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Política Admin 27 de octubre de 2020

La RAP Eje Cafetero y el Tolima

En los últimos meses, el gobernador del departamento del Tolima, Ricardo Orozco, ha planteado vincular el Tolima a la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero. Esta iniciativa ha contado con el respaldo de sus homólogos y diversos actores económicos, no obstante, aún se requiere planear una agenda para concretar temas, lugares comunes y complementariedades.   La RAP Eje CafeteroEn el marco del artículo 306 de la constitución de 1991, en dónde se establece que “dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio”, y la ley Orgánica de

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Nación Admin 22 de octubre de 2020

Competitividad en la RAPE-Central: el reto de la descentralización

Con el propósito de generar desarrollo económico y social desde una óptica regional, la constitución de 1991 establece en su artículo 306 que “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio”.  A partir de esto precepto, se constituye mediante el convenio número 1676 del 25 de septiembre del 2014, la Región Administrativa de Planeación Especial RAPE-Región central, conformada actualmente por los departamentos de Tolima, Meta, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Bogotá D.C. Esta entidad pública suprarregional, crea y articula proyectos, programas y planes de desarrollo económico, social y ambiental para

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Política Admin 20 de octubre de 2020

Protocolos, protestas y conflictos

Sobre la premisa de ofrecer respuestas a los altos niveles de ilegitimidad institucional, dirimir los graves enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, el uso excesivo de la fuerza, los asesinatos de manifestantes y el vandalismo, el poder judicial ha tomado medidas y ha ordenado o instado a diversos actores institucionales a establecer protocolos, procedimientos, diálogos y soluciones para evitar antagonismos y violencia entre la Fuerza Pública y la población civil, además de garantizar a cabalidad el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente. Un análisis sobre sus pronunciamientos, es el siguiente. Auto del tribunal administrativo de CundinamarcaEn respuesta a una

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Actualidad Admin 13 de octubre de 2020

Ultimátum de la Unidad Nacional de Víctimas a la Alcaldía de Ibagué

El Municipio deberá antes de finalizar el presente mes de octubre decidir si sanciona al Consorcio Betar Ibagué, que asumió   la construcción del Centro Regional para la atención de Víctimas en el Tolima o, reconoce la adición al contrato por más de $600 millones. La Unidad Nacional de Víctimas y la Alcaldía de Ibagué suscribieron en el año 2018 dos convenios interadministrativos, el Convenio Marco 1440 y el 1600, cuyo objeto fue la construcción y dotación del Centro Regional para Atención y Reparación a las Víctimas en el Municipio de Ibagué. El aporte del Gobierno Nacional fue de $1.791 millones,

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Opinión Admin 13 de octubre de 2020

Ibagué, 470 años

Iván Ramírez Suárez Este 14 de octubre se conmemora un aniversario más del hecho jurídico - político  que  reconoció a Ibagué como parte territorial del Estado colombiano, para la época, sometido como colonia del Imperio Español. Como aporte a esta celebración, me propuse auscultar a un buen número de ibaguereños, representantes de nuestra diversidad cultural, social, empresarial y generacional, formulándoles la siguiente pregunta: Si pudiera ¿qué le daría a Ibagué el día de su cumpleaños? Esto respondieron los consultados: Rubén Darío Ramírez Arbeláez, ex zar antisecuestro del presidente Ernesto Samper: “Un curso masivo y gratuito de cultura democrática”. Humberto Leyton,

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Actualidad Admin 13 de octubre de 2020

Alcalde de Ibagué ha gastado $20.600 millones en burocracia

Foto: Suministrada Alcaldía de Ibagué El 96 % de la contratación llevada a cabo por el mandatario ha sido a ‘dedo’ y ha gastado $20.600 millones en continuar la nómina paralela al interior de la Alcaldía de Ibagué. La Contratación y ejecución del gasto en la Alcaldía de Ibagué prendería las alertas ante los órganos de control, pues solo en gasto de personal se han invertido recursos públicos que superan los $28. 000 millones. Según la Dirección de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, entre enero y agosto se suscribieron 1.024 órdenes de prestación de servicios con un valor de

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Foto: Tomada página web Consejo de Estado

La ponencia que accedía a declarar la pérdida de investidura del senador Julián Bedoya Pulgarín, fue derrotada después de intensa puja interna.

En los últimos dos meses la Sala Plena del Consejo de Estado no solo debió afrontar un intenso lobby político de aspirantes a ser candidatos por esa corporación a la Procuraduría General de la Nación y la Corte Constitucional, sino además la presión jurídica que desde bufetes de abogados, ex magistrados y altos directivos del Estado se hacía a favor o en contra de la votación sometida a su consideración y que pedía se decretara la pérdida de investidura del actual senador Julián Bedoya Pulgarín.

A la Sala Plena del Consejo de Estado le corresponde decidir en segunda instancia las acciones de pérdida de investidura presentadas contra los congresistas – Senadores y Representantes a la Cámara – conforme a la competencia y exigencias que están descritas en el artículo 183 de la Constitución Política. Según la demanda, Bedoya Pulgarín debía perder su investidura porque siendo Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, dejó de asistir sin justificación alguna a más seis sesiones plenarias en los años 2016 y 2017, sin que existiera justificación válida para su inasistencia y en las que se habían votado proyectos de ley y/o de acto legislativo, conforme a las exigencias del artículo 90 de la ley 5 de 1992 y la resolución 665 de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, que establecen el cumplimiento de los trámites a seguir para validar las excusas presentadas.

“En primera instancia, la Sala 19 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, consideró que el congresista había dejado de asistir a 10 sesiones en el año 2016 y 18 sesiones en el 2017, pero había justificado su inasistencia, con excusas médicas, autorizaciones de retiro de la Mesa Directiva de la Cámara y actas de sesiones de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la que presidía en esos períodos.

Sin embargo, surtido el trámite de apelación de la sentencia, le correspondió por reparto al magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, quien presentó ponencia favorable accediendo a la revocatoria de la sentencia de primera instancia y ordenando se declare la pérdida de investidura del actual senador Bedoya Pulgarín. En igual sentido, con concepto favorable, el abogado representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó igualmente la declaratoria de pérdida de investidura por haberse probado que el congresista había omitido sin justa causa, cumplir su deber constitucional y legal de asistir a más de seis sesiones plenarias en las que se habían votado proyectos de ley y/o de acto legislativo.

En sesión plenaria del 4 de agosto, el Consejo de Estado y en votación reñida, derrotó la ponencia y consideró que la sentencia de primera instancia debía ser confirmada, como efectivamente ocurrió en nueva ponencia, es decir, negando la solicitud de pérdida de investidura de Julián Bedoya Pulgarín.

El duro conflicto jurídico

Para el Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, debió decretarse la pérdida de investidura, porque “estas actividades no eran Sesiones de Comisión que sirvieran de justificación para retirarse válidamente de las reuniones en los que se votaran proyectos de acto legislativo y de ley (sentencia C-298 de 2016); por el contrario, como si lo analiza mas profundamente la Segunda instancia , no eran otra cosa según las mismas actas aportadas por el demandado, que tareas de trámite o preparatorias tales como reuniones con su grupo de trabajo para proyectar autos, discutir asuntos laborales de la Comisión, contestar derechos de petición o avocar conocimientos de algunos asuntos, etc, a las que el congresista denominó “funciones misionales” en la Comisión de Investigación y Acusación.”

Según la Procuraduría, “aceptar en Segunda Instancia las anteriores actividades como justificaciones válidas de las inasistencias a las plenarias, correspondientes a los periodos 2016-2017 y 2017-2018, sería tanto como aceptar que cualquier actividad justificaría válidamente retirarse de una plenaria, en la que se tenga programado la votación de un proyecto de ley o de un acto legislativo, cuando la excepción a la que se refirió la Corte Constitucional, corresponde solamente a las sesiones de las Comisiones Legales, entendiendo estas, las que se desarrollen de manera concomitante, citadas con anterioridad y con la presencia de todos sus miembros, o sea, con el cumplimiento de todos los requisitos requeridos para desarrollarla.”

Criterio jurídico que es aceptado igualmente por un gran número de magistrados que no lograron hacer mayoría en Sala Plena. Para la magistrada Rocío Araujo, quien dejo salvamento de voto escrito, “la sentencia de segunda instancia no tuvo en cuenta que la acción pública de pérdida de investidura constituye una manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana y al control político previsto en el artículo 40 de la Constitución Política, desconociendo con ello que se trata de en un instrumento jurídico valioso que le permite a los ciudadanos defender el poder normativo de la Constitución y controlar democráticamente el ejercicio del poder legislativo de quienes acceden a él popularmente.

Y en un tono más duro, enérgico y fuerte, la magistrada Araújo dice: “La Sala limitó el objeto del pronunciamiento sin justificación alguna, toda vez que, en forma independiente al argumento relativo a la validez probatoria de las excusas que no surtieron el procedimiento previsto en la resolución 0665 de 2011 y a la extensa referencia de las disposiciones que de ella hizo el recurrente, expuso con claridad un segundo argumento, señalando el contenido de los artículos 183-2 superior y 90 de la Ley 5 de 1992 y explicando que el fallador de primera instancia le otorgó el alcance de excusa aceptable a un evento no regulado por dichas normas y que ello ocurrió por razón de una errada valoración de los documentos allegados por el parlamentario, a través de los cuales el fallador dio por acreditado que contaba con la autorización del Presidente de la Cámara para ausentarse, cuando tales documentos no daban cuenta de tal hecho.”

Y con el mismo rasero jurídico y tono duro, la magistrada afirma: “… el fallo dejó de lado que es la Ley 5 de 1992 en su artículo 90 la que ordena el cumplimiento de un procedimiento mínimo para acreditar la inasistencia y validar las excusas y que, en punto de la asistencia a las sesiones, esta norma dispone el procedimiento y el reglamento congresal establece sistemáticamente de otras reglas que permiten, precisamente, ponderar en sana crítica si las excusas brindadas, aun cuando admisibles para ser valoradas en el proceso de pérdida de la investidura, resultan eficaces, a la luz de las precisas hipótesis establecidas por el legislador, para probar que el parlamentario contó con excusas aceptables que justifiquen la inasistencia a las sesiones plenarias en las que se votan proyectos de ley, actos legislativos y/o mociones de censura.”

Y luego continúa: “Por contera, cuando un congresista cuenta con la autorización expresada por la Mesa Directiva o por el Presidente de la Corporación como excusa para la no asistencia a la sesión, para tenerla como justificante válida es imperativo que se despliegue el mecanismo previsto por el artículo 90, a efectos de determinar si dicha autorización se ajusta a los eventos previstos por el reglamento del Congreso de la República, pues la norma es tajante al determinar que ello sólo puede ocurrir en los eventos autorizados por el reglamento.

Ello supone lo obvio, que se realice el correspondiente proceso de validación o verificación por parte de las instancias en las que el legislador estableció dicha competencia, esto es, los secretarios de la cámaras, la comisión de acreditación documental y la Mesa Directiva de la correspondiente cámara.”

“Para la magistrada Araújo y en un frontal ataque a sus colegas de Sala Plena mayoritaria, negar los argumentos y sustento de la apelación, es un hecho que “Desconoce la finalidad y el efecto útil de la causal -erradicar el ausentismo parlamentario-, como se desprende de la exposición de motivos y de las discusiones plasmadas en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente.”

Y finaliza afirmando que se está desconociendo la constitución y la Ley Orgánica del Congreso con el fallo. Dice la magistrada Araujo, que el fallo cuyo salvamento de voto registra:  “Admite, contrario a lo dispuesto por la Constitución y la ley orgánica del Congreso, el privilegio de cumplir otras funciones congresales por encima de aquella que se previó como esencial a la función legislativa, esto es, participar del proceso de formación y votación de la leyes, los actos legislativos y las mociones de censura, sin necesidad de surtir un procedimiento mínimo de justificación.”

Región Admin 11 de octubre de 2020

El reto Ibaguereño

Foto: Revista Cofradía La ciudad de Ibagué viene afrontando un comportamiento negativo sostenido de diversos indicadores económicos en los últimos años, la pobreza crece al son del desempleo y la situación es proclive a empeorar. Una situación de hace años En lo que refiere al índice de pobreza monetaria, la ciudad de Ibagué registró un 17,3% para el año 2016, para el año 2017 se ubicó en 18,4% y para el año 2018 la cifra registró un 18,1%. Esta última variación, lejos de generar optimismo por el 0,3% que disminuyó, alerta sobre el salto de personas del indicador de pobreza

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Opinión Admin 11 de octubre de 2020

Necropolítica y espiritualidad

David Hernández SanzaTerapeuta, Comunicador, Escritor y Profesor Inclusive el mundo empresarial que funciona como un puesto avanzado de la objetividad y el pragmatismo de nuestra cultura actual, muestra cada día más interés por explorar en busca de valores que le reconfiguren y le rediseñen su papel. Pareciera que la necesidad de una comprensión de espiritualidad, es necesaria. Una muestra de la importancia del tema.  Entendamos la situación. Los intentos de propuestas religiosas por mostrar la supremacía del espíritu sobre el cuerpo, se invalidan cuando buscamos la posibilidad de expresar espiritualidad sin envolver el cuerpo. Porque el lugar de la espiritualidad

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Opinión Admin 11 de octubre de 2020

“Para no tragar entero”

En el mes de octubre del año 2008 nació la revista COFRADÍA como un medio de comunicación impreso del Tolima Grande. El editorial de aquel primer número tuvo el mismo título que el que aparece ahora, como un reconocimiento a un destacado tolimense - Alfonso Palacio Rudas - quien en su vida periodística como columnista de opinión de uno de los diarios del país, lo utilizó no sólo como un sello de identidad personal e intelectual, sino como una característica esencial de sus columnas, en las que se identificó bajo el seudónimo de El Cofrade. Meses después, la Revista COFRADÍA

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