Kevin Castañeda Vargas – Profesional en Ciencia Política

Cuando la confederación Oxfam international revisó la concentración de la tierra en la región, evidenció que nuestro país era el mas desigual en la materia. Según su análisis, el 1% de las fincas ocupan el 81% de la tierra, mientras el 99% tan sólo el 19%; además, el estudio determinó que el 42,7% de los propietarios más grandes desconocen el origen legal de sus predios y; que de los 43 millones de hectáreas de uso agropecuario en Colombia, 34,4 millones se utilizan para ganadería y sólo 8,6 millones para agricultura.  

En aras de dimensionar mejor el nivel de la desigualdad en la distribución de la tierra, el estudio concluyó que 1 millón de hogares campesinos en Colombia tienen menos hectáreas que una vaca.  

Lo anterior explica la histórica persistencia de conflictos de tierra y la necesidad de promover una reforma agraria. Sin embargo, la ausencia de voluntad en el poder ejecutivo o la presión de algunos grupos de interés en la rama legislativa, ha cercenado, hasta ahora, cualquier tentativa legal por modificar la distribución de este importante medio de producción.  

No obstante a lo anterior, con minúsculas excepciones en el ejecutivo, pero nunca en el legislativo, es la primera vez en la historia que la correlación de fuerzas en casi todas las esferas de la institucionalidad, crea un escenario propicio para la formulación y la implementación de dicha reforma.      

A pesar de este panorama, actualmente afloran procesos de ocupación ilegal de predios, especialmente en Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y Atlántico. Algunos refieren a la agudización de conflictos previamente existentes y otros son promovidos por personas que desprecian o en su defecto desconocen la importancia de la institucionalidad. En términos de la vicepresidenta Francia Márquez, “entorpeciendo la labor del actual gobierno, desconociendo el compromiso que este tiene para sacar adelante una reforma agraria integral y negando la promoción del respeto a la propiedad privada que profesa nuestra constitución”.  

Curiosamente, el reiterativo llamado a la sensatez del Gobierno Nacional, aunque con el tono beligerante y amenazante que siempre lo caracteriza, fue secundado por el expresidente Uribe, quién vaticinó la creación de “grupos de seguridad privada” como efecto perentorio de este conflicto.  

En síntesis, aunque ambas orillas se expresan defendiendo grupos de interés diferentes, la conclusión es compartida. No sólo en las dificultades que esto genera para la gestión institucional, sino en la creación, nuevamente, de un escenario propicio para la violencia.  

Ahora, sobre los “grupos de seguridad privada», es necesario desmitificar la narrativa que lo conecta con la creación de grupos paramilitares. No porque los paras carecieran de vínculos con latifundios, sino porque estos tenían el propósito de despojar la propiedad privada en lugar de defenderla. 

Los datos evidencian que el 83% de la tierra despojada en Colombia tuvo como responsable al paramilitarismo, especialmente en las zonas que actualmente son patrulladas por columnas de Toyotas Txl. No se sorprendan si algún entusiasta defensor de la propiedad, de esos que financian grupos de seguridad privada, tiene una que otra hectárea mal habida.   

Es importante mencionar que estos nuevos grupos, o por lo menos eso se espera, no contarán con el beneplácito y el apoyo de la fuerza pública. Sin embargo, lo más sensato, en aras de evitar otro pico de violencia, debería ser esperar a que el nuevo gobierno tramite por la vía legal estos conflictos de tierra, elemento que, bajo ninguna circunstancia se hará por la vía de la expropiación. 

La creación de estos grupos de seguridad privada o la defensa de los mismos ocupantes de tierra, es un caldo de cultivo propicio para la reproducción de una guerra que, lamentablemente, ya conocemos.  

Recuerden que, por lo menos en el papel, este gobierno es diferente a todos los anteriores.