Pese al fallo de una acción popular que ordenó a la Alcaldía de Ibagué, la Gestora Urbana y a Cortolima la protección y conservación de los cerros tutelares, los habitantes denuncian tala de árboles y contaminación.

Los llamados `Cerros Tutelares’ de Ibagué comprenden 18 veredas, y parte de las comunas dos, tres, cuatro, seis y siete. Sobre la llanura que forman empezó a construirse la ciudad y desde allí se ha expandido hacia el norte de manera vertiginosa en los últimos 20 años. Están conformados por el cerro de la Martinica y los cerros Noroccidentales y son considerados como áreas ambientales protegidas de la ciudad. Las comunidades aledañas reclaman atención urgente, en razón a la tala de árboles, la ocupación ilegal, la erosión y la contaminación a que están siendo sometidas sus fuentes hídricas. 

Alexandra Torres, líder de la vereda Alaska, sostiene que cada vez son menos las inversiones realizadas por Cortolima y la Alcaldía de Ibagué para atender la problemática de la comunidad. 

“Inversión como tal no, he solicitado a la Alcaldía ayuda y en los últimos ocho años no han realizado nada”.

De acuerdo con la dirigente comunal, las acciones de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) se han enfocado en hacer mantenimiento a las obras de mitigación ejecutadas entre 2003 y 2004 y en la limpieza de diques. No obstante, no son constantes y se efectúan cada dos o tres años. 

En el 2019 según la líder, Cortolima destinó recursos para hacer una intervención a las cárcavas entre las veredas Ancón Tesorito, Alaska y La Aurora, pero el presupuesto se quedó corto.  

De igual manera, manifiesta que hay una continua contaminación de las fuentes hídricas, pues las cajas realizadas por la corporación para evacuar las aguas de escorrentía, son empleadas para canalizar las aguas negras. 

“Muchas personas en la parte alta conectaron las aguas negras a unas cajas que hizo Cortolima para evacuar las aguas escorrentía, pero no hicieron las medidas correctivas para no contaminar la quebrada”, sintetizó

A lo anterior se suma, la tala de los propietarios de los predios ‘medianos’ que en la renovación de cultivos talan los árboles. 

“Muchos de estos casos se han presentado, pero no han sido denunciados por temor a la rencilla con el vecino. Hay bastante falta de cultura y de protección ambiental, pero también creo que falta una estrategia por parte de Cortolima para ejercer mayor control”, sentenció.

Jesús Jordán, edil de la comuna Seis y vocero de la vereda San Antonio, advierte que a pesar de los oficios que ha pasado a la CAR, denunciando el ‘loteo’ de tierras y la contaminación de la quebrada Las Panelas, no ha recibido respuesta oportuna por parte de la corporación. 

La última denuncia fue radicada el 31 de mayo de 2019 donde se informó la venta de lotes de siete por doce metros en la finca de los Sánchez y en la ronda hídrica de la quebrada Ambalá, al igual que la contaminación con el vertimiento de las aguas negras. 

“He denunciado la tala y quema de bosques, pero no se hace nada. Todos estos cerros están contaminados”, comentó el edil. 

Así mismo, denunció la presencia de caballerizas sin control alguno. 

¿Y la acción popular? 

El Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué en sentencia proferida en el año 2007, concluyó que los cerros nororientales y noroccidentales estaban sufriendo un proceso de erosión con la intervención humana, la tala indiscriminada de árboles, la explotación minera, asentamientos ilegales y prácticas agrícolas inadecuadas. 

Por esta razón y debido al peligro de remoción en la cárcava de La Aurora, se ordenó al Ministerio de Vivienda, Alcaldía de Ibagué y al Ingeominas realizar el censo de las viviendas aledañas a los cerros para determinar la población que se encontraba en riesgo y formular un plan de contingencia.  

De igual manera, se ordenó al Municipio y a la Gestora Urbana la reubicación de los hogares ubicados en zona de riesgo y evitar nuevamente la ocupación de estos predios.  

No obstante, la Alcaldía en conjunto con Cortolima, el Ibal e Ingeominas debían realizar labores de reforestación, limpieza, mantenimiento de las cuencas, microcuencas y de los acueductos y alcantarillas en la zona de influencia, así como la prohibición de la tala de árboles, seguimiento y control a la minería ilegal. 

El Tribunal Administrativo del Tolima ratificó la decisión en 2010 y ordenó a la Personería, Defensoría del Pueblo, Contraloría General ser los garantes del cumplimiento del fallo. 

Las acciones de Cortolima 

Aunque este medio de comunicación intentó tener comunicación directa con personal de la CAR para establecer las acciones e inversiones de los últimos cinco años en los cerros tutelares, no fue posible. Sin embargo, el Juzgado Segundo Administrativo en enero del año pasado solicitó a la entidad y a la Alcaldía de Ibagué informar sobre las acciones realizadas en cumplimiento del fallo. 

COFRADÍA tuvo acceso al informe presentado por la CAR donde detalló que entre 2009 y 2015 se invirtieron $3.374 millones en contratos para el mantenimiento, recuperación de los cerros tutelares al igual que de las cuencas. 

De igual manera, entre 2007 y 2008 se invirtieron alrededor de $378 millones para la intervención de la cárcava de La Aurora. 

Estos dineros hicieron parte de los recursos girados por el Municipio a través de la sobretasa ambiental aprobada por el Concejo de Ibagué para la intervención en los cerros en el año 2001. 

No obstante, sólo entre 2002 y 2004 la CAR percibió $4.897 millones del uno por mil adicional aprobado por el Concejo municipal para la intervención de los cerros tutelares. 

Es de recordar que, el 9 de noviembre de 1995 hubo un alud de tierra que afectó a cerca de 5.600 familias y 2.000 viviendas ubicadas cerca de las quebradas El Cucal, La Aurora, Alaska, Alaskita y Chipalo. Debido a esto, en 1999 Cortolima inició obras para evitar la erosión. 

El ‘embolate’ de la Alcaldía de Ibagué

Ni la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, la Gestora Urbana y la Secretaría de Infraestructura dieron cuenta del número de familias que habitan en zona de alto riesgo en los cerros tutelares.  

Los titulares de estas dependencias indicaron que Planeación Municipal cuenta con esta información, pero al cierre de esta edición no se pudo obtener pronunciamiento por parte de la titular, Dora Montaña. 

Por otra parte, la jefe de la Oficina Jurídica, Andrea Mayoral, indicó que el 4 de junio se sostendrá una mesa técnica con los secretarios y gerentes de las entidades involucradas para reportar los ‘avances’ logrados hasta el momento en la protección de los cerros tutelares.