica financiera no mejoraba, bajarían su calificación. Fue por ello que recomendaron tomar medidas que permitieran el crecimiento económico y una política fiscal que mejore las finanzas públicas. Ahora que la reforma fue retirada, la situación cambió.  

Con evidente pragmatismo las calificadoras recomendaron en principio aprobar el proyecto de reforma tributaria “ley de solidaridad sostenible”. No obstante, éstas generalmente no opinan sobre el contenido de las reformas en sí, e incluso, llegaron a mostrar sorpresa por la oposición y las protestas que generó el proyecto. 

Aún así, pese a lo anteriormente expuesto, las calificadoras de riesgo y muchos analistas siguen recomendando una reforma tributaria como la opción más viable para sanear las finanzas del país, eso sí, con una naturaleza diferente a la anteriormente presentada. 

“No vemos probabilidad de ajustes fiscales sin reforma tributaria. Los gastos en Colombia son bastante inflexibles; se puede hacer mejoras en la DIAN pero eso toma tiempo, entonces tenemos que ver”, manifestó Richard Francis, analista principal de calificaciones para Colombia en Fitch Ratings, en entrevista con la FM. 

¿Trae consecuencias la baja calificación?

La revista Cofradía consultó al ex gerente del Banco de la República y abogado profesor de Derecho Económico Hernando Hernández Quintero, sobre los efectos que puede tener esta calificación sobre la economía del país. Según el especialista, la decisión de S&P puede arrastrar consigo por lo menos cuatro consecuencias negativas.

En primer lugar, dice que “la medida implica más riesgo de llegar a incumplir compromisos y esto incremente el interés de los créditos o el costo que se tiene en préstamos” Es decir, los prestamistas cobrarán más intereses al país y esto elevará la deuda pública.  

Vale la pena resaltar  que el indicador básico para medir el estado de riesgo de un país, es la diferencia entre la tasa de interés de su bono soberano y el “treasuy bill” (Bonos del tesoro) de los Estados Unidos, considerados “libre de riesgos”. En el último mes hubo una distancia de 5,75% en el rendimiento de uno frente al otro.  

Los bonos soberanos se emiten con el fin de obtener dinero prestado para financiar servicios gubernamentales y déficits presupuestales, son algo así como un tipo de pagaré. Cuando, como en el caso colombiano, la probabilidad de afrontar la deuda disminuye, según el especialista, “hay que pagar más por la denominada “prima de riesgo”, cosa que se traduce en una tasa de interés elevada. 

Como segundo posible efecto, destaca de que “debido a la calificación se pierde confianza y esto afecta la inversión extranjera”. Como dato curioso vale la pena mencionar, de que la última vez que Colombia perdió su grado de inversión fue en el año 1999 y tardó 12 años en recuperarlo. 

En tercer lugar, afirma, “habrá un impacto sobre el dólar, debido a la volatilidad de los mercados en el corto plazo”. 

De hecho, Bancolombia estima que en los próximos meses el tipo de cambio se eleve hasta los $3.930 pesos en razón del dólar. Elemento a tener en cuenta, debido a que la balanza comercial es negativa, es decir, que las importaciones superan a las exportaciones. 

Y por último, destaca que debido a que las tasas de interés de la deuda pública son un punto de partida para determinar costos de préstamos a las empresas, “también se afectará al inversionista privado, afectando además la viabilidad de proyectos de inversión”.

Además el ex gerente del Banco de la República regional Tolima, hace dos aclaraciones importantes: primero, de que la calificación no necesariamente va a generar los escenarios anteriormente descritos, o por lo menos no en el largo plazo. “Hay que decir que Colombia ha sido muy cumplidor, goza de credibilidad y mucho aprecio en la comunidad internacional porque siempre ha asumido sus deudas”. Y la segunda, de que para sanear la situación “se debe presentar una reforma tributaria, eso sí, completamente diferente a la presentada por el exministro Carrasquilla, además de hacer ajustes en burocracia y otros elementos que arreglen estructuralmente las finanzas públicas”.